El pasado 10 de octubre, la policía foral de Navarra recibía una llamada. Una mujer había hallado el cadáver tiroteado de su hermano y el de otro hombre. «Le había amenazado de muerte», dice en medio de una crisis nerviosa. Sin datos oficiales ni un marco legal específico, la violencia intragénero es casi un tabú
VALÈNCIA.-Artur tardó casi tres años en denunciar a su agresor. Se casaron al año de relación y establecieron su idílica vida en el piso de la víctima. Los celos, reproches y el mal humor se convirtieron pronto en ataques físicos. «En una de las primeras agresiones me lanzó un plato de cocina a la cara. Me dejó una cicatriz enorme. En el coche me agredió con un cenicero. Era habitual que fuera con la cara marcada, pero lo ocultaba a mi familia y amigos. ¿Cómo podía decirles que aquella pareja idílica era una farsa?». Ahora sabe que lo fue desde el principio. Su marido buscaba regularizar su situación legal y económica. «Hay muchos aprovechados en este mundo, pero este además era un agresor».
Aquellas palizas de los dos primeros años de matrimonio fueron poco comparadas con lo que Artur comenzó a sufrir en el momento que quiso poner punto final al maltrato. «En una ocasión y con testigos delante, me lanzó dos jarrones de cemento con la suerte de que no me dieron. Dejó la casa destrozada. En aquella ocasión decidí denunciar». Lo hizo, pero su marido siguió en casa porque tras un juicio rápido, la única pena que le cayó fue de tres meses de prisión y una multa de cincuenta euros. «No se tuvo en cuenta el agravante de violencia en el ámbito familiar», dice Artur, y su marido pediría sus derechos de cónyuge. Harían falta otras dos denuncias, con parte de lesiones incluido en ambos casos, para que su petición de socorro surtiera efecto.
Tras la última paliza, llamó a la Policía, pero su agresor huyó. Estando en busca y captura una noche volvió a casa. «Rompió la cerradura y logró entrar aún no sé con qué propósito. Conseguí avisar a los agentes, y por suerte acudieron rápido y se lo llevaron». Desde entonces han pasado casi cuatro años, un divorcio de por medio en el que no hubo separación de bienes, y la larga espera para la fecha de juicio por estas agresiones en cuestión. Mientras llega, Artur ha rehecho su vida, aunque dolido y desconfiado. «He vivido con miedo, llegando incluso a compadecer a mi agresor; me he autoinculpado, pero, sobre todo, he sufrido muchísima vergüenza. Si no hubiera encontrado una mano tendida no sé cómo habría acabado todo».
Esa mano fue la de Isabel González, psicóloga, asesora en violencia intragénero, y autora de un estudio de campo con más de 900 entrevistas sobre esta realidad. Comenta que, en 2009, trabajando en asistencia psicológica en la Fundación Triángulo de Madrid, llegó un chico con el brazo en cabestrillo. Hablando con él se dio cuenta de que era una víctima de agresiones físicas por parte de su pareja, pero cuando quiso derivarlo a un servicio que le pudiera dar asistencia vio que tal recurso no existía. «En aquel momento me di cuenta de lo importante que era visibilizar esta situación. A mi consulta llegan muchos casos, pero apenas hay estudios al respecto ni mucho menos un protocolo de actuación o un marco legal que pueda dar cobertura a las víctimas. En 2014 comencé a realizar el acopio de testimonios y entrevistas desde la entidad Cogam. Me reuní con sindicatos, entidades, universidades y el gobierno de Madrid para desarrollar un proyecto específico sobre violencia intragénero». Aquel primer borrador nunca llegó a terminarse, pero en estos momentos, González indica que está trabajando con la asociación Arcopoli en la elaboración de un programa integral coordinado a nivel nacional.
En su estudio de campo, el 26,56% de los encuestados hombres había sido víctima de agresiones en el ámbito de su pareja, frente al 33,85% de mujeres que la había sufrido. El 62% de los entrevistados conocía a alguien cercano que estaba sufriendo abusos por parte de su pareja del mismo sexo, y un 16% decidió, a pesar del maltrato físico, continuar con la relación. «Hay unos patrones que explican este dato: el chantaje emocional, el miedo a que se desvele su homosexualidad a la familia y a su entorno porque aún no han salido del armario o la dependencia económica o emocional respecto del agresor o la agresora», explica Isabel.
En 2010, la asociación vasca Aldarte realizó una investigación de ámbito estatal con 110 encuestas. El 17,3% de las respuestas de hombres y mujeres procedían de la Comunitat Valenciana. En este estudio, el 30,8% de los encuestados afirmaba haber sufrido agresiones físicas en el ámbito de la pareja, un 52,3% amenazas verbales, y un 46,2% humillaciones públicas. Solo un 9,2% había interpuesto denuncia porque el apoyo principal para salir del problema era la red de amistades o familiares.
