Carmen Montón y Ximo Puig. Foto: J.A. CALAHORROVALÈNCIA (EFE). La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera que la ley valenciana sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario es "inconstitucional y discriminatoria" y pide a Ximo Puig que intervenga para evitar el uso de fórmulas de contratación "improcedentes".
ASPE se ha pronunciado así tras conocer que la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) ha pedido a la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, una prórroga para seguir trabajando en el acuerdo de la convocatoria de acción concertada después de que el pasado viernes finalizara el plazo de presentación de la documentación para participar en la convocatoria.
En un comunicado, ASPE señala que ha denunciado "reiteradamente" el "ataque sistemático y discriminatorio" que están sufriendo en la Comunitat Valenciana "las entidades sanitarias privadas, en especial las entidades con ánimo de lucro, por meras razones ideológicas".
Informa de que, a su juicio, la Ley 7/2017 de la Generalitat Valenciana sobre acción concertada es "inconstitucional y discriminatoria", algo que ya ha trasladado al Defensor del Pueblo y a la Presidencia del Gobierno.
También indica que comparte las conclusiones de los informes de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención General de la Generalitat "sobre los importantes defectos de la convocatoria, siendo uno de sus principales argumentos la discriminación de entidades con ánimo de lucro".
De hecho, recuerda que por esta razón interpuso el pasado 12 de septiembre un recurso judicial contencioso-administrativo contra la resolución de la convocatoria.
ASPE solicita al president de la Generalitat, Ximo Puig, que "intervenga en este asunto para evitar la utilización de fórmulas de contratación discriminatorias e improcedentes, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana puedan acceder a una asistencia sanitaria ágil y de calidad".
Además, reitera la necesidad de "garantizar de forma rigurosa el establecimiento de unos criterios de adjudicación objetivos, transparentes y suficientes para una atención sanitaria de calidad, apartándose de posiciones ideológicas que se limitan a diferenciar entre entidades con y sin ánimo de lucro, obviando criterios tan esenciales como resultados, calidad, eficiencia, satisfacción o seguridad de pacientes y trabajadores".
La Alianza de la Sanidad Privada Española, patronal de la sanidad privada española, agrupa a más de 600 entidades sanitarias y representa a más del 75 % de los centros hospitalarios del país.
