FOTOS: INMA CABALLERVALÈNCIA. (EFE). El pleno de Les Corts ha rechazado hoy devolver al Consell el proyecto de ley de la Huerta de València, como pedían el PP y Ciudadanos en sendas enmiendas de totalidad, a las que se han opuesto el PSPV-PSOE, Compromís, Podem y los exdiputados de Ciudadanos.
El PP y Ciudadanos han indicado que apoyan que se proteja la huerta, pero no "a costa del agricultor", y han criticado que esta ley permite expropiar parcelas, mientras que el resto de grupos ha afirmado que recupera y dignifica la huerta y fija mecanismos para que los jóvenes puedan poner en producción campos sin labrar.
La norma ha sido presentada por la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, quien ha explicado que supone un "pacto social" y "un punto de inflexión" para proteger y recuperar un espacio "único" que se ha visto "seriamente amenazado", y permitirá frenar "las agresiones" de los últimos años al patrimonio natural.
La ley recoge el Plan de Acción Territorial, que permitirá la conservación de más de 10.000 hectáreas y clasifica los usos permitidos en la huerta; el Ente de Gestión de la Huerta, para la pervivencia de las actividades agrarias, y el Plan de Desarrollo Agrario, para mejorar la renta de los agricultores.
La norma contempla "en casos extremos" el arrendamiento forzoso en favor de un tercero o la cesión al Ente Gestor de la Huerta de parcelas en suelo agrarios infrautilizado, aunque previamente se aplicará la mediación para hacer asegurar el uso efectivo y el mantenimiento de las tierras de cultivo, ha indicado Salvador.
El diputado del PP Luis Santamaría ha indicado que es una norma "confiscatoria, expropiatoria, manifiestamente ilegal y especulativa", que además carece de presupuesto, "olvida" a los agricultores pese a que "no puede salvar la huerta si no se salva a los agricultores", y dificulta la viabilidad de sus explotaciones.
Santamaría ha añadido que es también una ley "intervencionista, que apuesta claramente por la planificación económica", pues crea un ente gestor "centralizador, como en la época de Mao" que decidirá si el agricultor riega por goteo o el sistema tradicional y qué tiene que plantar, como en el comunismo.
El socialista Rafael Briet ha replicado que la enmienda del PP provoca "indignación y vergüenza", pues durante veinte años no hicieron "nada" y ahora se "obstinan en contribuir a una lenta e inexorable destrucción" de la huerta, a la que nunca quisieron proteger ni quieren que se haga ahora.
Briet ha lamentado que el PP ha optado por "el oportunismo político y la confrontación", y ha asegurado que esta ley va en la línea de la legislación nacional y europea y busca potenciar la figura del agricultor, impulsar la actividad agraria y "empezar a restituir la dignidad" de quienes empezaron a la luchar por la huerta.
La diputada de Ciudadanos Rosa García ha indicado que esta ley es "injusta", no nace del consenso, no garantiza la supervivencia de los agricultores, se basa en un concepto "museístico y paisajista" de la huerta y no tiene presupuesto, y ha reclamado que se cree una mesa de diálogo con los implicados.
García ha criticado que la ley hable de expropiación del uso y de arrendamientos forzosos de los terrenos, y ha anunciado que, "mientras no cumpla la Constitución", la recurrirán al Tribunal Constitucional, igual que el PP.
La diputada de Compromís Graciela Ferrer ha indicado que esta norma recupera y dinamiza la huerta, dignifica la figura del agricultor y la agricultora, y es "el primer paso imprescindible" para que miles de familias puedan dedicarse y vivir de la agricultura del entorno de València.
