José Vicente González, presidente de Cierval. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El comité ejecutivo de la patronal autonómica Cierval ha acordado este martes acogerse ya al concurso de acreedores como paso previo a la liquidación de la organización. De este modo, la entidad que preside José Vicente González descarta agotar los cuatro meses de plazo del preconcurso de acreedores, declarado a finales del año pasado, ante la imposibilidad de presentar un plan de viabilidad.
Según explican fuentes de la organización, la decisión de solicitar el concurso en modalidad de liquidación para poner fin a 36 años de historia de Cierval se ha tomado con el voto a favor de las tres entidades fundadoras, la valenciana CEV, la castellonense CEC y la alicantina Coepa. Únicamente ha habido una abstención.
El desenlace se produce pocos días después de que la CEV anunciase su proyecto para tomar el relevo de Cierval como patronal de ámbito autonómico, para lo cual propondrá una modificación estatutaria que se aprobará en asamblea el próximo 3 de marzo.
El comité y la junta directiva de la organización han reconocido la labor del presidente y "de toda la plantilla de Cierval por el trabajo realizado a lo largo de estos años, en un contexto de recortes y dificultades económicas".
El presidente de Cierval instó este lunes a la CEC y Coepa a apoyar la propuesta para la liquidación inmediata de la organización en lugar de alargar artificialmente los plazos. "No hace falta apurar los plazos porque los plazos se apuran cuando hay cosas que decidir, si no, cuanto antes mejor", manifestó.
Desde que se declaró insolvente a finales del pasado año, los socios fundadores de Cierval no habían mantenido ninguna reunión para negociar el plan de viabilidad que reclamó González justo después de la asamblea de la organización.
Tanto la CEC como Coepa han manifestado públicamente no disponer de liquidez para afrontar antes del 27 de febrero las cantidades que la Generalitat reclama a Cierval por un expediente mal tramitado. Del casi medio millón de euros que le exige, 174.790 euros corresponden a Castellón y 151.869 euros son la patronal de Alicante. La CEV por su lado, tendrá que pagar casi 240.000 euros que ya tiene provisionados.
