La nueva PAC traslada los costes medioambientales de producción sostenible a los agricultores

BRUSELAS. Mientras la Unión Europea (UE) sigue firmando contratos de libre comercios con países terceros que les permiten importar sin aranceles, la nueva Política Agraria Común (PAC) impone nuevos costes de producción con criterios medioambientales a los productores. El Consejo de Agricultura discutirá la próxima semana con los ministros de los Estados miembros los planes estratégicos de los Estamos Miembros, para incluir la biodiversidad y la estrategia “De la granja a la mesa” a un nuevo marco legislativo.

A la espera de la ratificación de la nueva PAC por el Parlamento Europeo el próximo mes de noviembre, el 1 de enero de 2022 deben estar presentados los planes estratégicos nacionales. El principal problema es el proceso de debates abiertos a todo el sector, en el que España ya está trabajando. También hay problemas en la fijación e intención de la Comisión para establecer los valores nacionales con vinculación en biodiversidad y en la estrategia “De la granja a la mesa”. Se exige que, al menos, sean orientativos.

De otro lado, la revisión de la PAC, apuntan fuentes oficiales del Consejo, implican una revisión de las normas de comercialización de determinados productos. Un ejemplo serían las llamadas “Directivas del desayuno”, que regulan productos como el café, el cacao o los cereales. Algunas de estas norma están obsoletas. y se pretende una revisión de las mismas para recoger los avances tecnológicos y las prioridades que la sociedad se planteará con la revisión. El objetivo es que se sigan unas pautas para que sean válidas y no generen mas confusión por el exceso de regulación y no por el valor de diferenciación del producto.

Frutas y hortalizas

En este sentido, se insiste en que la norma genere un valor añadido y que se imponga ese coste económico a la parte del productor. Estas normas afectarán a algunos productos interesantes para España, como los proteicos. En concreto, afectarán a la aceituna, huevos, frutas y hortalizas, más los de carne de ave y leche, con normas de comercialización de productos ganaderos y agrícolas. Además de las ya citadas Directivas del desayuno.

Se trata de un elenco de normas dispersas y heterogéneas, por lo que el interés está en armonizarlas e introducir el concepto de sostenibilidad. Queda por decidir cómo se traslada al producto y cómo ese criterio de sostenibilidad. Sobre todo cuando se aplica al siempre debatido origen del producto o si afecta en el transporte a la huella de carbono. También se aplicará a la nueva estrategia de bienestar animal para productos ganaderos, con objeto de que generen una diferenciación del producto y no un rechazo del consumidor de productos perfectamente válidos.

Las normas de comercialización buscan la diferenciación de productos que cumplan con esas normas, como ocurre ya con el huevo y su diferenciación por lugar de crianza y puesta. El estudio de impacto determinará la parte económica de la sostenibilidad para que se tenga muy en cuenta, aunque pueda implicar en una repercusión al consumidor.

Este paquete de medidas legislativas se enmarcan en la lucha contra el cambio climático y el programa “Fit for 55”, con alcance a la agricultura, el sector de fertilizantes y el sector forestal de productos madereros y no madereros. Por ello, también se debatirán los objetivos para España y, en especial, para que se evite la deslocalización de alimentos hacia otros países con menos exigencias y menos costes.

Aquí entran las normas de comercio, porque si las exigencias de producción son muy altas y no se pone un mecanismo en control de frontera, las empresas marcharán a producir hacia terceros países. Esta posición la lideran España y Francia, para su defensa en el Consejo de ministros de Agricultura.

Compensaciones económicas

Las nuevas estrategias requieren una forma de producir más exigentes con el uso de productos fitosanitarios que deben compensar al productor por esos costes extra. “El plan estratégico de la PAC que presente España intentará, cuando se traslade el coste al productor, instrumentalizar herramientas para compensar esos mayores costes”, explicaron fuentes de la delegación española en Bruselas.

En el horizonte está el tema de la competencia desleal, denunciando reiteradamente por el sector agrícola valenciano, “por la diferencia de la forma de producir respecto a terceros países, promocionando el modelo europeo de producción agrícola y estableciendo mecanismos en frontera”, añaden estas fuentes. Esta posición se defenderá en la próxima presidencia francesa del Consejo, para conseguir esa reciprocidad entre productos de terceros países y los europeos, y evitar esa deslocalización por mayores costes de producción o eficiencia en el proceso.

Otro factor que se debatirá será el de educar al consumidor para que elija qué tipo de producto quiere, sin que prevalezca el factor precio. El principal problema está en que, si los instrumentos de ayuda al productor no funcionan, éste trasladará los costes de producción al consumidor. Este doble debate está abierto ahora mismo y España ya lo ha trasladado a la Comisión, con una declaración  del Consejo sobre el sistema de producción europeo.