La Justicia determina que los desahucios de fecha abierta en València son puntuales y justificados

VALÈNCIA. Finalmente, la Justicia se ha pronunciado: los desahucios de fecha abierta no son una práctica extendida en la ciudad de València, responden a casos muy concretos y por lo tanto no requieren una regulación específica. Esta es la explicación que daba el juez decano de la ciudad a raíz de la consulta que remitieron tanto la conselleria de Vivienda como el Ayuntamiento de València, después de haber detectado un par de casos de este asunto que bajo su juicio resulta "preocupante". Y es que, en definitiva, los desahucios de fecha abierta son un fenómeno de relativa nueva creación que consiste en no avisar a la familia sobre la fecha y hora en la que se va a producir el lanzamiento. 

Según detallan desde el órgano autonómico y desde el consistorio, el magistrado explicó que los casos que se han vivido en la ciudad de València son "escasos" y bajo circunstancias muy particulares y justificadas. Específicamente, se trataba de desahucios ejecutados a través de la vía penal y no administrativa, tal y como suele ser habitual en este tipo de circunstancias. Así, la coyuntura particular de estos lanzamientos hizo que se aplicaran medidas de excepción orientadas a evitar los conflictos durante el proceso de salida de la vivienda. 

Sin embargo, el juez decano matiza que los secretarios judiciales encargados de ejecutar los desahucios por la vía administrativa -que son la inmensa mayoría- no tienen potestad para aplicar este tipo de medidas, por lo que detalló a ambas instituciones que, en este tipo de situaciones, siempre se produce un aviso previo sea cual sea la circunstancia. De hecho, es una obligación reconocida por la ley notificar el día y la hora en la que va a tener lugar el lanzamiento.

Aun así, y a pesar de todo, desde la concejalía de Vivienda que dirige Isa Lozano detectaron algunos casos que hicieron saltar las alarmas, y por eso decidieron indagar sobre la materia. Y es que, los desahucios de fecha abierta son una práctica hasta ahora desconocida que ha empezado a extenderse en algunas ciudades españolas, para la preocupación de las administraciones públicas.

Por norma general, funcionan de la siguiente manera: primero se notifica fecha y hora para el desahucio, y la comitiva judicial se desplaza hasta el lugar para ejecutar la orden. Ahora bien, si detectan algún problema o amenaza se marchan del lugar, y lo que debería ocurrir en estos casos es que se firma un acta de suspensión que da el caso como cerrado. Y, si hubiera que volver más adelante, se enviaría un nuevo aviso. No procede así, sin embargo, en el caso de la fecha abierta.

Y es que, en estas situaciones, según han explicado, lo que sucede es que nunca se llega a firmar el acta de suspensión, por lo que el caso queda de algún modo "abierto" y eso habilita para volver a intentarlo en un futuro. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, se da una horquilla orientativa temporal. Según ha podido saber la concejalía, por el contrario, en los ejemplos de de la ciudad de València la situación era considerablemente más cruda, puesto que no se emitía ningún tipo de indicación, lo que a su juicio podría atentar contra el derecho a la intimidad de las familias. 

Así con todo, se dirigieron a instancias judiciales para pedir una regulación clara sobre este tipo de acciones, que por el momento permanecen en un limbo "alegal" puesto que no se ha sentado ningún tipo de jurisprudencia explícita sobre ellas. También se movió en este mismo sentido la conselleria de Vivienda de Héctor Illueca, que se remitió al Tribunal Superior de Justicia con intenciones similares. 

Sin embargo, la explicación por parte del juez decano arroja luz sobre la materia y trae algo de tranquilidad a las administraciones públicas valencianas, al insistir sobre la idea de que los casos responden a situaciones muy particulares y específicas, que de ningún modo se pueden extrapolar a los desahucios comunes que se gestionan por vía administrativa. Aun así, ambas instituciones muestran voluntad de hacer un seguimiento sobre la situación para garantizar que se mantiene dentro de los marcos normativos.