VALÈNCIA. El Gobierno ha emprendido una cruzada contra el fraude laboral. Para ello, en 2023 el Ministerio de Trabajo y Economía Social dispara su presupuesto y sus recursos personales dedicados a perseguir a las empresas que incumplen la normativa laboral.
Según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, “durante mucho tiempo, muchas de las normas laborales en España han sido pura bisutería, con elementos destinados a ser incumplidos de forma masiva”. Siguiendo con las palabras de nuestro insigne secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, “es lo que ha pasado con la contratación temporal, donde el incumplimiento era sistemático e impune. Esto se ha acabado para Glovo y para todas las empresas que abusan de la temporalidad. Las normas se hacen para que quien la hace, la paga”.
Hasta la penúltima frase iba bien nuestro secretario, pero se le ve el plumero en la última, con la que me quedo: “Las normas se hacen para que quien la hace, la paga”. O sea, que todo aquello que nos han enseñado en la facultad a todos aquellos que intentamos operar en el mundo jurídico, de que las normas son las reglas que se establecen para regular las conductas dentro de una determinada sociedad, siendo su fin el de garantizar el correcto funcionamiento y armonía dentro de la misma, era una pura patraña.
Casi que no merece la pena estudiar, porque si con un "quien la hace la paga", se resuelven los problemas, para ese viaje no se necesita tanta alforja.
Pero a lo importante, el Ministerio de Trabajo y Economía Social echa el resto para 2023, aumentando su presupuesto en un 41,5%, y lanzando la mayor oferta pública de la historia de la inspección de trabajo, mediante la contratación de 600 nuevos inspectores.
Si nos dicen que es la mayor oferta en la historia de la Inspección de Trabajo, posiblemente no lo lleguemos a calibrar del todo, pero si nos dicen que la Inspección se creó el 1 de marzo de 1.906, se trata, por tanto, de la mayor oferta en sus más de 119 años de historia. Vamos, que 2023 va a ser “lo más”. Solo con las inspecciones de los contratos de trabajo (fraude, temporalidad vs indefinido), previsiblemente se ingresarán en 2023 unos 1.100 millones de euros.
Además, para ayudarse en el control de las empresas, se echa mano del “big data”, a través de una modernización de los servicios de la administración, en concreto haciendo uso de la herramienta HLF (Herramienta de Lucha contra el Fraude), que investiga todo el universo de contratos a través del análisis masivo de bases de datos. Vamos, una especie de “dron espía” que va a acechar a las empresas a partir de los datos que se tienen de ellas.
Se incrementará el personal, se fortalecerán las estructuras organizativas y se mejorarán los medios materiales, incluyendo equipos informáticos y aplicaciones, entre las que destaca especialmente el sistema LINCE/INTEGRA y la Herramienta de Lucha contra el Fraude, así como los proyectos informáticos en curso para avanzar en la implantación de la administración electrónica en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
Al grano: se pretende vigilar los salarios; las horas extras y el control de jornada; todo lo relativo a las obligaciones en materia de igualdad (ojo porque sólo 1 de cada 5 empresas obligadas tiene el Plan de Igualdad, una nimiedad que le puede costar a la empresa la bagatela de 225.000 euros, en los casos más flagrantes); empresas de reparto y Ley de riders (el mes pasado, en septiembre, Glovo fue multada con 78,9 millones de euros; riesgos laborales y lucha contra el fraud, que abarca abuso de la contratación temporal, así como la de tiempo parcial, tradicional nicho de fraude, cotización indebida de salarios y falsos autónomos.
No sé si vamos a asistir a un 2023 próspero, pero al menos será divertido en materia laboral.
Santiago Blanes Mompó
Abogado. Socio del Departamento Laboral de Tomarial