La nueva ley de Renta de Inclusión generará un retorno a los valencianos de 1,12 euros por cada euro invertido

VALÈNCIA. La futura ley de Renta Valenciana de Inclusión, además de cumplir su objetivo de lucha contra la pobreza, producirá un retorno en la economía en su conjunto, de manera que cada euro invertido en esta prestación, generará un retorno en la sociedad valenciana de 1,12 euros y también más de 3.000 puestos de trabajo, desde su puesta en marcha hasta su implantación plena en el año 2020.

Estos datos aparecen reflejados en un informe presentado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el pleno del Consell del estudio realizado por el departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universitat de València sobre el impacto económico que tendrá la aplicación del proyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión, que en estos momentos está en trámite parlamentario. 

Dicho informe concluye que con la nueva renta de inclusión, la Comunitat Valenciana estará entre las cinco con más cobertura de España y tendrá un efecto generador de riqueza que superará los 200 millones de euros y supondrá un paso más en el modelo de economía social que está impulsando el Consell.

Así, según el estudio, con la puesta en marcha de esta renta, la Comunitat Valenciana va a pasar de ser la penúltima de España en tasa de cobertura a situarse entre las cinco primeras, puesto que con la actual prestación de garantía, la inversión per capita del Consell se quedaba en 6,45 euros, y ahora se elevará hasta los cerca de 50 euros (49,73), lo que lleva a la Comunitat de la penúltima a la cuarta posición en el conjunto del Estado.

El documento pone de relieve que la crisis económica ha afectado gravemente a la población, fundamentalmente a los desempleados, pero también a los trabajadores de menor salario y a los pensionistas, y que la renta garantizada de ciudadanía, vigente actualmente, tiene una tasa de cobertura muy alejada de la media, lo que hace necesaria una nueva prestación como la de inclusión, que colocará a la Comunitat Valenciana entre las autonomías avanzadas en este ámbito.

El estudio de la Universitat estima que el 61 por ciento del gasto neto que los ciudadanos que perciban esta renta hagan se quedará en las empresas valencianas, y se espera que tenga un efecto multiplicador en la producción que en el año 2020, cuando la nueva ley esté aplicada en su totalidad, podrá superar los 200 millones de euros, lo que supone un retorno en este ámbito productivo de 1,4 euros por cada euro invertido. 

Un retorno que también se producirá en la economía en su conjunto de manera que cada euro invertido en esta prestación, generará un retorno en la sociedad valenciana de 1,12 euros, de los 0,99 serán a través del consumo, y 0,13 a través de la recaudación vía impuestos.

El estudio refleja también el efecto sobre la creación de ocupación, con una estimación de que se puede llegar a generar más de 3.000 puestos de trabajo, 2.213 directos, 678 indirectos i 175 inducidos, desde su puesta en marcha hasta su implantación plena en el año 2020.

El proyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión que regula la puesta en marcha de una nueva prestación y que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, es una apuesta desde el derecho subjetivo, que destierra prácticas caritativas y asistenciales mediante el reconocimiento del doble derecho: la garantía de ingresos mínimos y la inclusión social.

Se trata, por lo tanto, de un proyecto de ley abierto a las nuevas realidades sociales y dirigido tanto a las personas en situación de exclusión por carencia de ingresos económicos, como a aquellas que perciben una prestación o ingresos del trabajo insuficiente.

Beneficios de la nueva renta

Al respecto, la nueva normativa se basa en el principio de igualdad y no discriminación, concebido desde la necesidad de las personas y por eso amplia el tiempo de cobertura y establece requisitos accesibles. Al mismo tiempo, introduce novedades significativas como la de contemplar la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una carencia de dos.

Además, entre la flexibilización de los requisitos de acceso a la nueva prestación de renta cabe destacar que será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, y la ampliación de la edad de para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.

El proyecto de ley también prevé la creación de distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

De esta forma, el importe de ésta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros. 

Entre las mejoras que recoge el texto, se incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, así que la persona que sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.

Además, con esta norma se simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que serán los ayuntamientos los que se encarguen de hacer las valoraciones de las personas demandantes de la renta, y los servicios centrales de la Conselleria se encargarán de la gestión, logrando así que los equipos municipales puedan centrarse en hacer intervención sobre el terreno.