La intervención señala que el gerente de Mercavalència cobró en 2023 más del límite permitido  

VALÈNCIA. Como cada año, al final del ejercicio se hacen públicas las auditorías de los entes públicos del Ayuntamiento de València. En esta ocasión, el interventor se ha centrado en Mercavalència, la empresa mixta participada por el consistorio y Mercasa para la distribución alimentaria como mercado de abastos, sobre la que destaca diversas irregularidades en su funcionamiento durante 2023, año en el que se produjo el cambio de gobierno en el Ayuntamiento.

Por ejemplo, el Interventor detalla que las retribuciones del gerente en 2023, excluyendo aquellas que derivan de la antigüedad, "han superado a la retribución establecida por el Pleno del Ayuntamiento para el primer teniente de alcalde". Algo que, señala, "contraviene" el plan de armonización municipal. Además apunta a un complemento fijo por valor total de 13.170 euros por asistir al Consejo de Administración que no está contemplado en ningún acuerdo ni en los estatutos.

Según Mercavalència, cuando se le contrató en 2019 "estaba por debajo" del límite marcado pero su salario se ha ido actualizando conforme a los Presupuestos Generales, de manera que a su juicio, el límite debe acotarse "al momento de su contratación" y "no puede vulnerar los derechos consolidados". De hecho, desde la empresa instan a "matizar" el plan de armonización municipal para dejar de vincular su retribución a la de un cargo político, que depende de "la voluntad plenaria"

Intervención también pone negro sobre blanco otras irregularidades en cuanto a complementos salariales. Por ejemplo, señala que 25 directivos precibieron complementos por horas extra y ayuda escolar incluidos en el convenio colectivo de Mercavalència pese a no estar adscritos al mismo al ser altos cargos. Otros empleados cobran un complemento por responsabilidad sin que haya "evidencia" de ninguna autorización para ello; y otros aspectos como la caja de navidad o pluses por jornadas extra, incentivos, mejora voluntaria o por cumplimiento del presupuesto que tampoco están contemplados en el convenio.

En materia de personal, señala  que en 2023 se creó y ocupó un puesto "no sujeto al convenio y que no forma parte de la relación", movimiento que se suma a la "promoción profesional de 27 trabajadores" a puestos de superior categoría, que se produjo el año anterior en aplicación del nuevo convenio colectivo pero sin garantizar "los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Asimismo, se ha detectado en nuevas contrataciones un plazo demasiado corto para presentarse y, en el caso de personal indefinido, casos en que no se hizo mediante una oferta pública de empleo.

La Intervención también ahonda en deficiencias en la contratación de bienes y servicios, como la no obligatoriedad de solicitar al menos tres ofertas en los contratos sin publicidad. Se han encontrado también una decena de contratos por valor total de 166.000 euros cuya cuantía individual supera los límites para adjudicarse sin concurso dirigidos al acondicionamiento de naves, modernización del matadero y la instalación de esterlizadores.

En la misma línea, el órgano de fiscalización advierte sobre "numerosos contratos menores" (sin concurso) por más de 2,5 millones de euros con los mismos proveedores. Y tras analizar una parte de ellos, concluye que "en el 100% de los casos" tienen "objetos muy similares" y que, si se suman sus cuantías, exceden el límite que obliga a hacer una licitación, lo que supone un "fraccionamiento del contrato" y el incumplimiento de la normativa.

Asimismo, durante 2023 "se han atendido gastos de restauración, en los que no se identifican a los comensales y los motivos que los justifican" y, sobre los gastos de taxi, "no consta el usuario del servicio recibido y los motivos de la utilización del servicio", dice la auditoría, que también señala que hay fijada una cuantía máxima para indemnizar los gastos por desplazamiento para los consejeros.

Palacio de Congresos

El listado de auditorías también incluye la del resto de organismos, como el Palacio de Congresos. Además de recoger el fraude de casi 200.000 euros que sufrió el ente el pasado mes de julio -ya se han recuperado 46.000 euros-, expone algunas vulnerabilidades del centro de convenciones, como que el 30% de los pagos a proveedores de 2023 analizados por el auditor se hicieron sin disponer del certificado que acreditara la titularidad bancaria del proveedor. Desde el Palacio han insistido, especialmente a raíz del fraude, que estos casos son proveedores que ya habían trabajado con el Palacio, por lo que el protocolo municipal sólo obliga a pedirlo a los nuevos proveedores.

