VALENCIA. Los correos electrónicos enviados entre los diferentes directivos del instituto tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) siguen sonrojando a sus máximos representantes. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía de Valencia ha detectado un presunto fraude de más de un millón de euros en el programa de subvenciones Innoempresa Regional, dedicado a los cursos de formación de las pequeñas y medianas empresas.
El presunto dinero defraudado asciende a 1.067.000 euros y pertenece a una subvención cofinanciada al 50% entre fondos Feder (fondos europeos) y la Generalitat valenciana.
Según un informe de la UDEF, varios directivos hablaban a través de correos electrónicos de cómo conseguir las subvenciones de dicho proyecto utilizando empresas pantalla. La investigación acredita que los presuntos defraudadores utilizaron varias empresas, entre ellas Espectralgraf, para realizar informes y justificar las clases que se debían realizar a las pymes, pero que en realidad no se llegaron a impartir jamás.
Dónde está el dinero que, a priori, se ha sustraído es una de las grandes preguntas que se hacen a día de hoy tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la UDEF. Las pistas apuntan, sin lugar a duda, al ritmo de vida de los imputados y a su patrimonio, que en muchos de los casos se encuentra muy por encima del sueldo acreditado.
En la causa que se investiga, hasta el momento tanto la UDEF como la Fiscalía Anticorrupción cifran el desfalco alrededor de los cinco millones de euros. La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada en noviembre de 2014 por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) que detectó irregularidades en la justificación de los proyectos.
La juez que investiga el caso ha imputado hasta la fecha a 18 personas entre las que se encuentran el director del Centro, Emilio Pérez, el último presidente, Rafael Ros; el expresidente José Luis Moscardó; el exsubdirector José María Guijarro; el director técnico Santiago Simón, y el miembro del consejo rector Dario Ginestar, representante de la firma Kronomav Sistema SL.
Entre las irregularidades halladas por la UDEF se encontraban, como publicó en exclusiva este periódico, aquellas que incluían en las partidas de personal investigador de los diferentes proyectos subvencionados a miembros de Aido que trabajaban en administración y en informática para cobrar las subvenciones. O las que incluían colaboraciones de tan baja calidad que se sospecha que jamás se realizaron o que de haberse realizado se facturaron a un coste muy superior al precio de mercado fijado.
Pero además, y tal como incluía la denuncia del fiscal, “en los casos que sí se ha podido comprobar que se hicieron dichas colaboraciones, las empresas que las realizaron tenían relación directa con Aido”, ya que los dueños, fundadores y gerentes eran miembros de la propia Aido.
Al parecer, algunas de las empresas implicadas, alrededor de 15, simplemente se limitaban a copiar informes de otros años o a plagiarlos de internet, otras a prestar servicios que no eran necesarios y, por último, están las empresas de las que no hay garantía que hubieran realizado los servicios.