Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA (X.A./EP). El PP y Vox presentaron este jueves, dentro de su revolución legislativa, una proposición de "ley de concordia" cuya función será sustituir la actual Ley valenciana de Memoria Democrática de 2017 aprobada por el Govern del Botànic. Una de las principales diferencias es que abarcará "desde 1931 hasta la actualidad", estableciendo el reconocimiento de "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa" en la Comunitat Valenciana, según informó el portavoz de Vox, José María Llanos en rueda de prensa.
Una cita en la que también participó su compañero de bancada, David Muñoz, además de los dirigentes del PP Miguel Barrachina y Juanfran Pérez Llorca, y que sirvió para desglosar cinco cambios legislativos dirigidos a deshacer o modificar políticas del anterior gobierno progresista.
Esta ley, escueta en su longitud (7 páginas) frente a las 32 de su predecesora, refleja que la tramitación de los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos cuando entre en vigor decaerán de manera automática, a excepción de las exhumaciones, si bien no detalla cuáles serán las condiciones y situaciones bajo las que la Administración iniciará nuevos procedimientos de este tipo.
"Se mantendrá la reparación de las víctimas, las de un lado y las de otro" en materia de exhumaciones o búsqueda de familiares desaparecidos, aseguró el portavoz de Vox, para recalcar que no será una ley "restrictiva" ni quitará ayudas. "Será la primera comunidad autónoma que deroga el enfrentamiento y la confrontación" al acabar con "términos guerracivilistas" y "ampliar el espectro histórico", afirmó Llanos.
En la introducción del texto, se afirma que la ley 52/2007 -reconocimiento de derechos de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura- y la citada ley valenciana de Memoria Democrática, "no persiguen los valores de libertad respeto y tolerancia que impulsaron la transición, al decretar la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos".
En esta línea, la nueva ley señala que la derogación de la anterior se fundamenta en el deseo de "huir de esas malas prácticas, para fomentar la concordia, eludiendo cualquier bandería por parte de la administración de la Comunitat Valenciana".
Así, en la proposición se habla de "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta la actualidad", casi cien años en los que el estado "ha vivido profundas crisis, pero sobre todo una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico".
Además, en el texto se reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo" que a las víctimas a las que hace referencia la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022.
Preguntado por la decisión de establecer el año 1931 como inicio, Llanos señaló que es necesario reconocer a las víctimas "del sistema político que algunos consideran que fue una democracia y otros que fue un golpe", en alusión a la Segunda República y, en concreto, respecto a posibles víctimas del Frente Popular, subrayó. "No estamos para dar una clase de historia", replicó al ser repreguntado, dado que la creación de esa coalición data de 1936, para insistir en que la ley se ha elaborado "con expertos".
Durante las siete páginas del texto se establece además la creación de una "unidad valenciana de concordia" y de un "catálogo de vestigios", junto a la potestad de dar instrumentos legales a la Generalitat para actuar ante los "casos sin resolver" de localización de víctimas. La administración valenciana también impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas.