Con todo, el auditor también destaca sobre el ente que no hay límites para disponer de la caja fija y que el responsable de la caja no rinde cuentas a la persona competente, por lo que "no se está produciendo la debida aprobación del gasto". Tampoco en cuanto a los gastos bancarios, pues hay cinco tarjetas prepago para personal del área comercial y financiera para gastos de desplazamientos o compras por internet, pero tras efectuar los gastos no hay "una aprobación por parte del órgano competente".

Los auditores también apuntan a la contratación de una directora de negocio mediante un contrato temporal, al poner sobre aviso de que la normativa restringe las contrataciones temporales sólo pueden llevarse a cabo "por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora", circunstancias que no concurrirían en este caso.

Valencia Activa

En cuanto a la Fundación Valencia Activa, su auditoría destaca que en el nombramiento de dos directivos no se acreditaron en el expediente sus competencias y experiencia. Y que se tendrían que haber hecho garantizando "la publicidad y la concurrencia". A ello se suman reproches sobre la contratación de 61 empleados temporales mediante procesos sin criterios suficientemente "definidos y sin que se justificaran las puntuaciones otorgadas.

En 2023, la Fundación también liquidó dos empresas propias, para las que nombró como liquidador al órgano de dirección. Más tarde, lo cesó y nombró un nuevo órgano, pero el anterior mantuvo sus funciones de liquidador con una retribución de 1.500 euros mensuales, movimientos cuyos motivos "no se justificaron". Tampoco que siguieran cobrando esta cuantía hasta noviembre si las liquidaciones se produjeron en abril.

Además, la auditoría afea la contratación sin concurso, y por casi el límite para evitar el concurso (17.545 euros, casi 18.000) del servicio de asesoramiento jurídico pese a tener un "carácter recurrente", lo cual supone "fraccionamiento del contrato". Y sobre las jornadas previstas acerca de mujeres y liderazgo, que canceló al llegar al cargo el nuevo presidente, Juanma Badenas, indica que ya se habían gastado 10.386 euros que "no han servido para cubrir las necesidades para las que estaban previstos".

Las Naves

Otro de los organismos analizados es el de Las Naves. La Fundación alerta sobre los contratos de patrocinios publicitarios, que fueron siete por valor de 474.320 el año pasado. En algunos se adjudicaron sin concurso pese a rebasar el límite económico que obliga a una licitación, y tampoco se justificaron las necesidades que buscaban satisfacerse ni la equivalencia entre las prestaciones contratadas. En la mayoría, además, "no se muestra el porcentaje que supone el patrocinio" de la fundación, por lo que no se puede saber si se deberían haber tramitado como subvención, algo prohibido para la fundación. También afea que no se cumplieran "los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación" en los cinco convenios que suscribió con entidades públicas y que no se justificara su "necesidad y oportunidad" o su impacto económico.

A ello se suma la crítica por que la fundación pagara el desplazamiento y alojamiento de un funcionario para que asistiera a un curso en Santander relacionado con la Capitalidad Verde al superar el importe máximo permitido. O por la "deficiencia significativa" que implicó la formalización de cheques para indemnizar tres despidos que más tarde se saldaron por transferencia, lo que temporalmente provocó un "cargo por duplicado" que se acabó subsanando. Los despidos conllevaron una indemnización de 7.186 por no cumplir con el correspondiente preaviso. Y el documento explicita que las retribuciones de empleados en situación de baja "exceden" lo legalmente establecido y que hay siete empleados cobrando un complemento por "asignación temporal de funciones" sin aclarar "adecuadamente" dichas funciones.

El PSPV señala el abuso de contratos menores

Desde el grupo municipal socialista, el edil Javier Mateo aseguró que el conjunto de auditorías "revela que María José Catalá abusa de los contratos menores y las adjudicación de contratos saltándose la legalidad" en entidades como la Fundación València Activa, Las Naves o Visit Valencia. "Revelan un auténtico descontrol en la gestión de los contratos menores por parte del Gobierno de María José Catalá", señaló Mateo, para añadir que se han detectado casos "en los que no queda acreditada la utilización de este tipo de contratos, mientras que en otras se supera el límite de 15.000 euros llegando a ser contratos menores de hasta 120.000 euros", aseguró citando un caso de Las Naves.

En el caso del Palacio de Congresos, criticó la falta del certificado bancario para acreditar "la identidad del proveedor" igual que "se han detectado cuatro tarjetas bancarias que se utilizan para gastos que después no se autorizan o que el control de caja no rinde cuentas el responsable". "Una situación alarmante cuando todavía estamos pendientes de que convoquen el Consejo de Administración para informarnos sobre las acciones legales que van a tomar tras la estafa de la que fue víctima el Palacio", recordó al respecto.