Los datos se llevaron ese mismo año ante el Congreso de los Diputados con la intención de que fuera revisada y ampliada la Ley de Violencia de Género que se había aprobado en el año 2004, pero no fue así. Inmaculada Múgika, psicóloga y sexóloga de la entidad, señala en una entrevista telefónica desde Bilbao que «la situación se está empezando a reconocer ahora porque en aquel momento parecía cosa de locos y el colectivo tenía otras prioridades. Necesitamos un diagnóstico para saber hasta dónde alcanza esta realidad y poner recursos públicos para llevarlo a cabo. A mí este limbo legal me recuerda al momento de la votación de la ley sobre el matrimonio igualitario, pero planteada la igualdad real en el Código Civil entre las parejas heterosexuales y las parejas LGTBI. Consideramos que esta igualdad real y efectiva tiene que alcanzar al resto de leyes y códigos».
Lo que apunta Múgika es lo que denuncian víctimas como Clara, atrapada en un complejo divorcio con un hijo menor de por medio. Un proceso que dura casi un año y en el que, a pesar de las denuncias, no se ha emitido una orden de alejamiento y el pequeño continúa en régimen de custodia compartida. Su caso, según los expertos, en el mejor de los supuestos será juzgado bajo el marco de la Ley de Violencia Doméstica del año 2003 porque hay posibilidad de acreditar la convivencia, pero ni ella ni su hijo tienen acceso a medidas de protección integral como las que contempla la Ley de Violencia de Género, tanto para la víctima como para sus descendientes, especialmente las relativas a la protección inmediata, la guarda y custodia con apoyo psicológico, económico y social, entre otras. Y lo que más le pesa a Clara: «Cada uno de mis procesos va por diferentes vías porque a diferencia de un caso de violencia de género, en el mío, los procesos no son acumulativos y el civil va desligado del penal. El divorcio, las denuncias, el régimen de bienes y la custodia. Eso supone que no tengo garantizado a un único abogado de oficio, por lo que una y otra vez tengo que volver a contar mi caso, a mostrar las pruebas y a revivir todo este infierno», indica.
Manuel Ródenas es abogado que conoce de cerca varios casos como el de Clara. Señala que a día de hoy «las víctimas de violencia intragénero son de segunda. No hay una legislación adaptada; los casos se tratan como una coacción, vejación o lesiones, que se quedaban en faltas hasta la última reforma del Código Penal, y ahora en un delito leve, que se sanciona habitualmente con multas muy bajas», señala. Son tan bajas que, hasta el momento, el único hogar de acogida existente para víctimas de violencia intragénero está en Madrid y lo ha puesto en marcha este abogado. La Fundación Eddy G, de la que es director Ródenas, tiene doce plazas para hombres y mujeres que sufren violencia familiar por su orientación sexual, LGTBfobia o violencia en pareja. Además de tener asegurado un techo durante un año, la entidad ofrece a sus usuarios toda una red de recursos psicosociales, desde orientación laboral a terapia psicológica gratuita, que son igual de fundamentales a la hora de salir del atolladero de una relación violenta.
Desde València, Néstor Orejón, abogado perteneciente al grupo de juristas de la Federación de Entidades LGTBI, al igual que Ródenas, remarca la necesidad de poner al alcance de las víctimas recursos gratuitos y que no dependan de la iniciativa privada. «Si una víctima no tiene las mismas garantías de protección, el beneficio de la gratuidad de un abogado durante todo el proceso y las medidas provisionales, y si a esto le añadimos la falta de formación de todos los actores involucrados, desde jueces, policías a técnicos sociales, pues no es de extrañar que a las víctimas les cueste denunciar».
«Era habitual que yo fuera con la cara marcada, pero lo ocultaba a mi familia y amigos. ¿Cómo podía decirles que aquella pareja idílica era una farsa?»
Y cuando deciden dar el paso, las denuncias por violencia intragénero no se registran como tal porque no están tipificadas. Los diferentes cuerpos de policía piden que se elabore una casilla específica para que puedan comenzar a contabilizarlas y así, analizar el impacto de este tipo de violencia. Arantxa Miranda, de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, explica que las denuncias se recogen como Violencia Doméstica, «y solo en los casos en los que la víctima especifica que ha sido su pareja quien la ha agredido. En muchísimos supuestos, se da por una pelea de compañeros o compañeras de piso, o por una reyerta en un bar cuando en realidad ha sido una agresión dentro de la pareja. Por ello, es urgente trabajar en un protocolo en el que la policía se pueda desenvolver y, por otra parte, las víctimas sepan identificar que son víctimas y se animen a dar el paso para denunciar. Necesitamos que se dé una salida del armario en este sentido», indica.
