La licitación millonaria de la grúa de València queda desierta

VALÈNCIA. El concurso público para la contratación del servicio de grúa del Ayuntamiento de València no ha suscitado el suficiente interés: ninguna empresa ha concurrido a la licitación. Así consta en el acta de la mesa de contratación del pasado 27 de octubre, en cuyo punto número 19 asegura que "no se ha presentado ninguna empresa al procedimiento", por lo que "no se puede evaluar" ninguna oferta y se "procede a declarar desierto" el concurso.

La licitación ascendía a un presupuesto inicial de 17,5 millones de euros para los próximos cinco años y una de las novedades que recogían los pliegos del concurso es que la adjudicataria puede actuar sobre cualquier vehículo, según destacó en su momento el gobierno municipal. Un cambio de importancia que facultaba a la operadora de la grúa municipal a retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), algo que hasta el momento no podía llevar a cabo.

Según el edil de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, la licitación iba "en la línea de la nueva política municipal para que los acuerdos no condicionen a varias legislaturas", dado que el contrato sólo dura un lustro. Así, la concejal recordó que el contrato firmado por el anterior equipo de gobierno "se había concebido mal y había sido un problema para la corporación". Y es que este es uno de los puntos que convierten la licitación para la contratación del servicio de la grúa tan urgente: su retraso, señalado en reiteradas ocasiones por la Agencia Valenciana Antifraude.

Durante el verano del año 2016, un ejercicio después de tomar las riendas el Govern de La Nau, la entonces edil de Seguridad Ciudadana y ahora portavoz socialista, Sandra Gómez, anunció la resolución de la anterior contrata, que gestionaba UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan, por incumplimiento de los pliegos. En palabras de Gómez, esto era una "patata caliente" del anterior gobierno cuya contrata, además, había empeorado el servicio y había incumplido las condiciones pactadas. Sin embargo, no fue hasta mitad del mandato, en octubre de 2017, cuando se hizo efectiva la rescisión. Una maniobra que costó al consistorio una indemnización de 2,5 millones de euros en su momento.

La intención del consistorio era poner en marcha otro concurso público. Proceso que se ha ido demorando hasta que se han cumplido tres años. Pero durante todo este tiempo, la UTE ha estado prestando el servicio, puesto que el consistorio lo entiende necesario e irrenunciable en una ciudad como València. De modo que ha estado prorrogando la contrata sine die y pagando a la unión de empresas religiosamente 363.000 euros mensuales mediante reconocimientos de obligación. En total, más 12 millones de euros desde entonces.

Como publicó Valencia Plaza, Antifraude investiga si la compañía ha percibido dinero por encima de los servicios prestados en la práctica. La Agencia asegura que el consistorio "estaría manteniendo en activo el servicio [...] cuya intensidad de uso se ha reducido de manera muy sustancial en los servicios prestados, pero sigue abonando por dicho servicio unas contraprestaciones económicas mensuales fijas". Un pago, que, dice la Agencia, "no resultarían jurídicamente procedente", al retribuir "cantidades que no corresponderían con las prestaciones efectivamente realizadas".

Además, se estima una cantidad considerablemente superior a la que la UTE estaba percibiendo dentro de contrato. Así, por ejemplo, en los cuatro meses posteriores a la rescisión del contrato, el Ayuntamiento pagó 2,1 millones de euros por un servicio que, en el mismo período del ejercicio anterior, con contrato, había costado 1,3 millones. Esto supuso, por tanto, pagar un 60% más.

Ante esta situación, la Agencia Valenciana Antifraude instó hace más de un año al Ayuntamiento a que pusiera en marcha el concurso público correspondiente "con la mayor celeridad posible", como publicó este diario. El organismo que dirige Joan Llinares insistía en la necesidad de sacar la licitación pública y acabar así con los pagos fuera de contrato a la mencionada UTE. Así se hizo, pero ahora la falta de concurrencia ha echo que quede desierto. El consistorio deberá iniciar otro proceso de contratación y, por tanto, continuará pagando a la actual operadora sin contrato.