La mano de Feijóo dibuja en el PP un modelo de financiación inquietante para la Comunitat 

VALENCIA. La Ponencia Económica y de Administración Territorial redactada para el XVIII Congreso Nacional del PP que se celebrará entre el 10 y el 12 de febrero aborda la financiación autonómica de una manera aparentemente equidistante que, sin embargo, sitúa los intereses valencianos en una lejanía en cierta medida preocupante.

Cabe recordar que el equipo encargado de redactar este documento concentra a varios referentes de regiones con criterios distintos a los que se reivindican en la Comunitat Valenciana, donde todos los partidos en liza han coincidido en exigir la reforma del sistema. Así, aunque la ponencia la coordina el andaluz Javier Arenas, se percibe con claridad la mano del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha encabezado un frente de autonomías –llamado por algunos lobby de la España vacía– que exigen un cambio pero con determinadas premisas que no concuerdan con los intereses valencianos. Estas autonomías son Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

Así, los aspectos más destacados en la redacción de la ponencia –que todavía está en periodo de ser enmendada– en los que se percibe la presión de este grupo de autonomías se centran en remarcar en el nuevo modelo del peso de criterios como el envejecimiento de la población y la dispersión, así como respetar el statu quo actual. 

De esta manera, en el artículo 155 de la ponencia se subraya: "Las necesidades de financiación de las CCAA deberán fijarse atendiendo a sus necesidades reales. Por tanto, se tendrán en cuenta variables que ponderen la población, por estar probada su evolución como un factor de coste, en especial el envejecimiento (ponderando sus diversos grados en función de la edad) o la población en edad escolar; junto con otras que recojan factores físicos que incidan de forma evidente en el coste de la prestación de servicios (dispersión, superficie, insularidad), y que se determinarán en el grupo de trabajo creado en el CPFF para cada una de sus competencias". 

Un párrafo que especifica ciertos criterios correctores, más allá del número habitantes que viene reivindicando la Comunitat Valenciana, dotándoles de un peso en la redacción que, a priori, apunta a la reivindicación de las regiones citadas. Es decir, que aunque son cuestiones a tener en cuenta –de hecho, ya se tienen en cuenta en el actual modelo de financiación–, por el empaque que les da en la ponencia podrían ser prioritarias respecto a otras.

Partir del 'statu quo'

Respecto al mantenimiento del statu quo, algo que desde el Consell se ha rechazado públicamente vía informe de expertos de Les Corts, éste se aprecia claramente en el artículo 157: "Tal y como ha sucedido en todas las reformas del sistema de financiación el punto de partida de la próxima debe contemplar que ninguna comunidad autónoma empeore su posición financiera absoluta como consecuencia de la reforma; porque cualquier ajuste abrupto del sistema tiene un reflejo inmediato en el presupuesto de las comunidades autónomas, al suponer entre el 70% y el 80% de los ingresos presupuestarios de todas ellas". 

La mayoría de expertos que apoyan las tesis valencianas defienden que se debería partir de cero al diseñar el nuevo modelo, ya que partir del statu quo, como se ha hecho en las cinco reformas realizadas desde 1986, supone que las desigualdades en la financiación por habitante se consolidan en cada reforma.   

Así ocurrió en la reforma de 2009, que pretendía corregir las graves desigualdades derivadas del modelo de 2002 pero que apenas mejoró la situación de las comunidades más desfavorecidas, entre ellas la valenciana, ya que el 90% del sistema de reparto de 2002 se mantuvo.

Otro guiño de Feijóo y dos artículos contra Cataluña

No son las únicas líneas donde se ve la influencia del presidente gallego. El artículo 155, por ejemplo, explica: "La evaluación de las necesidades reales deberá realizarse de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la asistencia sanitaria y los gastos sociales". Una premisa válida para todas las regiones.

Sin embargo, posteriormente, añade: "En ella, deberán considerarse de manera especial las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia y revisarse, con el máximo detalle, la dinámica de crecimiento del gasto sanitario, sus indicadores y los índices que determinan la población protegida equivalente". Una afirmación esta última que coincide casi letra por letra con una reivindicación que ha venido haciendo Feijóo en los últimos tiempos: la creación de una "pieza separada" sobre financiación sanitaria y el crecimiento en el gasto en este ámbito.

Por otro lado, el documento de tres páginas contiene dos artículos dedicados específicamente a Cataluña aunque sin citarla. Así, el apartado 152.1 insiste en que el proceso "no puede excluir a ninguna de las CCAA" y tampoco puede ser "el resultado de negociaciones bilaterales previas que después se trasladan al conjunto de CCAA". En esta línea, el 152.2, se subraya que la financiación y la citada reforma no puede ser utilizada "como elemento para la consecución de objetivos políticos diferentes de los que corresponden" del ámbito de negociación.

La Ponencia Económica y de Administración Territorial está encabezada por el andaluz, Javier Arenas, y cuenta con con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo; su homólogo riojano, José Ignacio Ceniceros; el responsable del PP vasco, Alfonso Alonso, y el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.