VALENCIA. Dentro del cuarto eje del Acuerdo del Botànic (Nuevo modelo productivo), el Consell asumía como prioritario salvaguardar la infraestructura verde de la comarca, en concreto, se apostaba por la "reindustrialización de la economía para la recuperación de la agricultura valenciana". Así, este viernes se aprobaba el anteproyecto de Ley de l'Horta de Valencia pensado para proteger el espacio de la especulación urbanística e iniciar su recuperación. Una ley que amplía la protección de la huerta en un 15%, lo que supone alcanzar las 11.600 hectáreas que no podrán ser urbanizables de manera que se blinda la superficie agrícola de 42 municipios.
Uno de los puntos más significativos de esta nueva norma es el de la cesión del uso del terreno -que no de la propiedad- en caso de que este sea declarado "infrautilizado" o abandonado por estar incumpliendo, según el artículo 26 del anteproyecto, la función social del uso de la tierra que contempla la ley.
Así, entre la Conselleria de Agricultura y Medioambiente y el Ente Gestor de l’Horta se promoverán actividades para favorecer la actividad agraria en las que se haya dejado de explotar las tierras, de manera que se creen espacios de intermediación entre propietarios y quienes quieran trabajar la huerta y no posean terrenos, de tal forma que se salvaguarden "el derecho del propietario y permitan la obtención de rentas", por lo que cabría que antes de proceder a esa cesión temporal "al organismo gestor de la Huerta de Valencia" se pudiera ofrecer un alquiler "forzoso" de la parcela para la cual se debería establecer un procedimiento para licitación pública.
En este sentido, se crearían unas bases que deben contemplar la exigencia de un compromiso de cultivo por parte del agricultor que la arrende, además de fijar los criterios de selección, modelo de contrato, precio, plazos de alquiler o, incluso, tener en cuenta las mejoras a introducir en el terreno.
Con todas estas medidas, el Consell trata de evitar que el suelo agrícola quede abandonado, ya que actualmente se encuentra en torno al 20%. A este porcentaje hay que sumar que la presión urbanística "ha transformado en suelo urbano más de un 30% en los últimos 25 años", aseguraba este viernes la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Territorio, Maria José Salvador, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell.
El presente anteproyecto también contempla tres niveles de suelos infrautilizados: suelo en proceso de degradación y sin aplicación de medidas correctoras, suelos donde las malas prácticas o usos inconvenientes pongan en peligro las cosechas, y suelos agrarios que permanecen sin actividad durante dos años consecutivos salvo que agronómicamente o medioambientalmente concurran causas justificadas.
La ley se desarrolla de forma paralela al Plan de Acción Territorial (PAT) y al Plan del Litoral. El primero blinda 1.600 nuevas hectáreas de huerta que se sumarían a las 10.000 ya protegidas.
El anteproyecto debe pasar ahora por el proceso de participación y consulta pública, que finalizará el 30 de octubre, y sobre el que se recabarán los dictámenes del Consejo Económico y Social y el Consell Jurídic Consultiu para, finalmente, ser tramitada en las Corts.
Además de contemplar la creación de un Plan de Gestión del Desarrollo Agrario, también se crea el Ente Gestor de l'Horta, que estará integrado por la Generalitat, la Diputación de Valencia, ayuntamientos de l'Horta, el Tribunal de las Aguas y la Reial Séquia de Montcada.
Entre otras de sus funciones, el ente gestionará los fondos destinados a los agricultores, la creación de marcas de calidad de los productos agrícolas o la visualización de la huerta y la sensibilización ciudadana.
Además, también define los elementos a proteger, como el Tribunal de las Aguas o la Reial Séquia de Montcada, el patrimonio arquitectónico o hidráulico, limita los usos industriales y precisa los usos y actividades que están permitidas en este ámbito de huerta.
El artículo 32 de la norma contempla la posibilidad de que la Conselleria de Agricultura pueda expropiar terrenos en caso de que los propietarios con suelos en enclaves no cultiven dos terceras partes en un plazo de cuatro años.
Transcurrido ese período, los dueños serían instados a hacerlo y, en caso de volver a transcurrir dos años más desde su requerimiento, se iniciaría el trámite de expropiación con una reducción de hasta el 50% de su valor.