VALÈNCIA. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València ha ordenado este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Esa era la petición de la Fiscalía Anticorrupción para el también exministro de Trabajo, detenido el martes en la llamada Operación Erial. El exministro de Trabajo y expresidente valenciano Eduardo Zaplana ingresará en la prisión de Picassent, una cárcel construida en 1990 y dispone de 239 celdas.
Zaplana pasó este jueves a disposición judicial, tras ser detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Los abogados que representan al que fuera jefe del Consell valenciano solicitaron su puesta en libertad al juzgado de Instrucción 8 de València a causa de la leucemia que padece desde hace unos años. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ya informó de su intención de oponerse a la solicitud.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat.
Según fuentes judiciales, para los hermanos Vicente y José Cotino, empresarios y sobrinos del exvicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, la magistrada ha dictado libertad provisional con cargos. Los detenidos se han acogido a su derecho a no declarar ante la instructora, en un caso sobre el que se mantiene el secreto de las actuaciones.
Por el caso Erial también fueron detenidos el martes el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el asesor fiscal Francisco Grau, que hoy comparecen ante la jueza.
La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.
La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.