José Manuel Boquet. VPVALÈNCIA. La patronal de las escuelas concertadas, Feceval, indemnizará con 75.000 euros a la Generalitat por un delito de fraude de subvenciones al pagar el salario de cinco trabajadores con cargo a los fondos públicos como si fuesen profesores de centros educativos. La condena ha sido impuesta por la Audiencia Provincial después de que la Federación de Centros de Enseñanza de València y la Abogacía de la Generalitat hayan llegado a una conformidad antes del juicio que tenía previsto celebrarse este lunes.
Esta última ha retirado la acusación contra el expresidente José Manuel Boquet y el exdirector gerente Víctor Villagrasa, sobre los que se dictará sentencia absolutoria. Pero la ha mantenido contra Feceval como persona jurídica, que ahora será condenada (concurriendo las circunstancias de dilaciones indebidas y de reparación del daño causado).
La Generalitat pedía inicialmente la pena de tres años de prisión para cada uno y una responsabilidad civil de 750.000 euros en base al perjuicio económico supuestamente causado, mientras la Fiscalía no acusaba al no ver delito y pedía la libre absolución de los exdirectivos. Finalmente, el acuerdo ha propiciado que Feceval reconozca el desvío del 10% de esa cantidad de dinero público a actividades privadas, de modo que la indemnización será de 75.000 euros. A ellos se le suman otros 25.000 euros en concepto de multa, por lo que la cantidad total que pagará será de 100.000 euros.
La investigación judicial se inició en julio de 2014 a raíz de una denuncia de Compromís (presentada por Mónica Oltra cuando era diputada) sobre el pago de salarios a cinco "liberados" de la patronal para permitirles trabajar como empleados de dicha entidad pero cobrando con cargo al erario público. Sin que, además, hubieran justificado, al menos a nivel indiciario, que realizaran la actividad laboral explicitada en tales contratos. Motivos por los que se abrió juicio oral en marzo de 2019.
En su escrito de acusación, la Generalitat explicaba que estos trabajadores que desarrollaban su jornada habitual en la sede de Feceval cobraron su salario de los presupuestos que la Conselleria de Educación dedica al pago de las nóminas de los profesores y maestros de los centros educativos privados concertados. "Lejos de ser una simple irregularidad administrativa o formal", expresaba, "no tuvo amparo legal, convencional ni contractual alguno y además supuso una desviación de fondos públicos hacia intereses particulares". Es decir, que, sostenía, "con cargos al pago delegado, se abonaron salarios y cotizaciones sociales de trabajadores que no realizaban función docente alguna".
Los pagos a liberados de la patronal de la concertada, sin embargo, sí estaban avalados por un convenio suscrito con la Conselleria en 2003 que estuvo vigente hasta 2009. En él se autorizaba a la federación a "seleccionar profesores que se encuentren en las nóminas de pagos delegados de los centros concertados para desarrollar tareas de organización y coordinación de la formación del profesorado, con dedicación plena o parcial en las citadas funciones". Todo con la debida justificación de los fondos.
Para la Generalitat, por contra, se produjeron, "obviando los condicionantes del convenio", contrataciones de personas que "jamás habían impartido clases en colegios concertados ni jamás se habían dedicado a la docencia reglada en sus distintos niveles educativos". En definitiva, "contratados ad hoc para ser liberados". El resultado, indicaban, es que "mediante pago delegado, la Conselleria asumía costes laborales de los empleados de Feceval", lo que suponía un "quebranto económico para las arcas públicas".
Para ello, proseguían, "determinados colegios suscribieron contratos simulando que los trabajadores prestaban servicios en dichos centros como profesores. Incluso se les llegaron a elaborar horarios ficticios con la finalidad de acreditar falsamente que eran profesores que venían dando clase en centros docentes privados asociados a Feceval".
La defensa de los acusados, ejercida por Vicente Boluda, aportó una pericial, por contra, que acreditaba que el 90% de los salarios se habían pagado correctamente. En ella se determinaba cuáles eran las tareas que realizaba el departamento de formación de la patronal en virtud del convenio suscrito con la Generalitat.
El análisis concluía que la entidad, mediante la asignación de personal cualificado y en proporción adecuada, "cumplió lo estipulado en el convenio" con la realización de tareas de organización y coordinación de la formación del profesorado. También que quedaba "justificado y documentado" que se habían realizado "las obligaciones suscritas" puesto que las horas dedicadas a la formación equivalían a 716 jornadas laborales, cuando la Generalitat pagaba un total de 400.
El informe consideraba, por último, que para la realización de tareas similares de coordinación y organización, la administración pública, en concreto Cefire, "emplea el duplo del personal asignado por Feceval a las mismas actividades".
