La juez de Taula pide a Ciegsa un informe los planos de los modificados del IES Cabanyal

VALÈNCIA. La magistrada del caso Taula ha solicitado, a instancias del fiscal Anticorrupción a la empresa pública Ciegsa un informe sobre los planos de los modificados de obra que puedan tener del IES Cabanyal, así como un segundo informe pericial externo a este respecto.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, explica que los informes periciales “indican una anomalía respecto a los modificados, señalando que los que obran en las dependencias de Ciegsa como tales no se corresponden con ningún modificado, con independencia de otras carencias significativas a todos los niveles”. Y añade que todos los modificados carecen de nuevos planos” según los peritos.

Sin embargo, como alguno de los investigados ha realizado aportaciones de planos, “de los que evidentemente se carece de conocimientos técnicos para interpretarlos se solicita que dichos planos se trasladasen a los peritos que elaboraron el informe a los efectos de indicar, si dichos planos pertenecen a la obra del IES Cabanyal, que determinen si se corresponden con los modificados o con el proyecto inicial, o en su caso que informen a qué se refieren, y que dicho informe se realice de la manera más amplía posible a los efectos de determinar su alcance”.

También pide que los planos se remitan a Ciegsa para que indiquen si se corresponden con los planos que obran en su departamento técnico, y que indiquen si se encuentran depositados en sus oficinas, así como que emitan un informe en el que especifiquen si los planos del modificado son los mismos que los presentados en el proyecto inicial, con una explicación lo más amplia posible.

El informe inicial

Según cuenta en el informe pericial que acreditó los sobrecostes, el presupuesto inicial era de 11.081.000 euros dividido en dos fases, una primera consistente en un derribo por 239.732 euros, y una segunda fase de 10.886.907 euros para la construcción del edificio. Ambas fases fueron adjudicadas a la empresa BM3 obras y servicios a través de un contrato negociado sin publicidad.

La fase I ya sufrió un primer modificado de más de 218.000 euros que incrementaba el total en 1,97%, mientras que la fase II se modificó dos veces. La primera con una subida de 2.368.443 euros, un 23,34 por ciento más del precio inicial, y una segunda de 1.555.516 euros que dejó un 37,38% de acumulado sobre el contrato inicial. Así, se pasó de los poco más de 11 millones de euros previstos inicialmente a los 16.351.490 totales.

Modificados

En cuanto a los modificados de la Fase I, explicaban los peritos que las sobre excavaciones y demoliciones podrían haberse evitado haciendo catas y una inspección más exhaustiva antes del proyecto, lo que habría supuesto 76.000 euros menos de lo que finalmente se abonó. Sin embargo, el responsable de BM3 aseguró en su declaración ante el juez que "la constructora actuó correctamente e hizo lo que debía".

Sobre la Fase II, el informe decía que se realizaron modificaciones solicitadas por el Ayuntamiento de València derivadas de un informe de Bomberos, otras por ausencia de urbanización de los viales para desaguar la totalidad de aguas residuales, modificaciones de tipo estructural como por ejemplo completar un incremento de hormigón en cimentación y, por último, otro capítulo llamado otras modificaciones.

En cuanto a los cambios, entre los presuntos 'chanchullos' del proyecto, explicaban los peritos que "no se entienden los motivos técnicos de la presente modificación puesto que, en la redacción del proyecto de ejecución, objeto del contrato, ya se conocen los condicionantes para el diseño de la estructura (...) por lo que el cálculo de la estructura del proyecto inicial debería ser el válido y definitivo".

Ante estas afirmaciones del informe pericial, el representante de la constructora descargó la responsabilidad en la administración, ya que dijo que todos los cambios que se hicieron fueron a petición de Ciegsa y del Ayuntamiento de València.