Agentes de la Guardia Civil durante uno de los registros. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. La jueza encargada del caso Azud ha dejado en libertad a la empresaria Mónica Montoro y a Joaquín Pastor, considerado financiero de la presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se investiga en esta causa. La magistrada entiende que para ambos se ha reducido el riesgo de destrucción de pruebas por el que decretó el ingreso en la cárcel de varios de los implicados hace mes y medio. Igualmente, ha decidido la retirada de pasaporte, la prohibición de salida y la comparecencia semanal.
Fue el pasado 15 de mayo cuando la titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia acordó la prisión preventiva, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de cinco personas en el marco de la segunda fase de la operación policial de Azud. Junto a los dos mencionados, se encontraban el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y el empresario Jaime Febrer. Grau, Montoro y Pastor presentaron sus respectivos recursos, pero la Audiencia de Valencia ratificó recientemente la decisión de la jueza y los mantuvo en la cárcel.
La causa, abierta por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, todavía permanece secreta. La investigación se lleva a cabo desde 2017 en el juzgado en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y estalló en abril de 2019. En ese momento se detuvo al considerado como principal investigado de la causa: el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Éste fue arrestado junto su socio Diego Elum por haber cobrado, supuestamente, mordidas procedentes de contratistas del Ayuntamiento de València desde 2006. Una suerte de peaje por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que habrían servido para lucro personal.
Las indagaciones de la Guardia Civil de ese momento desencadenaron nuevas líneas de investigación y llevaron a esta segunda parte con nuevos protagonistas y un total de 14 detenidos. Las nuevas indagaciones se centran en el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas abarcan el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
