La jueza cree que el PSPV obtuvo financiación en B gracias a que el PSOE estaba en el Gobierno central

VALÈNCIA. La investigación llevada a cabo hasta la fecha en el caso Azud concluye que el PSPV pudo financiar en B gastos de campañas electorales a través de diversas vías. Una de ellas habría sido la adjudicación de un tramo del trasvase el Júcar a dos constructoras que posteriormente habrían realizado una contraprestación económica que acabó en el partido. Para ello, la jueza cree que se usaron empresas estatales en una operativa que se produjo gracias a que el PSOE gobernaba a nivel nacional. 

Esta parte de la investigación se inició a raíz de las indagaciones llevadas a cabo sobre las prácticas en el seno del Grupo Axis, dedicado principalmente al ámbito de la promoción inmobiliaria y perteneciente a Jaime Febrer. A través de él se habría desarrollado una dinámica al margen de su actividad legal consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes administraciones públicas. 

Los investigadores analizaron varias operaciones urbanísticas que habrían motivado el pago de comisiones de naturaleza ilícita. La más significativa es la relacionada con el Programa de Actuación Integrada (PAI) El Espartal en la localidad de Xixona (Alicante). Si bien no habría sido la única sino que existirían otras en Pego y Bétera. 

La intención inicial del constructor era promover la reclasificación de una serie de parcelas que, a través de este PAI, pasasen a permitir su urbanización. Aunque finalmente nada de ello se llevó a término. Tanto la Fiscalía como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican, en sus respectivos informes, que en una fase inicial del desarrollo del programa se abordó el problema de la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos debido a una exigencia normativa derivada de la modificación de la Ley Urbanística Valenciana.  

Para ello se estudiaron varias líneas de resolución, pero finalmente se llevó a cabo la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento de Xixona. El objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel -Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona. Pese a que este convenio resulta a priori ajeno al Grupo Axis, dado que en él participan la empresa pública y el consistorio (gobernado por el PP), los elementos recopilados a lo largo de la investigación evidencian –según la UCO– que la firma del mismo habría sido auspiciada por parte del citado grupo.

La jueza, en su último auto del pasado 2 de diciembre, destaca que a través de esa operación hubo una comisión "pactada" entre el exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera –una persona estrechamente vinculada al PSPV– y Jaime Febrer. Ésta ascendería a dos millones de euros: uno para Vera y otro para el partido. Tras la suscripción del citado contrato, prosigue el auto, "comenzó el abono de comisiones y sobornos" por parte del Grupo Axis y ordenados por Febrer. Vera habría recibido días antes el primer pago de 100.000 euros.

La investigación ha constatado, de manera indiciaria, el abono a Vera de 563.000 euros canalizados a través de dos contratos ficticios. Por un lado, con la matriz del Grupo Axis, la sociedad Construcciones Valencia Constitución (CVC). Por otro, con Gigante Edificaciones y Obras, una sociedad instrumental de Febrer por la que se canalizarían 261.000 euros. 

De acuerdo con la jueza y la Fiscalía, "parte del soborno pactado con José Luis Vera y Pepe Cataluña (exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos) iría a manos del PSOE a través de este último". Aunque aparece desvinculado formalmente desde el año 2004 de la secretaría de la formación, ambos consideran que ello sería "meramente formal". "Seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas", sostiene el auto. Éstas, añade, se encuentran "relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del Gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el PSOE".

La investigación del caso Azud realizada hasta la fecha sitúa a varias empresas en el centro de la supuesta operativa de financiación en B del PSPV en 2007 y 2008. Unas como las que realmente asumieron los gastos y otras como las interpuestas a través de las cuales se habrían realizado los pagos en beneficio del partido. En el primer grupo se encontrarían varias, como Acciona, Facsa o Construcciones Luján. En el segundo, entre otras, Cronosport, encargada de surtir de merchandising a la formación para sus eventos más relevantes pero sin que haya quedado acreditado quién acabó abonando el coste de esos artículos. 

La jueza menciona un pago de 120.060 euros de Construcciones Luján a Cronosport, sociedad que realiza parte de la campaña electoral del PSPV para las elecciones municipales del año 2007. El origen de esa comisión se enmarca, apunta el auto, en la adjudicación a Construcciones Luján del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006. Fue el más caro. Esta empresa concurrió, junto a Acciona, en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para llevarse las obras y fueron adjudicatarias.

Adjudicación "predeterminada"

El concurso partió de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona y que posteriormente fue absorbida por Acuamed. El objeto era la redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra de la conducción hídrica. Y los investigadores creen que estaba amañado. 

La jueza incide en que en el concurso participó Pepe Cataluña "para canalizar el abono de la comisión hacia el PSPV". La adjudicación del tramo E, por tanto, estuvo "predeterminada", señala el auto. Las evidencias indican que los responsables de Aguas del Júcar en aquel momento, José María Marugán (consejero delegado) y Juan José Moragues (presidente del Consejo de Administración) se reunieron con Cataluña y Vera. Todos ellos están investigados.  

En el domicilio del exfinancieron de los socialistas, y concretamente en su dormitorio, la Guardia Civil encontró el sobre que contenía la cantidad a abonar por las empresas adjudicatarias del tramo E de la obra pública (el de mayor precio de licitación). Se lo llevó, de manera definitiva en septiembre del 2007, la UTE conformada por Acciona y Construcciones Luján por un importe de 46,1 millones de euros.

En los documentos en poder de Cataluña (folios en los que estaba el anagrama de Bancaixa puesto que en ese momento era vicepresidente de la entidad) figuraba la anotación "contratación Xuquer-Vinalopo". También la reunión mantenida con José María Marugán y Juan José Moragues, que a su vez era presidente de la Confederación Hidrográfica de Aguas del Júcar y consejero delegado de Acuamed. 

Junto a Construcciones Luján, en esta operación aparece la sociedad Acciona y, como cargos investigados, Juan José Fernández (director de la zona de Levante Baleares) y Jesús Alcázar (director general del Área de Construcción Este). El primero remitió unos correos que resultan de importancia para la investigación. Con la licitación ya publicada a principios de 2006 pero antes de que se efectuara, exige, tras la reunión mantenida con Moragues y Marugán, "que les sea adjudicado el tramo E", destaca la jueza. 

Regalos de Navidad

"Dicha adjudicación tendrá una contrapartida económica que pondrá Acciona", concluye el auto. El plazo impuesto para la consecución de sus objetivos comprende, de acuerdo con la investigación, desde la presentación de ofertas hasta la apertura de plicas, "y se indica que en el caso de que Acciona acepte el requerimiento se comprometen los funcionarios públicos a apoyar la adjudicación del tramo E, lo que finalmente ocurrió".

Tras la adjudicación provisional a la UTE, uno de los directivos de Acciona envió el otro correo clave de esta parte de las indagaciones. Se trata de uno dirigido a otro responsable en el que le solicita listado y presupuesto para los regalos de Navidad de ese año. Al día siguiente recibió la respuesta con una tabla de regalos por cuantía de casi 113.000 euros y con la indicación de que se había incrementado la cartera de clientes y que se incluía a Acuamed como prioridad comercial. La práctica se repitió en 2008. 

"Existen sólidos indicios respecto al concierto existente entre Juan José Fernández y Juan José Moragues, para conseguir adjudicaciones publicas predeterminadas al margen de los procedimientos legales de adjudicación, dirigiéndose precisamente al funcionario que ostenta la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la mercantil estatal Aguas del Júcar y que forma parte del Consejo de la entidad Acuamed", concluye la jueza.