La jueza de 'Azud' une la pieza de la financiación del PSPV a la investigación principal 

VALÈNCIA. La jueza encargada del caso Azud ha decidido unir la pieza sobre la presunta financiación del PSPV a la investigación principal de la causa, en la que se desgrana una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. 

La macrocausa contaba hasta el momento con un total de siete piezas separadas, de las cuales cinco permanecen bajo secreto de sumario. La primera es la principal y engloba el grueso de las indagaciones. La magistrada, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostienen que el grupo Axis, perteneciente al empresario Jaime Febrer, desarrolló, al margen de su actividad legal, "una dinámica consistente en el pago de comisiones a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos" en distintas administraciones.

Estas prácticas se habrían desarrollado al menos entre los años 1999 y 2013 y su principal ámbito de actuación fue el Ayuntamiento de València durante la etapa en el que el PP (Rita Barberá) se encontraba al frente. La trama habría contado, de acuerdo con la investigación, con la connivencia de diversos cargos públicos y personas relacionadas que le habrían permitido concertarse de forma fraudulenta para el desarrollo de numerosos proyectos empresariales, vinculados esencialmente al ámbito del urbanismo.

Esta forma de actuar se habría llevado a cabo –o intentado– igualmente en otros consistorios como Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia), Benicàssim (Castellón) o en empresas públicas como Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) o Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas (Aumsa). 

Tanto el abogado José María Corbín –cuñado de la fallecida Rita Barberá– como el exvicealcalde de València Alfonso Grau son considerados las dos piezas fundamentales dentro del Ayuntamiento de la capital para mover hilos. Fuera, otro de los principales investigados es el exjefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, vinculado históricamente a los socialistas. De hecho, la trama extendió sus tentáculos al PSPV a través, por ejemplo, del exconcejal y exsubdegelado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio, quien presuntamente se benefició de las citadas mordidas.

Conocidos todos estos protagonistas, a raíz de tirar del hilo de los hechos aparecieron otros como el que fuera responsable de finanzas de los socialistas valencianos, Pepe Cataluña. Unos papeles hallados en la mesita de noche de su domicilio fueron los detonantes de nuevos registros en los que aparecieron más ramificaciones de la causa.

La jueza cree que Cataluña era facilitador de contactos entre Jaime Febrer y ayuntamientos gobernados por el PSPV y que, aunque no ostentaba cargo orgánico en el partido en esa época, "tenía un gran peso y mando en el mismo, por lo que podía actuar con total libertad".   

De aquí salió la pieza 7 de Azud, que apunta a que los socialistas financiaron en B gastos de tres campañas electorales. También que se produjo una presunta adjudicación fraudulenta de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó en 2006 a dos constructoras (Acciona y Construcciones Luján) que posteriormente habrían realizado una contraprestación económica que acabó en el partido.

Los investigadores analizaron, del mismo modo, varias operaciones urbanísticas que habrían motivado el pago de comisiones de naturaleza ilícita. La más significativa es la relacionada con el Programa de Actuación Integrada (PAI) El Espartal en la localidad de Xixona.

Los pagos en B al PSPV, sin embargo, no se pueden perseguir bajo el delito de financiación ilegal –sólo se puede hacer por cohecho– debido a que las fechas en las que se produjeron no existía porque fue incorporado al Código Penal en la reforma de 2015. A ello se suma que, al tratarse de 2006 y 2007, se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. 

Con todos estos hechos relacionados entre sí, la jueza de Azud ha decidido ahora unirlos en una misma pieza, que es la principal al entender que no es aconsejable una instrucción por separado. Así, recuerda que el PAI de Xixona también se indaga en la pieza 1. Al igual que se investiga a Acciona, de manera que lo relativo a la adjudicación del trasvase del Júcar puede incorporarse.  

La magistrada ha decidido, por otro lado, dar traslado a las defensas de todo el volcado en los soportes informáticos, ordenadores, móviles y dispositivos de almacenamiento que fueron incautados durante los registros de 2019 y que afectan a más de 30 investigados. Éstos tendrán acceso únicamente a lo concerniente a ellos mismos, no a lo del resto de imputados, para no "revelar aspectos íntimos que carezcan de interés" en la investigación.