VALÈNCIA. Los taxistas con más de una licencia del Área de Prestación Conjunta de Valencia siguen trabajando para que se interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Nueva Ley Valenciana del Taxi, en concreto contra determinados puntos de la misma que son contrarios a la Constitución.
Bien es cierto que, tras meses de muchas reuniones y manifestaciones en contra de la nueva ley, la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi aplaude la decisión del Gobierno Central de convocar con el Consell una Comisión Bilateral que sirva para modificar los puntos que son inconstitucionales para así evitar llegar al Tribunal Constitucional. “Pero no es suficiente y mientras estas reuniones se producen, debemos seguir llamando a la puerta de todas aquellas instituciones u organismos que nos puedan ayudar a parar esta ley tan injusta, que va en contra de los derechos adquiridos por los taxistas y que sin justificación alguna afectará a más de cuatrocientas familias que van a quedarse sin trabajo”, asegura la presidenta de la Plataforma, Isabel Segura.
Por ello, de forma paralela a la Comisión Bilateral, la presidenta de la Plataforma, acompañada por su abogado, ha decidido trasladar esta problemática del sector del taxi valenciano al Defensor del Pueblo para que éste pueda garantizar los derechos del colectivo frente a los abusos de los poderes políticos autonómicos que “pretenden una expropiación encubierta a coste cero”. De esta forma, Isabel Segura ha tenido la oportunidad de exponer al Gabinete Técnico del Defensor del Pueblo en Madrid los motivos por los que considera que esta ley de la Generalitat, que en su artículo 11 impide la acumulación de licencias adquiridas en su momento conforme a derecho, vulnera el título primero de la norma suprema.
Para empezar, la Plataforma considera que ya el preámbulo de la ley no se ajusta a derecho y es contrario a la libertad de empresa, al principio de igualdad y la defensa de la competencia dentro de una economía de mercado como marca la Constitución Española, al establecer que el titular de una autorización debe ser autónomo para garantizar una mayor eficacia en el servicio prestado, lo que según el texto se traducirá en una mejor protección de los derechos y la seguridad de las persona usuaria. “No llegamos a entender cómo por el mero hecho de obligar a que el taxi sea conducido por el titular se beneficie la salud del usuario sin plantearse ni tan siquiera mejorar el servicio prestado, como por ejemplo la limpieza, con otro tipo de inspecciones pero para todos, también para los autónomos”, insiste la presidenta.
Para la Plataforma el artículo 6.2 de la ley que prohíbe que las autorizaciones se otorguen a personas jurídicas o que se otorguen a las personas físicas con más de una licencia “genera una desigualdad y discriminación de rango inconstitucional por regular una agravio comparativo injustificado”.
Y más allá y lo más grave de todo, la Plataforma ha querido destacar que esta ley prevé acabar con las autorizaciones acumuladas cuando se han concedido de acuerdo a derecho desde la década de los sesenta a los taxistas a los cuales representa, no imponiendo ninguna limitación ni prohibición en cuanto a poder disponer de más de una licencia de manera simultánea ni en la Ley Estatal 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), ni en la Ley 10/2006, de 26 de noviembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización y tampoco en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la movilidad, estos dos últimas de la Generalitat.
Pero esto no sólo lo dice una parte importante del sector del taxi, sino que tal y como anunció la pasada semana el delegado del gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, el Gobierno Central considera que algunos artículos pueden incurrir en extralimitación competencial que son contrarios a la Ley de garantía de unidad de mercado, así como a la normativa europea y que supondrán pérdidas importantes para aquellos taxistas que ya habían realizado la inversión en más de una licencia amparados por la ley. “Consideramos dentro de la seguridad jurídica una garantía el poder mantener en el tiempo un derecho adquirido que en esta ley se pretende revocar y aplicar el principio de retroactividad”, añade Isabel Segura en su argumentación.
Sin duda, desde la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi “esperamos que tanto los trámites realizados con el Defensor del Pueblo como las reuniones de la Comisión Bilateral logren tirar para atrás el texto actual de una ley que consideramos inconstitucional, que merma el futuro del sector, y sobre todo el derecho adquirido durante años por muchos taxistas que decidimos invertir en otro vehículo para ofrecer un mejor calidad de vida a nuestras familias y que ahora lo vamos a perder sin justificación alguna”, concluye la presidenta.
