La jueza de la causa de Fuset pide contratos de la Batalla de Flores de la época del PP 

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 2 ha requerido al Ayuntamiento de València más documentación en el marco de la investigación por supuesto fraccionamiento de contratos que afecta al edil Pere Fuset. El juzgado ha solicitado en este caso los contratos realizados desde la concejalía de Fiestas para las carrozas de la Batalla de Flores en los años 2014 y 2015, cuando todavía estaba en el poder el gobierno del Partido Popular, según ha podido saber este diario.

La causa fue abierta hace más de un año a raíz de una denuncia de Luis Salom, asesor del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València, que apuntaba a una supuesta fragmentación en la contratación de los servicios de personal para diferentes eventos organizados desde la concejalía de la que era titular hasta marzo Fuset. Pero los investigadores indagan, además, en otras contrataciones relativas a la Fira de Valencia, la Cabalgata de Reyes y las carrozas de La Batalla de Flores que sumarían medio millón de euros.

El edil siempre ha defendido que todo lo realizado entraba dentro de la legalidad. Uno de los argumentos de la defensa del ex concejal de Cultura Festiva de Compromís esgrime que los métodos de contratación, por ejemplo, en lo relativo a la Batalla de Flores, ya se venían produciendo desde la etapa anterior y que no se modificaron con su entrada en la delegación festiva. De ahí que ahora el juzgado haya solicitado los expedientes relativos a esas contrataciones de los años anteriores a su llegada, cuando dirigía la concejalía de Fiestas Francisco Lledó.

Este verano, el edil fue citado a declarar tras ampliarse la denuncia y aseguró estar "confiado y tranquilo" dado que, dijo, "todo se ha hecho dentro de la máxima legalidad", sin reparos por parte del secretario del consistorio ni por ninguna otra instancia. Así, subrayó que todo lo que se investiga son "cuestiones administrativas".

En el último estadio de la investigación, la jueza instructora decidió solicitar a la Junta de Contratación de la Generalitat Valenciana, como órgano externo al Ayuntamiento, un informe donde analizara la tramitación de estos contratos y si, en efecto, encontraba visos de fraccionamiento. Como publicó este diario, la Junta ha evitado pronunciarse al respecto alegando falta de personal y ha propuesto remitir la cuestión a la Intervención de la administración autonómica.

Huelga recordar que el fraccionamiento permite eludir el concurso público en la administración, pero no es delito si no hay una participación de los funcionarios o dirigentes políticos. Eso es lo que trata de probar la fiscalía con estas solicitudes. Huelga recordar que un informe de la Intervención municipal abonaba la tesis de la existencia de fraccionamiento. La jueza, de hecho, decidió investigar posibles vínculos del edil de Compromís con las empresas adjudicatarias de los contratos.

Sin embargo, esto quedó descartado con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los agentes expusieron que las empresas contratadas trabajaban con el consistorio valenciano hacía más de diez años, mucho antes de que Fuset accediera al cargo de concejal.