VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ya trabaja en subsanar la falta de licencia del antiguo edificio de Correos, adquirido a principios de año por la administración valenciana para convertirlo en el Palau de les Comunicacions. Durante estos seis meses, pese a carecer del permiso correspondiente, se ha estado empleando para la organización de eventos vinculados al sector, además de servir como palco privilegiado para vivir las mascletaes de Fallas.
Esta irregularidad se podría estar dando en muchos otros edificios públicos, según fuentes de Presidencia de la Generalitat, que asumen la falta de permisos y la enmarcan en un contexto de laxitud administrativa del Ayuntamiento en el control de espacios públicos. Sin embargo, lo cierto es que esta situación sería considerada una infracción en el caso de que se detectara en cualquier local de la ciudad.
Concretamente, la Ley valenciana de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos considera entre las infracciones graves la celebración de espectáculos, actividades socioculturales o "la apertura de establecimientos públicos sin la correspondiente licencia o autorización". También la dedicación de los establecimientos e instalaciones a actividades distintas de las indicadas en el permiso que ya tuviera o el exceso de aforo permitido.
La primera sería la más patente, según señalan técnicos del sector. Y según la mencionada normativa, cualquier local que incumpliera estas normas y cometiera este tipo de infracciones, se expone a multas de entre 600 y 30.000 euros en el mejor de los casos, y de manera acumulativa hasta los 300.000 euros. También a la "suspensión o prohibición de la actividad" durante un período máximo de seis mes, así como a la clausura del local o incluso a la inhabilitación para la organización de actividades durante medio año en el enclave.
La normativa, eso sí, señala que las sanciones tendrán que ser proporcionales a "la gravedad" de las infracciones, teniendo en cuenta factores como "la transcendencia social" de la infracción, la intencionalidad o negligencia del propietario, los perjuicios que se hayan provocado, la reiteración o la conducta del infractor.
Hay que recordar que el expediente de licencia del edificio de Correos data de 2001, poco antes de iniciarse su última reforma integral. Al año siguiente, el Ayuntamiento le concedió la licencia ambiental de actividad -no de espectáculos públicos- para el "servicio de correos y telégrafos", pero no permitía su funcionamiento hasta que la empresa pública no subsanara diferentes deficiencias técnicas en el proyecto. Algo que no se habría producido.
En 2011, de hecho, los servicios municipales insistieron aún en que la actividad estaba en funcionamiento sin el visto bueno de la administración local, vulnerando de ese modo diferentes normativas. Incluso amenazaban con precintar el edificio por la irregularidad, dado que las deficiencias afectaban a su seguridad. A pesar de ello, la empresa pública estatal no habría corregido las deficiencias, pues desde 2014 no se han registrado nuevos movimientos en el expediente municipal.
En esta situación, a finales de 2021, la Generalitat Valenciana suscribió la compra del edificio, que costó a las arcas públicas 23,9 millones de euros. Durante Fallas se hizo servir como palco privilegiado con catering, y el resto del tiempo, se ha empleado como recinto para eventos del sector de la comunicación, como los Premios Ortega y Gasset organizados por El País o la presentación de la edición en papel de La Vanguardia, ambos con presencia e intervención de Puig.
Además, acogió el acto del 40 aniversario del Estatut, y este lunes, sin ir más lejos, un encuentro de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV), que Presidencia aprovechó para convocar a la prensa con el fin de que Puig explicara desde allí la situación sanitaria en relación con la covid. Este jueves, prevé ser el escenario de un master de comunicación política, evento que se extenderá también durante el viernes.
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, criticó este martes la ausencia de licencia del edificio: “Si esto es cierto, es una vergüenza que el gobierno autonómico esté operando un edificio sin ni siquiera tener los papeles en regla". "Desde luego, me gustaría saber quién es el responsable de esta situación, y si en algún momento ha habido intención de pedir el permiso al Ayuntamiento de Valencia, tal y como hacen el resto de los operadores, empresarios y vecinos con sus respectivos negocios y actividades privadas", aseveró.
Giner insistió en que el antiguo edificio de Correos debería ser cedido al Ayuntamiento para uso municipal: "Aunque lo haya comprado la Generaltitat Valenciana, consideramos que su uso tendría que ser municipal". "Estamos hablando de un edificio que se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento, y que por lo tanto tendría que formar parte del plan de dinamización del centro de la ciudad para el uso y disfrute de los vecinos de Valencia", recalcó el portavoz.
Además, subrayó que el Palacio "tendría que estar abierto al público, en lugar de servir para los caprichos del president de la Generalitat o para hacer la competencia a Ribó como balcón de Fallas", y por eso, exigió "nuevamente que se revise el uso del complejo".