La juez procesa a 26 personas y sostiene que el actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio, acreditó la realización de trabajos que en realidad no se habían efectuado
VALÈNCIA. La investigación del conocido como 'caso Taula' que coordina el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia parece que continúa su acelerón. Esta vez, con un nuevo auto de procedimiento abreviado, el segundo, de dos de sus, hasta ahora, once piezas separadas. Concretamente, las referidas a los llamados 'zombies' de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.
La juez ha decidido procesar a un total de 26 personas por lo que considera contrataciones irregulares en unos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Entre ellas, al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV); al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP); al exsecretario autonómico y exresponsable de Ciegsa Máximo Caturla; al exgerente de Imelsa Marcos Benavent; y al que fuera jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis.
Sobre estos cuatro últimos, considerados cabecillas de la trama de Taula –aunque Benavent es ahora colaborador de la justicia–, la juez considera que usaron las contrataciones de Imelsa en beneficio propio y para pagar favores: "Atendiendo a sus intereses personales y particulares, utilizaron a Imelsa en beneficio propio, procediendo a la contratación de trabajadores para responder a favores solicitados por terceras personas, siendo que en muchos de los casos no desempeñaban ningún trabajo para dicha empresa pública, y con conocimiento y consentimiento de todos ellos".
En estas piezas, recuerda el auto, se indaga en la "contratación laboral, aparentemente simulada, de determinadas personas que no habrían ejercido actividad laboral efectiva alguna para la empresa". También "determinadas extinciones de contratos de trabajo, ante la sospecha de que, atendiendo al coste económico empresarial, pudieran encubrir algún tipo de maquinación concertada entre empleador y empleado para obtener un innecesario y arbitrario enriquecimiento de estos últimos a costa de recursos públicos".
Para esta forma de actuar, remarca la juez, se contaba con la colaboración de, por un lado, la persona encargada de la realización de los trámites administrativos, María Gracia Escrihuela (directora de Recursos Humanos) y, por otro, del director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch. Ambos fueron colocados por Marcos Benavent.
Tal y como se indica en el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, las incorporaciones de personal en la empresa pública se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad a que hace referencia la ley. Tampoco se respetaron las limitaciones de personal impuestas en la normativa.
Hasta noviembre de 2015, comenta la juez, no existía "ni una relación de puestos de trabajo, ni una estructura orgánica, ni instrucción o norma alguna por la que se fundamentara la contratación de personal".
En el auto enumera, de esta manera, a 12 personas contratadas desde 2009 en Imelsa por orden de Rus "que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación". Entre ellas, que están igualmente procesadas, figuran desde el alcalde de la localidad de Cofrentes, Raúl Mateo Ángel Balufo, hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.
Como ejemplo, este último fue nombrado en dos periodos, de septiembre de 2008 a junio de 2009 y de julio de 2009 a julio de 2010 sin que efectuara trabajo alguno. Cobró un total de 57.325,55 euros y fue jugador de Xàtiva durante cuatro temporadas, coincidiendo estos periodos con las dos últimas temporadas que jugó para el club.
Otra contratada era una ama de casa que cobró un total de 89.243,98 euros de la empresa pública desde septiembre de 2012 hasta abril de 2015. Figuraba como asesora. En su declaración reconoció que tenía dificultades económicas, que pidió ayuda a Benavent porque los dos eran de Xàtiva, y que empezó a cobrar un sueldo sin trabajar nunca. Se mostró arrepentida.
Respecto a Raúl Mateo Ángel, fue contratado desde marzo de 2008 hasta febrero de 2011 como asesor de Emilio Llopis. Percibió en concepto de salarios y de indemnización la suma de 109.441,32 euros "sin haber desarrollado trabajo alguno en Imelsa".
Mención importante representa la de Rafa Rubio, el único procesado con un cargo político actualmente. Consejero de Imelsa perteneciente al PSPV, la juez destaca que solicitó la contratación de dos personas afines como asesoras del mismo entre marzo y junio de 2011, cobrando la suma de 13.198,78 euros.
Así, hace hincapié el auto en que todos los contratos laborales suscritos por los investigados aparecen en los expedientes de Imelsa, en los cuales se incluían certificados que acreditaban que se había realizado el trabajo de forma correcta, suscritos por los consejeros Rafa Rubio, Salvador Enguix (PP) y Emilio Llopis.
Los socialistas todavía no se han pronunciado sobre el asunto, aunque el código ético establece que la dimisión de los cargos se tiene que producir con la apertura de juicio oral.
La instructora también cuestiona las retribuciones por productividad y dietas percibidas sin justificación entre los años 2011 y 2014 por Benavent, Escrihuela y Montblanch, que ascienden por el primero de los conceptos a 56.648, 97.125 y 82.162 euros, respectivamente.
El auto refiere otras cinco contrataciones de la misma índole y presuntamente irregulares entre los años 2004 y 2005 en Ciegsa, la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de colegios, cuyo consejero delegado era Caturla. Entre ellas, la del que fuera alcalde de la población de Llosa de Ranes por el PP Evaristo Aznar y el exconcejal del Ayuntamiento de Requena del mismo partido Manuel Gómez.
Ahora, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones habrán de solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.