empoderamiento de los más pequeños
La ley de Infancia de la Comunitat insta a reducir los deberes a los niños para respetar su ocio
23/06/2018 -
VALÈNCIA (EP/ E.P). Los más pequeños han encontrado un aliado en el Consell. Este viernes se aprobaba el proyecto de ley de Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana donde se reivindica el ocio educativo como un derecho, y se insta a las escuelas a que intenten reducir los deberes fuera de clase.
El texto establece el acceso de los niños como un derecho, para lo que recoge que durante la educación primaria se procurará que las actividades de aprendizaje puedan hacerse dentro de la jornada lectiva. De esta manera, la Generalitat trata de que el exceso de deberes no reduzca el tiempo de juego.
La nueva ley otorga a los niños la consideración de ciudadanos de pleno derecho e incluye medidas como la eliminación de la edad mínima para que sean escuchados en tratamientos médicos y la obligación de respetar sus convicciones.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, defendía al respecto que "no puede ser que un chiquillo que está de 9 a 5 en el cole se vaya a casa cargado de deberes después de una jornada de ocho horas". "Es como si un trabajador de una empresa de automóviles llega a casa y se lleva el volante para seguir repujando",señalaba, y subrayaba que los niños también están "cargados de extraescolares".
"Ya está bien; tiene que llegar a los centros educativos y a la mentalidad de los padres: jugando se crece mejor, se aprende más y se es más feliz", ha reivindicado.
La normativa supone un empoderamiento de niños y adolescentes, ya que la normativa los reconoce por primera vez como ciudadanía activa y de pleno derecho en todos los ámbitos de esferas públicas y privadas. Incluso permite que los estudiantes menores de edad, en el ejercicio de su derecho de reunión, adopten la decisión colectiva de inasistir a clase con las condiciones y en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, no precisarán para ello la autorización de sus representantes legales.
Escuchar su opinión ante tratamientos médicos
Incluye así la eliminación del límite de edad para que se escuche su opinión antes de dar el consentimiento informado en los tratamientos médicos, al tiempo que dicta la obligación de los padres o tutores a escuchar sus opiniones y respetar sus convicciones en referencia a la libertad de ideología, conciencia o religión.
El objetivo no es que los niños tomen las decisiones, sino "sean escuchados en función de su madurez", explicaba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pues "hay chicos con 7, 8 y 9 años con suficientemente maduros para que se les pregunte ante cualquier intervención". Si bien ha recordado que "obviamente, la decisión es del padre o tutor", ha lamentado que "muchas veces anulamos su capacidad de opinar cuando te sorprende la madurez que tienen".
La ley reconoce por primera vez el derecho a la identidad y a la expresión de género, y en la esfera pública garantiza que las administraciones tendrán que consultar su opinión en aspectos que les afecten, como las políticas de ocio educativo o el diseño urbano de los municipios, adaptando las consultas públicas para que puedan participar.
Entre las novedades que introduce la reforma también está la regulación de las situaciones de riesgo, medidas para dar preferencia a la acogida familiar respecto al residencial y la limitación de la posibilidad de institucionalización de los más pequeños. Establece así los derechos de las personas acogedoras y acogidas o la adopción abierta, contenidos que requieren de cambios en la legislación autonómica.
La Ley de Infancia pretende "dar un paso más" en la lucha contra la desigualdad que ya ha iniciado el Consell con otros proyectos como la renta valenciana de inclusión. En concreto, la concesión de ayudas a la infancia tendrá en cuenta la situación de la persona menor de edad a la que van dirigidas y no la de sus representantes legales, con el objetivo de que los niños no se vean excluidos porque sus familias tengan deudas o incumplimientos.
Otra incorporación es que el foco se traslada de prevenir el maltrato a promover el buen trato y los afectos. Para ello, la ley recoge medidas trasversales como programas de orientación familiar para la corresponsabilidad, coparentalidad positiva, promoción de horarios y condiciones laborales compatibles con la crianza, además del fomento de las competencias parentales y la educación emocional en las aulas.
En el ámbito de la protección, abre la puerta a que la Generalitat se pueda personar como acusación popular en los casos de violencia contra las personas menores de edad. Además, en los casos de agresión machista o violencia familiar, el Consell impulsará que sea el agresor y no la víctima la que abandone el domicilio familiar.