VALENCIA. La patronal de Alicante (Coepa), que acaba de solicitar el preconcurso de acreedores para evitar el embargo de sus bienes por el impago de una deuda de 3,8 millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), incumple la ley que obliga a patronales y sindicatos a hacer pública sus cuentas anuales auditadas o las retribuciones de los altos cargos, entre otros datos. La organización sí informa a través de su página web de las subvenciones y ayudas públicas que recibe, una parte de la información de la que está obliga a dar publicidad activa en aplicación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El objetivo de esta norma, aprobada el 9 de diciembre de 2013, es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, según establece en su preámbulo. La ley obliga a las administraciones públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, pero también a partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
Por ese motivo, prácticamente todas las organizaciones empresariales y sindicales han habilitado portales de transparencia en sus respectivas páginas web en los que recopilan la información de la que están obligados a realizar publicidad activa. Según explican fuentes de la patronal nacional CEOE, la inmensa mayoría de las 225 organizaciones integradas en la confederación cumplen con el precepto legal. Aunque el actual presidente de la organización, Juan Rosell, ha reclamado en varias ocasiones un esfuerzo a las organizaciones miembro por ser más transparentes, la CEOE no posee la capacidad de "forzar" a las demás a que publiquen sus cuentas, auditorías y subvenciones.
La propia CEOE mantiene en la portada de su página web un apartado específico identificado como 'Portal de Transparencia' en el que recoge toda la información a la que le obliga la ley. En el caso de la Comunitat, tanto la patronal autonómica Cierval como las provinciales de Valencia (CEV) y Castellón (CEC), poseen portales específicos de transparencia accesibles desde sus respectivas páginas de inicio.
En el preámbulo de la ley, se contempla que para "canalizar la publicación de tan ingente cantidad de información" y facilitar el acceso a la información divulgada, se creará un Portal de la Transparencia. "Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible", fija la norma.
Coepa no tiene un Portal de Transparencia accesible directamente desde su página de inicio como el habilitado por CEOE, Cierval o la CEV. La única información disponible es la de subvenciones, pero las cuentas anuales y las auditorías no están colgadas.
El artículo 8 de la Ley de Transparencia especifica la información económica, presupuestaria y estadística que los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deben publicar "como mínimo". Entre ella están las subvenciones y ayudas públicas concedidas (importe, objetivo y beneficiarios), presupuestos, cuentas anuales y los informes de auditoría o las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, entre otros datos.
Fuentes oficiales de la patronal alicantina consultadas por este periódico manifestaron que la información que ofrece en su web sí se ajusta a lo que fija la Ley de Transparencia. Estas fuentes interpretan que el apartado 2 del mismo artículo sólo obliga a patronales y sindicatos a publicar información de convenios y contratos cuando sean celebrados con una Administración Pública, lo que entiende que le libera de la obligación de hacer pública el resto de la información detallada en el apartado 1 de este artículo.
Pese a esta interpretación, las otras organizaciones empresariales mencionadas sí incluyen la información completa. La propia CEOE detalla en su portal que reúne en un único sitio "toda la información de carácter económico, presupuestario y estadístico a que hace referencia el artículo 8 de la Ley".
La propia Ley de Transparencia fija un periodo de un año desde su entrada en vigor para cumplir con la exigencia de publicidad activa.