VALÈNCIA. "Name and shame" es un concepto inglés para definir el señalamiento público a una persona, empresa o similar cuando ha incurrido en un comportamiento incorrecto o ilegal. La Agencia Antifraude ha decidido aplicarlo a sus rebeldes. Aquellos que hacen caso omiso a sus recomendaciones, con lo que considera argumentos poco justificados, una o más veces. Porque hay reincidentes. El presidente de la entidad, Joan Llinares, destaca que la mayoría de administraciones tratan de aplicar las sugerencias de buena gana, pero lo cierto es que hay algunas que no. Y de todos los colores. 

Aunque la ley le permite hacerlo, Antifraude ha incluido por primera vez en una memoria, la de 2022 –y la cual entregó ayer martes a Les Corts–, una lista del sonrojo. Debido a que la agencia tiene una capacidad de actuación limitada, parece que la intención es que, al menos, conste en algún lugar. En total, han sido 14 administraciones y entes públicos los que no han aceptado las recomendaciones de Antifraude en 25 expedientes de investigación concluidos. Se trata de siete ayuntamientos (Benidorm, Torrevieja, València, Alcoi, Gavarda, Tous y San Antonio de Benagéber), la Diputación de Alicante, dos empresas públicas (Gespa, del ayuntamiento de Paterna, y Divalterra, de la Diputación de Valencia), la Generalitat, el Patronato de Turismo Costa Blanca, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (Ivam) y la Fundación Valencia Activa (del Ayuntamiento de València).