VALÈNCIA. (EP) El proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones relacionados con el empleo ha superado este jueves su primera votación en el Pleno del Congreso rechazando la enmienda de totalidad defendida por el BNG, y apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís, que pretendían devolver el texto al Gobierno.
El PSOE y Unidas Podemos ha superado la votación con el apoyo del PP, Vox, Ciudadanos y PNV, que han defendido seguir tramitando la ley y esperar a la presentación de enmiendas al articulado para discutir posibles cambios.
Asimismo, el Congreso ha aprobado la avocación al Pleno de este proyecto, por lo que será este órgano el que tenga la última palabra sobre la aprobación de la iniciativa y sus enmiendas antes de enviarla al Senado.
El BNG ha justificado su rechazo a la reforma al considerar que abre el camino para la sustitución del sistema público a uno de capitalización bajo gestión privado, y critica que se destinen esfuerzos para fomentar esta fórmula en lugar de fortalecer las pensiones públicas con más recursos.
Su diputado, Néstor Rego, ha señalado que los incentivos para dirigir recursos desde las empresas a estos mecanismos de ahorro, en lugar de aumentar salarios, se traducirán en pensiones más bajas, al igual que las mayores desgravaciones que se prevén para incentivar estos mecanismos, lo que reducirá los ingresos públicos.
En su intervención para defender su proyecto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha esgrimido que la ley "en absoluto menoscaba" el sistema público, y ha defendido esta reforma como contrapeso a un sistema de planes de pensiones individuales que ve regresivo, por segregar su acceso entre la población con mayores ingresos.
Por ello, ha defendido un régimen jurídico y fiscal diferenciado para primar los planes de pensiones de empresa donde, además, la fuerza colectiva facilita el acceso a mejores condiciones, con mayor rentabilidad y menores comisiones de las entidades gestoras.
Por ello, ha defendido el desarrollo de un sistema que llegó a contar a principio de la década de los 90 con un 50% de los recursos dirigidos a planes complementarios y que ahora se queda en el 25% frente al fomento de unos planes individuales con "rentabilidades históricamente bajas".
Por el PSOE, la exministra Magdalena Valerio, ha recordado que el impulso a estos planes es una recomendación del propio Pacto de Toledo, y que la reforma busca dar más transparencia y control público a los mismos, mientras que Isa Franco, de Unidas Podemos, ha rechazado que exista un apoyo público a estos planes, pese a que luego ha criticado que se contemplen exenciones fiscales y de cotizaciones para fomentarlos.
Por contra, el PP, Vox y Ciudadanos han cuestionado el alcance de estos incentivos, defendiendo la necesidad de ampliarlos. Asimismo, PP y Vox han criticado que la apuesta por los planes de empresa ha ido en detrimento de los planes individuales, cuyas aportaciones han visto rebajadas sus desgravaciones en los últimos Presupuestos.
El portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, ha señalado que, precisamente ahora con la inflación en niveles tan elevados, no es el mejor momento en todo caso para fomentar el ahorro, mientras que Pablo Sáez, de Vox, ha instado a aprobar también exenciones para las empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
Por su parte, la portavoz económica de Cs, María Muñoz, ha criticado el esquema de gobernanza planteada por el Ejecutivo, que da el control al Ejecutivo, y también pondere "cuestiones extraeconómicas" a la hora de decidir las inversiones del fondo.
"No estamos en contra de estos planes, pero no tenemos por qué pagarlos los demás", ha espetado Jordi Salvador (ERC), preguntándose por qué es necesario "potenciar un producto financiero", mientras que la CUP advertía de una mayor discriminación entre sectores productivos, ya existente en materia salarial, y por tanto en pensiones, y ahora en las pensiones complementarias.
EH-Bildu, a través de su diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, ha puesto cifras al apoyo público a estos fondos y a los recursos que la Seguridad Social dejará de ingresar ya que, de ponerse en marcha ya mismo, las exenciones previstas supondrían 830 millones de euros con los planes vigentes, pudiendo aumentar hasta 4.000 mimllones al año de lograr los objetivos previstos. "Esto es un muy mal negocio para los trabajadores", ha concluido.