El presidente del Puerto, Aurelio Martínez, y el alcalde, Joan Ribó. Foto: Jorge Gil/EFEVALÈNCIA. El Puerto de València ya busca analizar la repercusión del pago de la deuda de La Marina en el futuro del enclave. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha convocado al Ayuntamiento de València para examinar cómo quedan los acuerdos suscritos hace casi nueve años sobre la cesión de terrenos de La Marina al consistorio y al Consorcio Valencia 2007, una vez ya se ha saldado la deuda de este último organismo.
El pasado 30 de diciembre, la Autoridad Portuaria remitió al consistorio que dirige Joan Ribó una comunicación en la que propone "la creación de un grupo de trabajo" conformado por técnicos de ambas entidades para que "analicen los efectos" del pago de la deuda del Consorcio en los mencionados convenios y que dicha comisión "proponga las actuaciones que sea necesario desarrollar". El escrito, al que ha tenido acceso este diario, plantea cuatro componentes a modo de representación del Puerto, de manera que la Autoridad queda a la espera de que la aceptación del consistorio y del nombramiento de sus técnicos.
El Consorcio, formado por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, solicitó un préstamo de 320 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar las obras de la Copa América de 2007. Más tarde, en 2013, Puerto y Ayuntamiento acordaron la cesión gratuita de los terrenos de La Marina a la ciudad, con la condición de que el Consorcio los explotara durante 35 años para garantizar la devolución del préstamo.
Ahora, cuando las tres administraciones que constituyen el Consorcio han convenido saldar su deuda total de casi 500 millones -el Gobierno ha acabado condonando los 380 millones del ICO-, el Puerto que preside Aurelio Martínez convoca al Ayuntamiento para estudiar "los efectos" que ello tiene en los acuerdos sobre los terrenos de La Marina.
Hay que recordar, en este sentido, que el Consorcio Valencia 2007 está en una suerte de impás administrativo: el Gobierno central ha abandonado de facto el organismo tras acordar la liquidación de la deuda, pero desde noviembre persiste el conflicto con el Ayuntamiento de València por el diseño de los estatutos del nuevo consorcio, en el que el Puerto tomará el relevo de la representación estatal. Disensión que, según fuentes consistoriales consultadas por Valencia Plaza, no se ha resuelto por el momento.
Así pues, el desacuerdo entre el gobierno municipal de València, representado por el alcalde Joan Ribó, y el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, reside en dos enmiendas presentadas por el Ejecutivo central al borrador de estatutos que ya habían acordado ambas administraciones. Una de las cuales, precisamente, se refería al mantenimiento de las competencias por parte del Puerto de todo el espacio de la Marina catalogado como zona de dominio público portuario, de manera que el nuevo consorcio no podría hacerse cargo de dicho espacio.
La otra, no de menor importancia, consistía en mantener el derecho de veto para el nuevo miembro del consorcio, la Autoridad Portuaria, representante en último término también del Gobierno. Esto es, que las decisiones deberían tomarse por unanimidad en lugar de por mayoría, como estaba acordado inicialmente en el borrador de estatutos del nuevo consorcio.
En ese sentido, Ribó desconvocó la reunión prevista a finales de octubre del consejo rector de La Marina debido a estas enmiendas de última hora. El alcalde consideró que se ha de caminar hacia unos estatutos "en unas condiciones que ya no son las de pagar una deuda sino las de continuar gestionando este espacio, la Marina, formado tanto por terrenos de dominio público patrimonial como portuarios".
El primer edil dijo que "el Consorcio siempre ha gestionado tanto el dominio público patrimonial, es decir, lo municipal, como el dominio portuario". "Nosotros velamos por los intereses de la ciudad en La Marina y pensamos que no podemos renunciar a esta cuestión", sentenció en este sentido.
Y aseveró por otro lado que, una vez el Gobierno saliera del consorcio, tampoco era lógico que se mantuviera el derecho de veto, en este caso del Puerto, en el consorcio. "Entendemos que antes -el Gobierno- tuviera derecho a veto porque había una deuda y unas obligaciones, pero solucionada por fin esta cuestión, consideramos que deberíamos ser responsables del futuro de La Marina, sin tutelas innecesarias", subrayó el alcalde.
