VALÈNCIA. (EP). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado tres décimas al alza su previsión de crecimiento económico para España en 2017 respecto a las que apuntaba el pasado mes de junio, hasta el 3,1% y ha empeorado una décima el ritmo de expansión para 2018, al situarlo en el 2,3%, según se desprende de la última actualización de previsiones económicas del organismo internacional.
"El crecimiento económico ha sido sólido y equilibrado en 2017", señala el documento, que indica que España crecerá por encima del 3% en 2017 (3,1%) por tercer año consecutivo, superando a la mayoría de los países de la zona euro e indicando un patrón de crecimiento más equilibrado que en los años anteriores a la crisis.
No obstante, la OCDE prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en España se modere al 2,3% en 2018 y al 2,1% en 2019, a medida que se desacelera el ritmo de crecimiento de la demanda interna, ya que el efecto expansivo de la demanda reprimida y otros factores de apoyo temporales, como los bajos precios del petróleo o los bajos impuestos irán desapareciendo.
Además, la OCDE alerta de que la persistencia de las tensiones entre los gobiernos central y el regional de Cataluña podrían reducir "significativamente" la confianza de los consumidores y de las empresas, lo que afectaría a la demanda interna española por encima del nivel previsto.
Al mismo tiempo, apunta al impacto negativo que podría tener un aumento del proteccionismo en el comercio internacional o unas consecuencias más perjudiciales de las estimadas del Brexit, como otros factores que podrían empeorar la demanda interna en España. Al contrario, podría impulsarse más de los esperado si la desaceleración del ritmo en la creación de empleo se modera o por un aumento en la demanda en Europa, el principal destino de las exportaciones del país.
Respecto al comercio exterior, la organización internacional señala que el aumento de la competitividad continuará respaldando las exportaciones, aun cuando el crecimiento de la demanda externa disminuya levemente. Así, aunque pronostica que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento disminuirá, la cuenta corriente se mantendrá en superávit.
Asimismo, la OCDE proyecta que la inflación, que la sitúa en el 2% para 2017, caerá al 1,3% en 2018, antes de recuperarse hasta el 1,6% en 2019. "La inflación aumentará lentamente a medida que se cierre la brecha del producto, pero seguirá siendo moderada", sostiene el organismo.
Por otro lado, el grupo que reúne a 35 países de todo el mundo destaca en su informe que, aunque la tasa de desempleo está disminuyendo, continúa siendo elevada entre jóvenes y desempleados de larga duración.
"Se debe reducir la brecha entre los costes de finalización de contratos fijos y temporales, para minimizar la dualidad del mercado laboral y mejorar la calidad del empleo, que se ha deteriorado durante la crisis", subraya la OCDE.
De igual modo, pide un mejor diseño y focalización de las políticas activas del mercado de trabajo, así como un mejor acceso a la educación y formación profesional, lo que podría ayudar a los trabajadores poco cualificados a mejorar sus perspectivas laborales y reducir así las desigualdades.
La OCDE prevé que España cierre 2017 con una tasa de paro del 17,2%, tres décimas por debajo de la previsión anterior, y que en los próximos dos años se reduzca hasta el 15,4% y el 14%, respectivamente. Según apunta, aunque sigue siendo muy elevada, experimentará uno de los mayores descensos hasta 2019 entre los Diecinueve.
"La fuerte ganancia de empleo apuntala los ingresos de los hogares y el sólido gasto de los consumidores. La inversión empresarial también continúa creciendo respaldada por la mayor confianza y los mejores márgenes en los beneficios", dice la OCDE. Un indicador de que el empleo ha mejorado, unido a unas condiciones de financiación favorables, es el aumento de la inversión residencial, indica el organismo.
"Para mejorar el crecimiento de la productividad en España, se deben priorizar las reformas estructurales adicionales para fomentar la inversión en innovación y aumentar las habilidades de la fuerza de trabajo", subraya el documento.
Las empresas y los hogares españoles han reducido su deuda combinada en aproximadamente el 55% del PIB desde mediados de 2010. Sin embargo, el desacapalancamiento "no es completo", especialmente entre las empresas del sector de la construcción y los hogares de bajos ingresos.
El sistema bancario, de su lado, es "más sólido", pero aún se enfrenta a ciertos desafíos en el medio plazo debido a la baja demanda de crédito y a los mínimos niveles de rentabilidad. "Los préstamos morosos han disminuido de una forma muy marcada, pero se mantienen relativamente altos en algunas entidades financieras", declara el organismo.
Ante este escenario, la OCDE pide que se continúe con el fortalecimiento de los balances bancarios, con el objetivo de reducir los riesgos de limitaciones de suministro de crédito a medio plazo.
"La política monetaria acomodaticia de la zona del euro seguirá respaldando el crecimiento, pero la posición fiscal será, en términos generales, neutral, lo que permitirá que el índice de deuda pública disminuya ligeramente", explica la OCDE.
En este orden de cosas, el organismo internacional prevé que el déficit presupuestario disminuya al 3,2% del PIB en 2017, una décima por encima del pronóstico anterior. Al mismo tiempo, pronostica que se situará en el 2,4% en 2018 y en el 1,5% en 2019. Estas cifras, no obstante, se sitúan por encima de las pactadas por el Gobierno con la Unión Europea, que se sitúan en el 3,1% para 2017 y el 2,2% en 2018.
"La postura fiscal ampliamente neutral prevista para los próximos dos años es apropiada, ya que equilibra la necesidad de un crecimiento continuo y creación de empleo con la sostenibilidad de la deuda pública", asevera.
Así, con la idea de garantizar la reducción constante de la "elevada" proporción de deuda pública respecto al PIB, el Gobierno deberá atenerse a sus objetivos fiscales a medio plazo, especialmente en términos estructurales.
La OCDE prevé que la deuda bruta del Gobierno se sitúe en el 116,8% del PIB este año, y se reduzca hasta el 116% en 2018 y al 114,4% en 2019. La deuda sobre PIB medida según los criterios de convergencia de Maastricht se situará en el 98,6% en 2017 y se reducirá al 97,2% y al 95,7% en los próximos dos años.