La Intervención alerta del descontrol en la contratación y gestión de personal de Favide

VALÈNCIA. Suspenso. Esa es la nota que ha puesto la Intervención de la Generalitat a la Fundación de Atención a las Víctimas del Delito (Favide) en la gestión de su personal, en la contratación que ha llevado a cabo y en los encargos que ha hecho a medios propios en el ejercicio 2021. Todas las valoraciones que contempla el informe de auditoría de la Cuenta General de este año han sido "desfavorables". 

La auditoría alerta de que la Fundación tiene graves deficiencias en su política de personal: no dispone de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos tal y como obliga la ley, ni su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) obtuvo el visto bueno. Una circunstancia que ha impedido a la Intervención "aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificados, en particular en materia de retribuciones". 

O dicho de otro modo: el órgano auditor de la Generalitat no ha podido comprobar que la gestión económico-financiera de los salarios que en Favide se daban se ajustara a la legalidad. "No se ha podido emitir una opinión sobre la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas por la entidad auditada", subraya el informe. 

Ahora bien, no solo existe descontrol en la política de personal. También impera en lo que atañe a los contratos que ha suscrito la entidad. "La gestión económico-financiera en el área de contratación no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos", denuncia la Intervención de la Generalitat. Una conclusión dura sobre la que no añade matices.  

"En los contratos menores analizados se atienden necesidades de carácter recurrente, no de nueva aparición, con un plazo de duración que excede al año", expone también el documento. "Habida cuenta de que en el momento de la contratación se desconocía la fecha de extinción efectiva de la Entidad según resulta de las actas del Patronato y de la Comisión Permanente, la inminente extinción no puede aducirse como justificación", concluye en relación a que la entidad fue extinta ese mismo año. 

De hecho, este viernes el pleno del Consell inició los trámites para integrarla en la Administración. En concreto, el Botànic II aprobó el proyecto de cesión global del activo y pasivo que permitirá integrar al personal en la conselleria competente en materia de asistencia a las víctimas del delito. Lo harán con la condición de "a extinguir", no como personal funcionario público.