José Perelló es inspector de Policía Nacional y su trabajo de fin de máster para ese cargo fue una investigación sobre la formación de los agentes en materia de violencia intragénero. Desde Melilla señala que en su estudio entrevistó a compañeros de cuerpo de toda España, de los que un 51,3% asegura que ha intervenido en al menos un episodio de violencia intragénero, y el 65% afirma que existe la necesidad de elaborar un protocolo de actuación urgente. «En el trabajo recojo las propuestas que se han realizado al respecto en otros países como Canadá, Reino Unido, Australia o EEUU. Me pareció interesante que ahí exista una figura que se llama liaison officer, un oficial de enlace a través del que se canaliza cualquier delito vinculado al colectivo LGTBI». Esta figura ha demostrado ser altamente resolutiva en los casos de violencia intragénero, tal y como señala el informe de 2018 de la unidad de policía de Queensland (Australia), llevado a cabo en cuatro países, en el que se apunta que, gracias al policía de enlace se logra en primer lugar, ganar la confianza de la comunidad LGTBI, tener una respuesta inmediata a través de una centralita especializada las 24 horas, a modo de un 016, y por último, se incide en la necesidad de reconocer, denunciar y visibilizar la problemática.
«En estos momentos, si llega un caso de violencia intragénero, no hay una casilla específica en la que registrarlo ni un protocolo de actuación. Si no hay lesiones, o son leves, no hay separación de la víctima; muchas veces nos cuesta discernir en una primera versión quién es la víctima. Tampoco hay recursos específicos a los que derivarla, desde un centro de acogida, ayudas, protección laboral. Si tiene hijos, estos no tendrán prioridad para cambiarles de colegio como medida de protección. A día de hoy, podemos registrar el caso como delito de odio, pero cuando existe un condicionante de pareja, no es lo mismo», indica Miranda desde la Policía Municipal de Madrid. Perelló añade que es una problemática que está a la orden del día, y que un protocolo facilitaría la eficiencia a la hora de abordarla.
Estas peticiones podrían ser una realidad con la entrada en vigor de la Ley de Igualdad LGTBI, que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados desde mayo de 2017. Por primera vez, una normativa aborda explícitamente el tema. En este caso, dedicándole todo un capítulo (el V) en el que se amplía la protección del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal previsto para los casos de Violencia Doméstica, así como el acceso a los derechos que garantiza a las víctimas la Ley de Violencia de Género de 2004.
Charo Alises, abogada del grupo de juristas de la Federación de Entidades LGTBI, quien ha participado en la redacción del borrador, indica que «es fundamental la aplicación de medidas de protección específicas a las víctimas. No estamos ante violencia de género donde la raíz es sexista. Aquí hay una génesis que se basa en el abuso de poder entre otros factores por lo que debe ser también una ley pedagógica donde se forme a todos los operadores involucrados en el proceso, especialmente a los jueces para que sepan ante qué supuestos están». Alises remarca que el proyecto de ley LGTBI se presentó en septiembre de 2016; un año después se anunció a trámite y desde mayo de este año, las comisiones se han ido suspendiendo de forma sistemática. «No se le está dando la importancia que tiene por lo que se nos está acabando la paciencia».
Paralelamente, la Comunitat Valenciana prevé aprobar su propia Ley de igualdad de las personas LGTBI antes de que finalice el año. El anteproyecto, que de momento no tiene enmiendas, recoge en el Artículo 33 (violencia en el ámbito familiar) que «se adoptarán medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo, independientemente de que se produzca durante la relación o una vez finalizada, que garanticen la protección de la víctima, facilitando con ello su independencia física y económica». El director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, añade que «el artículo 13 prevé que la Generalitat tenga un servicio de asesoramiento integral LGTBI, del que una pata podría ser la atención y ayuda a las personas que estén en esta situación, y que se puedan activar además otros recursos de la administración. El catálogo de servicios está por definir, pero la idea es que la víctima, ante el vacío existente, tenga un recurso de asesoramiento y acompañamiento».
Mientras tanto, la atención sigue sostenida en iniciativas privadas. Durante la entrevista, la psicóloga Isabel González recibe la llamada de una mujer desesperada. La derivan desde una entidad colaboradora perteneciente a otra comunidad autónoma. Tiene un bebé de un año y su pareja se ha vuelto muy agresiva, dice llorando. No sabe a quién acudir. González debe realizar una intervención de crisis. Ha avisado a la unidad de Policía Nacional, al abogado y también al teléfono de la mujer. «Lo más probable es que, con la mayor de las suertes, se considere violencia doméstica. ¿Dónde derivar a esta mujer? ¿Será atendida por el 016? ¿Acabará en un albergue para personas sin hogar?». Dos cifras negras más de esta violencia invisible.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 49 de la revista Plaza