La magistrada tomó este lunes la última declaración y solo falta el auto de procedimiento abreviado para decretar la apertura de juicio oral
VALENCIA. Una de las causas que más sonrojo han causado en la historia política ya está lista, a falta de un auto, para ser juzgada. El conocido como caso Cooperación, que desvió los fondos destinados para el tercer mundo, y en el que están imputados el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni ya está instruido después de que este lunes se produjera la última de las declaraciones de los investigados y de que, tanto la policía como los peritos hayan enviado todos los informes que faltaban para poder concluir la investigación judicial.
En el caso que nos ocupa, se investigan como delito principales los de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Ambos van referidos a los años 2009, 2010 y 2011, pero no se descarta que en su auto la magistrada incluya algún delito nuevo. Eso sí, las fuentes consultadas por Valencia Plaza explican que no se ha podido seguir el rastro del dinero en el extranjero, un hecho que ha supuesto un verdadero revés para los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF).
Dentro del caso Cooperación, tanto Blasco como Tauroni cumplen condena por la primera de las piezas que se instruyó y que ya fue juzgada por malversación, prevaricación y falsedad documental. En aquella ocasión se juzgó el trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), que se llevó 1,8 millones de euros de los que solo llegaron a su destino en Nicaragua 43.000. Pero la magnitud del desfalco del dinero para el tercer mundo era de tal envergadura que todavía faltaban dos piezas más por ser instruidas, la que afecta a la malversación de dinero para la cooperación y la del desvío de dinero para la construcción de un hospital en Haití que jamás se llegó a edificar.
La magistrada del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha ido instruyendo en paralelo ambas piezas y, según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia relacionadas con la causa, la juez hará un solo auto de incoación de procedimiento abreviado (PA) en el que volverá a unir dichas piezas y, por tanto, solo se celebrará un juicio y no dos.
En estas piezas hay investigadas más de 30 personas además de los principales imputados. Dentro de los investigados se encuentran varios de los gerentes de las ONG a las que la Conselleria de Cooperación les otorgó las subvenciones entre los años 2009 y 2011 que, presuntamente, terminaron en manos de la trama corrupta.
Las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo en cuanto al tiempo que podría tardar la juez en emitir el auto de PA, ya que algunos aseveran que ya lo tiene casi listo y, por tanto, podría ser notificado esta misma semana, mientras que otras fuentes alargan ese período hasta finales de febrero o principios del mes de marzo.
La última de las declaraciones ha sido la del presidente de la ONG Ceiba que acudió al juzgado en calidad de investigado. El imputado aseguró que cuando recibían las subvenciones se le hacían transferencias a la empresa gestionada por el hermano del empresario Tauroni. Según sus explicaciones, lo hacía así porque se fiaba del hermano del empresario y, además, así se lo habían aconsejado desde la Coselleria de Rafael Blasco. Este hombre también aseguró que él no sabía que la trama estaba desviando los fondos destinados para la cooperación.