La Marina devuelve terrenos sin uso al Puerto al no poder pagarle las tasas tras la salida del Gobierno

VALÈNCIA. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia dará luz verde este viernes a una resolución para modificar la autorización administrativa del Consorcio Valencia 2007, lo que implicará la reducción de la superficie cedida en 2013 por el Puerto al organismo que gestiona La Marina de Valencia, creado en su momento para gestionar el espacio por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.

La condonación de los 400 millones de deuda que arrastraba el Consorcio después de la celebración de la Copa América supuso que el Ejecutivo central abandonara el ente. Mediante el convenio firmado en 2013, la Autoridad Portuaria de Valencia cedía los terrenos que ocupa La Marina al consorcio para que gestionara el recinto y pagara de esta manera la deuda originada por la celebración deportiva

Por ello, tras haberse saldado toda la deuda y haber comunicado el Ministerio de Hacienda el abandono del consorcio, el Gobierno proponía que sustituyera su puesto el Puerto y considera extinto el convenio de hace nueve años, lo que ha dado lugar un impás que ya está teniendo consecuencias, como publicó este jueves eldiario.es. Así, el Puerto ya ha comunicado su intención de dejar sin efecto la concesión a 35 años que recogía el convenio y su idea es que se vaya renovando anualmente.

De hecho, como publicó Valencia Plaza, la Autoridad convocó al Ayuntamiento de València a una comisión técnica para revisar el convenio de 2013. Planteamiento que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, aceptó pero instó a integrar también a la Generalitat Valenciana en este sentido.

Este impás jurídico deja en una situación difícil al consorcio, que dirige Vicent Llorens, que todavía no se ha liquidado pero sigue gestionando el espacio. En primer lugar, porque una renovación anual de la concesión dificulta mucho al ente la realización de nuevas inversiones en estos espacios y provoca inseguridad jurídica en la adjudicación de contratos y de concesiones por parte del consorcio, e incluso obstaculiza la llegada de fondos europeos para mejorar las instalaciones ocupadas por La Marina.

Pero además, al estar La Marina sobre terrenos que son del Puerto, la Autoridad que preside Aurelio Martínez empezó el año pasado a reclamarle el pago de tasas por valor cercano a los dos millones de euros, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la situación. Un coste que el consorcio no puede asumir por ocupar espacios sin utilización real. Lo que ha provocado que el organismo haya renunciado a la concesión de esta cantidad de suelo y haya decidido devolvérselo a la Autoridad Portuaria para ahorrarse estas tasas.

En ese sentido, el organismo continuará manteniendo aquellas instalaciones y espacios cuyas concesiones le permitan mantener su actividad, pero se ha visto obligado a renunciar a la gestión de algunas dependencias como el Biohub. Será el Puerto a partir de ahora el que se encargue de la gestión de estos proyectos.

El conflicto por los nuevos estatutos

Próximamente el consorcio tiene previsto citar su órgano rector al objeto de consumar la salida efectiva del Ministerio de Hacienda y fijar su liquidación, para a continuación legalizar la entrada de la Autoridad Portuaria de València y, a partir de ahí, aprobar unos nuevos estatutos que alumbren un nuevo organismo para gestionar el espacio. Pero todavía no hay acuerdo.

Así pues, el desacuerdo entre el gobierno municipal de València, representado por el alcalde Joan Ribó, y el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, reside en dos enmiendas presentadas por el Ejecutivo central al borrador de estatutos que ya habían acordado ambas administraciones el pasado mes de octubre. 

Una de ellas se refiere al mantenimiento de las competencias por parte del Puerto de todo el espacio de la Marina catalogado como zona de dominio público portuario, de manera que el nuevo consorcio no podría hacerse cargo de dicho espacio pese a que una parte es de la ciudad. La otra enmienda consistía en mantener el derecho de veto para la Autoridad Portuaria, representante en último término también del Gobierno. Esto es, que las decisiones deberían tomarse por unanimidad en lugar de por mayoría.

En ese sentido, Ribó desconvocó la reunión prevista a finales de octubre del consejo rector de La Marina debido a estas enmiendas de última hora y consideró que se ha de caminar hacia unos estatutos "en unas condiciones que ya no son las de pagar una deuda sino las de continuar gestionando este espacio, la Marina, formado tanto por terrenos de dominio público patrimonial como portuarios".

En ese sentido, en el consistorio consideran que el Puerto no puede entrar a formar parte del organismo con las mismas condiciones con las que contaba el Gobierno, puesto que las circunstancias, como dijo el alcalde, no son las mismas. Y en ese sentido, señala el Ayuntamiento, carecería de motivo la posibilidad de veto para la Autoridad Portuaria cuando se trata de espacios abiertos y utilizados por la ciudadanía y cuyo uso no se va a dedicar a saldar la deuda del consorcio.