La Intervención critica que Feria Valencia se declarase pública o privada según le interesaba

VALÈNCIA. Pública para ahorrarse impuestos pero privada para eludir controles a la hora de gestionar dinero público. La contradicción con la que durante años operó Feria Valencia fue objeto de crítica este jueves por parte del exdirector general de Intervención, Pascual Pascual Moscardó, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión de los recintos feriales en la pasada década.

Pascual Pascual ocupaba el cargo de director general de la Intervención de la Generalitat cuando el organismo fiscalizador recibió el encargo de la Conselleria de Hacienda de analizar la financiación de las obras de ampliación de Feria Valencia.

El resultado de ese encargo fue un demoledor informe en el que se concluyó que las obras de ampliación se contrataron sin ajustarse a las normas del sector público, que hubo sobrecostes millonarios de hasta un 86% y que la administración autonómica, como avalista de las obras, podría acabar pagando 1.027 millones de euros debido a la incapacidad de Feria Valencia para generar recursos con los que afrontar la deuda generada con la ampliación.

Pascual Moscardó, que en sus primeras respuestas a los diputados de la comisión aclaró que solo tuvo acceso al informe provisional que elaboraron los técnicos de su departamento -el definitivo llegó a las mismas conclusiones-, destacó la "contradicción" y la "incoherencia" que suponía que Feria Valencia apelase indistintamente a su condición de entidad pública o privada.

Así, por ejemplo, recordó que a pesar de existir sentencias del TSJ -una de 2001 y otra de 2013- que confirmaron el carácter público de la institución, esta siempre se negó a la fiscalización de sus cuentas por parte de la Sindicatura de Comptes y tampoco se ajustó a las normas de contratación del sector público para encargar las obras de su plan de ampliación.

Sin embargo, no tuvo reparos en hacer valer su condición de entidad pública cuando le interesó, por ejemplo, para ahorrarse el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). "En un país de picaros a Feria Valencia se le podría llamar pícara por ponerse el disfraz de pública para no pagar un impuesto", señaló el exdirector general, quien actualmente se encuentra jubilado.

Sobre la forma en la que se contrataron las obras de ampliación, que fue afeada por los interventores al no ajustarse a las normas del sector público, Pascual Moscardó eludió responder si ello hubiera supuesto ahorro en el equipamiento del recinto, pero destacó estar seguro de que la pública concurrencia "siempre trae beneficios a nivel de precios" en la contratación. "Me es imposible contestar a si la gestión de Feria Valencia ha sido correcta", dijo a continuación. 

Preguntado por su opinión sobre la forma en la que la Generalitat acabó avalando las obras de ampliación, que se presupuestaron por 325 millones y acabaron costando más de 580, el exdirector de la Intervención sostuvo que la decisión de avalar los préstamos de la Feria fue "política".

Una década sin control del convenio

Tras afirmar que Juan Carlos Moragues, durante su etapa como conseller de Hacienda, "nunca presionó" a la Intervención para que orientase sus conclusiones porque siempre respetó la "independencia funcional" de la Intervención, el exdirector de este organismo consideró que Feria Valencia hizo mal en no adaptar sus estatutos y forma de funcionar a las sentencias judiciales que acreditaban su carácter público.

"¿Qué haría usted si hay una sentencia que dice que es una entidad pública?. Pues adaptar sus estatutos para actuar como una entidad pública, pero no puedo ir más allá", sostuvo Pascual Moscardó. Además, dijo que ante los sobrecostes detectados por sus técnicos, de hasta el 300% en algunos casos, lo conveniente hubiera sido "aclarar" el origen de los mismos, algo que a priori no será posible porque la Fiscalía Anticorrupción ha optado por no dar traslado al juzgado para que investigue.

Tras insistir en que, por el "bien del erario público", Feria Valencia debió haber contratado las obras de ampliación tras una licitación pública, el exdirector de la intervención desveló que la comisión encargada del control del convenio suscrito entre la Conselleria de Economía y Feria Valencia para avalar los créditos con los que se pagaron las obras no se reunió ni una sola vez a lo largo de diez años.

Por su parte, el diputado del PP Vicente Pastor recordó que la comisión de investigación continúa sin disponer del escrito de archivo de la Fiscalía sobre la investigación de Feria Valencia y consideró que sin el mismo "es un error seguir con la comisión". La presidenta la de la comisión, al respecto, concretó que se está a la espera de recibir respuesta a la petición del decreto de archivo.

Del mismo modo, Francisco de las Marinas Álvarez, interventor general de la Generalitat, manifestó este jueves que, tal y como había señalado Pascual Moscardó, hubiera sido lógico que Feria Valencia hubiera adaptado sus estatutos a la forma de funcionar propia del sector público que le había sido impuesta en los tribunales.

De las Marinas aseguró que la Intervención de la Generalitat tiene una responsabilidad subsidiaria de cualquier informe que emite y recordó que el informe original de la Intervención tiene una limitación al alcance porque no se les facilitó a los técnicos toda la documentación que solicitaron.

Además, opinó que con el tiempo se ha demostrado que la operación de la Generalitat para avalar la ampliación de Feria Valencia "no ha sido nada rentable para la Generalitat". También dijo que "no era normal" asegurar el mantenimiento con fondos públicos de unos fondos propios de 25 millones de euros en Feria Valencia, tal y como se estableció en los convenios.