La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La joven de la que abusó el exmarido de Mónica Oltra ha interpuesto una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Conselleria de Igualdad por el "daño moral" sufrido por la víctima como consecuencia de los hechos ocurridos y la actuación por parte de personas dependientes de este departamento. En concreto, pide 240.000 euros.
La mujer, en ese momento menor pero actualmente mayor de edad, está representada por el líder del partido ultraderechista España 2000, José Luis Roberto, y también ha presentado una denuncia contra la vicepresidenta del Consell y otras responsables que se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía sobre si procede iniciar la investigación.
En el escrito, solicita una testifical de Mónica Oltra y de diversos funcionarios por entender que todos ellos "eran conocedores de los hechos ocurridos" y solicita diversa documentación sobre el expediente iniciado en la Conselleria, incluyendo la relación de emails y notas internas del periodo en cuestión.
La declaración de responsabilidad patrimonial relata que la víctima, nacida en 2002, estuvo tutelada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y acogida en el Centro Niño Jesús desde que fuera declarada en situación legal de desamparo. La Generalitat ejercía así las funciones de guarda legal a través de la entonces Dirección Territorial de Bienestar Social (hoy Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas).
Durante su estancia en ese centro, sufrió abusos sexuales entre finales de 2016 y principios de 2017 por parte de un educador, Luis Eduardo Ramírez, tal como declara probado la sentencia de la Audiencia de Valencia del pasado marzo, que lo condenó a cinco años de cárcel.
Además de ello, el escrito critica que padeció "un trato degradante, humillante y vejatorio" por parte del personal al servicio de la Administración. "Responsables del Centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Conselleria de Igualdad tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar (de hecho, nunca lo hicieron). En lugar de ello, victimizaron a la niña desacreditándola mediante argumentos ad hominem y ataques personales. Y, cuando en junio de 2017 la niña contó a la Policía que estaba siendo abusada y se puso en marcha una investigación por la Fiscalía de Menores, intentaron que no le dieran crédito". indican.
A partir de entonces, prosigue la reclamación, "realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía, y todo ello con el único propósito de desactivar la denuncia". "Para ello, derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado que elaboró un informe ad hoc; ocultaron esa 'información reservada' durante dos años y la destaparon a los pocos días de terminar el juicio, lo que supuso la anulación de una primera sentencia condenatoria; dijeron aplicar un protocolo de abusos que había elaborado el propio abusador de acuerdo con la directora del centro; permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro; y, cuando finalmente la menor fue trasladada por funcionarios de la Policía Autonómica para declarar en el juicio como testigo, fue conducida esposada, sin que nunca le hayan ofrecido la asistencia jurídica a la que estaban obligados", enumera el escrito.
Finalmente, el caso fue judicializado y se emitió informe por la psicóloga de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia sobre las manifestaciones de la niña, en el que concluyó que el testimonio era creíble.
La reclamación señala a la directora del Centro Niño Jesús, a la psicóloga de Dirección Territorial de Igualdad, a la funcionaria de la Conselleria que instruyó el expediente informativo, a la directora territorial y, en última instancia, a Oltra.
Como consecuencia de todo ello, y al margen de la investigación que la jurisdicción penal pueda realizar sobre la actuación delas personas implicadas, la defensa de la joven cree que se evidencia "la magnitud del daño moral infligido" y una doble agresión: "por parte del educador del centro contra su libertad sexual y por parte del personal de la Administración autonómica contra su integridad moral".
