Mónica Oltra presentó una denuncia obviando el convenio de 2003 y su renovación, por Alejandro Font de Mora, en 2009
VALENCIA. Un convenio firmado en 2003 por el entonces conseller de Educación y Cultura y ahora eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, y la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) autoriza a esta asociación a, "seleccionar profesores que se encuentren en las nóminas de pagos delegados de los centros concertados, para desarrollar tareas de organización y coordinación de la formación del profesorado, con dedicación plena o parcial en las citadas funciones".
Dicho convenio, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, fue renovado en 2009 por el entonces conceller de Educación, Alejandro Font de Mora. En él, tanto Font de Mora como el presidente de Feceval, José Manuel Boquet, renuevan todas las cláusulas del primer convenio firmado en 2003.
Ambos convenios fueron presentados al juzgado por Feceval y posteriormente por la Conselleria a requerimiento del magistrado. Llama la atención que, según aseguraba la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, "nunca" había existido ningún convenio.
Oltra explicaba que "junto a los liberados sindicales, también se está retribuyendo la nómina de 10 personas bajo el epígrafe de liberados patronal. Al contrario que los liberados estrictamente sindicales, en los mencionados acuerdos tripartitos no hay mención a este colectivo. Es decir, no se encuentran recogidos en norma, disposición o documento de rango legal alguno. Tampoco hay constancia de las actividades realizadas por estas personas".
Fuentes cercanas a Feceval lamentan que Oltra no "encontrara o supiera de la existencia de un convenio que no solo se firmó una vez en 2003, sino que además se renovó seis años más tarde".
El problema para la federación es el periodo comprendido entre 2010 y 2015. El letrado de la Generalitat, a tenor de que entre 2003 y 2009 todo fue legal, insiste en mantener la imputación por los años posteriores. En esos años no había ya ningún convenio pero los pagos se siguieron realizando, tal y como se venía haciendo desde que se firmó el primer convenio en el año 2003.
El presidente de Feceval, José Manuel Boquet, durante su declaración como investigado ante el magistrado, explicó que cada vez que preguntaba en la Conselleria de Educación sobre este tema, el secretario autonómico del ramo le decía que no se preocupara, que estaba todo en regla. Según le contó al juez, siempre creyó que todo era legal porque los pagos se realizaron regularmente, sin problemas y venían avalados por la Conselleria de Educación.
Mónica Oltra, además de denunciar la presunta existencia de liberados financiados por la Generalitat, también denunció "horas adicionales carentes de fundamento legal y un posible fraude con los docentes de edad elevada".
Respecto a las horas extra, Oltra afirma que "se estarían produciendo alteraciones de los aplicativos de gestión remunerando horas por encima de las concertadas, carentes por tanto de amparo legal. Existe por tanto una diferencia mensual y anual entre las unidades concertadas, y las abonadas, mediante la inclusión de horas adicionales".
"En abril de 2014, podrían encontrarse 23 centros en esta situación: El total de horas adicionales ascendería a 606, lo que en salarios indebidamente pagados significa 114.683 euros al mes, y extrapolando la cuantía anual ascendería a 1,15 millones en el curso anual", apostilla la vicepresidenta del Consell.
Sobre el posible fraude con los profesores de edad avanzada, Oltra explica que las nóminas se pagan directamente a las congregaciones religiosas sin que se practique la retención del IRPF. Para ella, "el problema radica en que numerosos docentes tienen edades muy elevadas para el desempeño de los trabajos que se supone que prestan. Concretamente, 96 de estos empleados tienen más de 65 años y, de ellos, 39 superan los 70".
"Si bien algunos desempeñan jornadas de tiempo parcial, no es inusual encontrar personas que realizan la jornada máxima de 25 horas semanales en niveles como primaria, ESO o bachiller (…), algunos se jubilaron hace años, y otros son personas desconocidas en los centros educativos por el resto de docentes. Sin embargo, sus congregaciones religiosas siguen percibiendo las nóminas de la Conselleria de Educación como si estuvieran en activo", asegura Oltra.
