La jueza del 'caso Azud' manda a Corbín a prisión por riesgo de destrucción de pruebas

VALÈNCIA. La jueza del caso Azud envió este jueves a prisión al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad documental. La justificación del ingreso en prisión es el riesgo de destrucción de pruebas.

Junto a Corbin, pasó a disposición judicial el otro detenido, el también abogado Diego Elum. Sin embargo, la decisión de la magistrada nada tuvo que ver entre un detenido y otro, pues a Elum lo dejó en libertad sin fianza tras prestar declaración. Como medidas cautelares se le requirió el pasaporte y la obligación comparecer en el juzgado cada 15 días.

La jornada del jueves en la ciudad de la Justicia fue muy larga. Los medios de comunicación se agolpaban, desde las nueve y media de la mañana, en la puerta esperando la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 que comanda la operación Azud. El otro punto de atención fue la Comandancia de la Guardia Civil, donde periodistas y fotógrafos se concentraron para comprobar quiénes eran los investigados citados a declarar. 

Fuentes judiciales explicaron a Valencia Plaza que Corbin dejó la soberbia mostrada ante los medios, con el dedo pulgar en alto durante los registros, para mostrarse bastante más cariacontecido cuando en el juzgado le dijeron que iba a ingresar en prisión. Previamente, Corbin se había negado a declarar asistido por la letrada Ángela Coquillat.

Diego Elum, que sí prestó declaración, salió del juzgado ya de noche. Rehusó explicar los motivos de su detención pero en declaraciones a Valencia Plaza quiso acalarar que "nunca" ha sido socio de Corbin.

Ambos están imputados por haber mediado y, presuntamente, cobrado comisiones ilegales de contratistas del consistorio valenciano. Unos contratistas que habrían pagado en total unos cuatro millones de euros a lo largo de las tres últimas legislaturas de la exalcaldesa Rita Barberá.

Según las mismas fuentes, la clave del estallido del caso que ha terminado con Corbin en prisión provisional fue una denuncia de la Agencia Tributaria a raíz de la debacle financiera del despacho de Corbín. Los inspectores de Haciendo detectaron una caída de un millón de euros en la facturación anual después de que Rita Barberá dejara la alcaldía y de dos millones el segundo año.

Las empresas

Como informó Valencia Plaza a lo largo de esta semana, varias empresas contratistas, algunas de ellas viejas conocidas de la corrupción valenciana son las presuntas pagadoras de las ‘mordidas’. Este martes acudieron a declarar ante la Guardia Civil el expropietario y expresidente de Secopsa Vicente Prieto y el presidente de Cleop, Carlos Turró.

Secopsa es una de las empresas históricas en la contrata de obras con el consistorio valenciano, aunque hasta ahora Vicente Prieto sólo se había visto implicado como testigo en la subpieza Laterne del caso Taula, que investiga el dopaje electoral de la campaña de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007. 

Por otra parte, Cleop, fue la antigua concesionaria de la grúa municipal, y además aparece como involucrada en varias piezas separadas del caso Taula presuntamente por haber cobrado comisiones a cambio de conseguir contratos de obra pública en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, la empresa pública de la Generalitat responsable de la construcción de colegios, Ciegsa y la Diputación de València. 

La instrucción de Taula es un caso que Corbín conoce muy bien, pues hasta su ingreso en prisión ha sido el abogado de la secretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster.