VALÈNCIA. El relato de la estafa perpetrada por la editorial Carena ha llegado a su último capítulo. Unas decenas de autores valencianos que decidieron unirse para recuperar sus derechos y una indemnización por impagos escriben los últimos renglones de este final agridulce. Agridulce y no feliz: además de lo vivido y pese a que han logrado recuperar de manera íntegra la propiedad de su obra, la empresa comprada por María Ángeles Gervilla no tiene fondos. Tampoco ella a título particular. “Era una estructura liquidadora perfectamente montada”, explica José Luis Ramos, el abogado que se implicó por unas costas testimoniales con 21 de esos escritores y escritoras valencianos y que ha levantado uno tras otro los casos hasta lograr las sentencias favorables. La última retahíla, en las últimas semanas.
“En este momento quedan tres por resolver, pero sabemos que hay un acuerdo judicial dada la similitud de los casos y las evidencias para fallar en favor de mis clientes”, añade Ramos. La historia de Carena se inició hace más de 25 años de la mano de Marcos G. Zacarés. Desde sus inicios contó con un acusado interés por la publicación de libros con temas valencianos, históricos y patrimoniales, pero también con la ficción que giraba en torno a todo ello. El fundador del sello se jubiló en 2012 y vendió todas sus participaciones a Enrique Olmos. Éste asumió el stock y contrató una extensa remesa de nuevas firmas, publicando una gran cantidad de títulos en apenas dos años. A inicios de 2015, muchos de esos creadores dieron la voz de alarma: no estaban cobrando las liquidaciones. El inesperado final de la editorial, sin que ellos lo supieran, era más retorcido de lo ninguno podía esperar.
Olmos vendió la editorial en febrero de 2015 a Gervilla. No avisó a los autores, entre los cuales pensaron en plantarse antes de la Feria del Libro de aquel año dado que los impagos se habían generalizado. Pero Olmos les convenció e hicieron promoción y vendieron, convencidos por las excusas de atravesar un mal momento financiero que se pretendía resolver durante el certamen, precisamente. Una situación que sorprendió a muchos, ya que Olmos también participó de la apertura de una librería (Bibliomanía, en 2014). Fue unas semanas más tarde, ya en junio, cuando se enteraron que Olmos había vendido hacía meses la empresas, que ya no tenía ninguna participación y que, lejos de hacerse responsable de los impagos, se declaraba un estafado más por Gervilla. El acuerdo, según sostuvo entonces, era que él continuaría trabajando "a nómina" de la empresa. La situación de los autores, por su parte, fue la de perder el control de su obra, de los libros ya impresos y de cualquier ganancia a futuro con ellos.
La condenada, en "rebeldía procesal"
Hace algo más de dos años Olmos reconoció a este diario su falta al no comunicar a los autores la venta de la editorial: "ese fue mi gran error, tengo una carga moral por ello". Acumuladas casi una veintena de sentencias en contra de la que fue su empresa, Carena Editors, S.L., Olmos insiste en que no tiene ninguna responsabilidad legal dado que no hay relación con Carena ni con Gervilla. Ella, por su parte, se hizo con la editorial valenciana precedida de más fama que sospechas: ya estuvo detrás dela liquidación del semanario catalán El Triangle. Ramos, el abogado de buena parte de los autores a los que ahora se les han restablecido sus derechos, confirma que el entramado de esta empresaria no deja margen a la esperanza económica: "que se cobren las indemnizaciones es, al 100%, imposible. Únicamente posee a su nombre un cuarto de un piso que ya está embargado".
Ramos lo sabe porque buena parte de su trabajo ha constado de una investigación patrimonial en torno a la administradora única de la empresa condenada (Gervilla). No obstante, destaca que "es muy poco habitual la actitud que ha tenido ante los juicios". En las sentencias a las que ha tenido acceso Valencia Plazalos jueces hablan de "rebeldía procesal": "en el mundo del Derecho pasa de vez en cuando, pero no es nada usual. Lo único que ha hecho ha sido obstaculizar el proceso. Ha evitado la recepción de notificaciones. Se ha negado a recoger siempre este tipo de certificaciones en distintos domicilios y nosotros hemos tenido que seguir un largo proceso hasta llegar aquí", completa Ramos.
Pero lo más importante es que el informe económico de Carena Editors, S.L., está "vacío". Existe una empresa llamada Carena Books nacida, precisamente, en septiembre de 2015 y que cambió de domicilio social hace apenas tres meses. Es la empresa que algunos autores sospechan que ha vendido o generado negocio con los excedentes de almacén "al peso". Libros que han aparecido en ferias de libro antiguo de Huesca a València durante 2017. "Lo cierto es que no hay rastro de una relación entre las empresas más allá del nombre y la administradora. Si se ha lucrado de bienes de Carena Editors, no lo podemos saber", añade Ramos. Esa segunda empresa en ningún caso posee los derechos de autor que, ahora sí, han sido revertidos definitivamente a sus creadores.
Indemnizaciones de más de 8.000 euros
Las indemnizaciones que no se pagarán van de los 800 a los 8.000 euros, aunque la media más habitual oscila entre los 2.500 y los 3.000. Ramos se implicó en los casos por la sencilla razón de sentirse "atraído por las personas que estaban detrás. Conecté con su problema y les advertí de las posibilidades que había, aunque les garanticé que recuperarían los derechos, que era lo más importante. Aunque se derivasen responsabilidades económicas, viendo los primeros informes, ya sabíamos lo que iba a suceder". Aun así, hay autores que ya han empezado a reeditar sus libros y otros que están pensando en ello.
Este diario ha contactado con cinco de ellos, entre los que se encuentran Ana Botella, Salvador Blanco, Mª Luz Bravo, Emilio Calderón, Monserrat Cano, Alba Capilla, Bel Carrasco, Mercedes Casquero, Joan Castelló, Julio Cob, Kilian Cuerda, Anabel Escribano, Herminia Esparza, Carlos Ferris, José V. García Torrijos, Mariano López, Empar Marco, Eloy Moreno, Roxi Nacher, Mónica Parra, Albert Pitarch, Salvador Raga, Javier Sanchis, Francisco Segura, Rafael Simón, Rafael Solaz y Miguel Tejedor. Esos fueron los nombres que decidieron dar un paso adelante a finales de 2015 en busca de una respuesta judicial a lo que consideraron una estafa.
