Hoy es 10 de octubre
VALÈNCIA. La Justicia ha vuelto a declarar improcedente uno de los once despidos realizados por la Conselleria de Sanidad en el departamento de La Ribera tras la finalización del contrato de gestión de Ribera Salud. El aquel entonces, el equipo designado por Carmen Montón decidía no continuar parte de los directivos y cargos intermedios de la empresa privada, dejándoles fuera de la nueva etapa.
Mucho se había especulado sobre cómo deberían ejecutarse los despidos, teniendo en cuenta que la fórmula de los trabajadores es la de "personal a extinguir". Finalmente, el modelo elegido fue el de " despido objetivo", acogiéndose a la causa legal del decreto de personal donde se recogía que el personal permanecerá en su puesto de trabajo salvo causa legal de desvinculación (despido, jubilación, fallecimiento o convocatoria de OPE).
Sin embargo, el juzgado de lo Social nº 15 de València condenaba a la Generalitat a pagar más de 35.600 euros por el despido de uno de los directivos, que además ha declarado "improcedente", y que ahora debe decidir si se reincorpora a su puesto de trabajo en el Hospital. Si decide volver, la Generalitat deberá pagarle los salarios desde el 1 de abril, lo que supondría alrededor de 28.000 euros.
En la sentencia constan errores de la cuantía de la indemnización y del el cálculo de la antigüedad además de aludir a la subrogación de empresas para entender que faltan motivos justificados para el despido objetivo. Los tribunales ya declararon improcedente el pasado mes de julio otro despido y también se dio la opción a la trabajadora a que volviera a su puesto de trabajo y así lo hizo, según explican desde Sanitat Sols Una. En este caso se trataba de un mando intermedio.
La segunda sentencia, del pasado 4 de diciembre, también declaraba improcedente el despido de un técnico del Hospital despedido también el día 1 de abril, obligando a abonarle la indemnización correspondiente. Esta sería la tercera sentencia de los tribunales que tumba la Justicia como despido objetivo al no quedar suficientemente justificados los motivos.
Al margen de no calcular bien la indemnización, el auto también recoge que la Conselleria de Sanidad “tampoco hizo labor alguna de averiguación de cual fue la materialización efectiva de los incentivos, claramente pactados en ambos documentos de manera expresa, para incluirlos en el haber regulador de la indemnización ofrecida”.
Además, la anterior gestora del hospital, Ribera Salud, se comprometió por convenio a que durante la vigencia del mismo no acometería ningún procedimiento colectivo de externalización ni amortización de puestos de trabajo. La Conselleria de Sanidad asumió el convenio y lo pactado con los sindicatos a través de la sucesión de empresas, por lo que debe cumplirlo.