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la juez apunta a excargos del pp, empresarios y funcionarios

La factura de la primera pieza de Taula con procesados: 190.000 euros desviados de contratos 

Foto: EVA MÁÑEZ

La juez concluye que los casi 20.000 euros de las campañas de Juan José Medina y Vicente Betoret salieron de fondos públicos de Imelsa; cree que la empresa Berceo sirvió para facturar dinero por parte de Benavent.

13/01/2021 - 

VALÈNCIA. Cinco años después de las detenciones que dieron origen al estallido del conocido como caso Taula, este martes llegó el primer auto de procedimiento abreviado. La juez sustituta de Instrucción 18 de Valencia procesó a diez personas. Entre ellas, el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado "yonki del dinero" Marcos Benavent; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina; el exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanch; los empresarios Rafael García Barat y Jaime José Úbeda Merino; el presunto testaferro de Benavent José Estarlich; y varias funcionarias del Ayuntamiento de la capital. También señala la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Thematica Events, Liberty Iceberg, la Tienda de Campaña, Scope Producciones, Vialbo 1972, Cyan Animatica y Berceo Mantenimientos.

El auto apunta a que se podrían haber cometido los delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. 

En esta pieza separada dentro de la macrocausa se desgrana una operativa de contratación del Ayuntamiento de València a través de la cual acabaron desviados unos 190.000 euros de dinero público. En el centro de todo ello, la firma Thematica Events, administrada por García Barat y tras la cual se encontraba Benavent. Éste, desde su puesto en Imelsa, habría utilizado la firma para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.  

De un lado, se encuentran las relativas al servicio del Bibliobus, una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano. De las investigaciones llevadas a cabo, se desprende –expone la juez– la posible existencia de un concierto entre determinados miembros de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València –en manos entonces de la fallecida María José Alcón–, y de García Barat para adjudicar contratos de manera discrecional en 2008 y 2009 a mercantiles relacionadas este último, como es el caso de Liberty Iceberg. 

La juez considera que hubo un concierto entre la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, García Barat y de Benavent para la adjudicación de contratos de manera discrecional

El presupuesto real para la ejecución del Bibliobus era de 89.431 euros, por lo que debía de haber sido sacado a oferta pública. Sin embargo, se fragmentó en importes inferiores a 18.000 euros, cantidad máxima para ser considerado contrato menor. Todos ellos fueron adjudicados a la mencionada Liberty Iceberg con el visto bueno de dos jefas de servicio del consistorio, Francisca Tamarit y María Albors, las cuales consideran los investigadores que tuvieron un papel preponderante en la tramitación. Entre medias, se contrató también a otras mercantiles como La Tienda de Campañas.

Algunos de esos servicios, aunque se facturaron, no se realizaron. De modo que la juez cifra en 53.364 euros el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento, puesto que el coste real de los servicios prestados para la iniciativa fue de 35.955 euros. 

Espectáculo en el Muvim

De otro lado, se detectan irregularidades en 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (MuVIM), se llevaron a cabo para la promoción del año internacional de los bosques.

La contratación fue gestionada por la empresa pública y fue Benavent el que trasladó al director del departamento de árboles monumentales que se pusiera en contacto Thematica. El importe total de la contratación ascendió a 234.645,07 euros aunque, según el auto, tanto ésta como los trabajos se realizaron eludiendo la normativa vigente y con un procedimiento de fraccionamiento.

De este modo, se adjudicaron de forma directa diferentes contratos por importes inferiores a 50.000 euros a diversas empresas, que habrían girado a Thematica pagos por la diferencia entre los trabajos efectivamente realizados y el importe abonado por Imelsa. Éstas fueron Scope Producciones, Vialbo y CYAN Animatica. En todas las ocasiones, afirma la juez, es García Barat el que suministra a las entidades los datos de facturación y los datos a facturar. Hechos conocidos, prosigue, por Marcos Benavent, que posibilita su pago con la colaboración y firma del director financiero, Enrique Montblanch. 

En conclusión, el importe total abonado por Imelsa en relación con el espectáculo fue de 234.645 euros, de los que Thematica percibió el 136.634 euros (el 58,2%), sin que dicho importe responda a ningún trabajo efectivamente desarrollado.

Blanqueo a través de Berceo

El auto remarca igualmente los indicios sobre el posible desvío de fondos de Imelsa a través de la entidad Berceo, administrada primero por Jaime José Úbeda y posteriormente por José Estarlich, aunque realmente lo estaba por Marcos Benavent. La sociedad carecía de trabajadores y de capacidad para realizar trabajos, por lo que la facturación era falsa. Su uso real, de acuerdo con los investigadores, fue para obtener dinero con fondos procedentes de Imelsa para la adquisición de patrimonio (como un inmueble y plazas de garaje) en Jávea y Valencia entre 2008 y 2015. Es decir, para blanqueo. Todas las operaciones mercantiles, señala la juez, "posibilitaron el ocultamiento del origen real de los fondos y su reingreso al circuito financiero como si de tratase de dinero lícito". 

Vicente Berotet, Juan José Medina y Alfonso Rus.   

El posible delito de Betoret, prescrito

Una mención de especial relevancia tiene el apartado relativo a las campañas electorales del PP en Moncada y Vilamarxant en las municipales del año 2007 –cuyos candidatos fueron Juan José Medina y Vicente Betoret respectivamente– y las generales del año 2008 en Valéncia. Los gastos de ambas fueron sufragados con fondos públicos procedentes de Imelsa según los investigadores. 

En el caso de Moncada, Thematica realizó una serie de trabajos por valor de 11.782 euros, hecho conocido por Medina, indica la juez. Así, se confeccionaron 10.000 dípticos por 1,253 euros; 5.000 unidades de boletín publicitario por 1.022 euros; 1.000 carteles por 1.272 euros; 100 unidades de programa electoral del PP por 2.450 euros; y 9.000 sobres de papeletas electorales por 564 euros. Se desarrolló también un banner de publicidad para una web por importe de 1.200 euros; se adquirieron 50 kilos de caramelos por 371 euros; y se insertó publicidad en dos periódicos por 2.157 euros. A todo ello habría que sumar el IVA. 

Entre los gatos sufragados por Thematica en la campaña de Medina en Moncada se encuentran 50 kilos de caramelos por 371 euros

Situación parecida ocurrió en Vilamarxant, donde se presentó el actual diputado nacional Vicente Betoret y donde los trabajos efectuados por Thematica ascendieron a los 8.147 euros. Consistieron en 4 vallas, 3.500 unidades de tarjetas para buzoneo, 3.500 unidades de desplegables; 3.500 carteles de campaña; pancartas; un vinilo para un Smart; informes de gestión; unidades de programa electoral, flyers y sobres. 

El parlamentario, sin embargo, no figura entre los procesados puesto que el posible delito estaría prescrito, de manera que únicamente fue llamado a declarar como testigo. Una comparecencia en la que sufrió una pérdida de memoria y aseguró no recordar nada de lo ocurrido. 

Generales de 2008

Según el auto, Thematica ejecutó igualmente trabajos para el Partido Popular en las generales de 2008 en Valencia, en las que se encargó del diseño e inserción de carteles en líneas de autobús, por importe de 27.900 euros, que no fueron declarados como gastos electorales y cuyos importes se habrían satisfecho con fondos de Imelsa a través de facturación con cargos que no responderían a los trabajos efectivamente realizados ni al coste real.

Ahora, las partes tendrán diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

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