La Intervención responsabiliza al pleno de la Diputación de la falta de fiscalización sobre Imelsa

VALENCIA. Ante el descontrol hallado por los investigadores dentro de Imelsa, el magistrado instructor de la Operación Taula, Víctor Gómez, remitió una petición a la Intervención de la Diputación de Valencia para que emitiera un informe que determinara los responsables de la fiscalización de la empresa pública. 

Según consta en dicho informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el interventor José Garcerán informa al juez de que la responsabilidad de determinar el programa de fiscalización/auditoría de la intervención de la Diputación de Valencia, así como aprobar los presupuestos, es del "pleno de la Corporación".

Respecto a cómo eran los sistemas de fiscalización existentes, el interventor realiza dos explicaciones, ya que hubo un sistema hasta el año 2010 y otro a partir del 2011. Lo que queda claro tras la lectura del informe es que ninguno de los dos sistemas sirvió para su propósito, ya que uno permitía duplicar facturas y el otro no requería de fiscalización por parte de la intervención.

El interventor lo explica diciendo que "el sistema existente hasta 2010 no permitía ningún pago de la Diputación a Imelsa si no estaba debidamente justificado y con el informe de fiscalización favorable. Sin embargo, dado que no se trataba de una fiscalización previa en la empresa (Imelsa) sino en la Diputación, al momento de ejercer el control los contratos ya estaban firmados y las prestaciones realizadas. Solamente se fiscalizaban las facturas lo cual supone una limitación importante".

Y prosigue explicando que "además este sistema al no analizar la estructura de la empresa en su conjunto, se ha sabido posteriormente que permitía que se enviasen facturas a la Diputación para su pago, y también a quienes les daban subvenciones (Imelsa), por lo que duplicaba la empresa unos fondos que podía utilizar al margen de cualquier control de la Diputación".

El sistema cambió a partir del año 2011. El informe de la intervención detalla que “con el nuevo sistema ya no era necesario aportar justificantes para el libramiento periódico de los fondos, dado que se pagaban conforme a las previsiones de Presupuesto y al acabar el año se liquidaban. Estos pagos no requerían ningún informe del interventor, más allá de comprobar que hubiera fondos”.

La empresa pública Imelsa recibió entre los años 2007 y 2015, los períodos investigados, un total de 244 millones de euros, de los que 235 corresponde a aportaciones directas de la Diputación de Valencia y nueve a encomiendas de gestión o similares. Según consta en el informe de la Intervención el año que más dinero recibió fue el 2008 con más de 38 millones de euros, y el que menos el 2012 con un poco más de 21.

Aniversario

Este informe se hace público el día que se cumple un año del inicio de la Operación Taula, la mayor operación contra la corrupción de la historia de la Comunitat Valenciana. Hace justo 365 días Valencia Plaza informaba de la detención de uno de los mayores pesos pesados del Partido Popular, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

Junto a Rus también fueron arrestados el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; la exconcejal de Valencia María José Alcón; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el exalcalde de Genovés y asesor de Rus en la Diputación Emilio Llopis; y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del PP de Valencia.

Aquel día, la lista de detenidos parecía no tener fin, ya que también terminaron en los calabozos de la Guardia Civil el exsecretario autonómico de Deporte y exdiputado en Les Corts David Serra; el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, y el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, así como trece empresarios, dos arquitectos y un asesor del Ayuntamiento de Valencia.

Los cargos

La lista de cargos era casi tan interminable como la de detenidos ya que los agentes les acusaban de formar parte de una trama que se llevaba mordidas del 3 por ciento de los contratos firmados por las empresas públicas como eran Imelsa o Ciegsa, de amañar contratos, de contratar a ‘zombies’ o personas que cobraban sueldos públicos sin trabajar y que eran amigos de los investigados, blanquear dinero para pagar campañas electorales o malversar dinero público.

Un año después la instrucción está ya encarrilada. El magistrado instructor ha dividido la causa en varias piezas para agilizar la instrucción. De hecho tres de ellas, las dos que afectan a los ‘zombies’ y la que versa sobre el contrato con el exsuegro de Marcos Benavent están ya en la recta final de la instrucción judicial. Para este 2017 se prevé terminar con esas tres y, a ser posible, con alguna más.