La política como trabajo temporal

Esta semana han sido noticia los riders, esos ciclistas que desde hace un tiempo llenan nuestras calles con sus grandes mochilas donde leemos las marcas de las empresas que se dedican al servicio de comida a domicilio, y han salido en las noticias porque se han manifestado para criticar la ley que está en proceso de aprobarse por parte del gobierno y que obligará a las empresas a contratarlos como empleados y no podrán realizar su trabajo con esa (no) figura del falso autónomo, como hasta ahora lo realizan. Así es la vida de curiosa, frente a la teórica seguridad jurídica y laboral que a priori pensamos que ofrece el hecho de que un trabajador de una empresa esté contratado por ésta y no trabaje en ella como externo colaborador, de ahí la popular denominación de falso autónomo, los propios riders que se manifestaron en varias ciudades de España, creen que al obligar a las empresas a contratar, se perderán miles de puestos de trabajo y serán ellos quienes salgan malparados, nunca mejor empleado este término. 

Este es un sector en auge en los últimos tiempos debido a la pandemia y también a la moda de pedir las cosas a domicilio, muchas veces gastándose lo mismo o más que cuando sales a un bar y sin disfrutar de la experiencia vital y sensorial de recorrer los bares y restaurantes de nuestras ciudades, creo que forma parte de nuestra actual cultura de consumo, como con la televisión a la carta. La cuestión es que poco a poco representa a más de 15.000 empleos y aporta 700 millones al PIB nacional, así que la regulación puede suponer también una destrucción de empleo en un ámbito que parecía ser un ‘brote verde’ ante tanto paro. 

Los empleos temporales, estacionales en el caso de la hostelería, inestables en muchos casos, duros y sacrificados, no dejan de ser empleos y generar trabajo e ingresos a las personas que los desempeñan, a veces con ganas e ilusión sabiendo que en la vida hay etapas y mantenerse en activo siempre es mejor que estar de brazos cruzados. Curiosamente hay un empleo que debería ser temporal, que muchos dicen que lo es, pero pocos lo abandonan cuando lo consiguen, y que en los últimos días hemos tenido algún caso, casi siempre forzoso, de su recomendable temporalidad: sí me refiero a la política. 

La política como servicio público, como profesión vocacional donde un profesional se dedica a trabajar para mejorar la vida de sus vecinos requiere una entrega y un sacrificio que sólo por ello ya sería recomendable estar en ella un período de tiempo y dejar paso a otros, período difícil de acotar, quizá entre uno y tres lustros, porque tampoco es cuestión de que una excesiva rotación generara una total inestabilidad, pero tampoco es saludable pasar toda tu vida laboral en lo público. El caso de Pablo Iglesias, presentando su dimisión de todos sus cargos públicos y orgánicos y abandonando la política activa vino casi obligado tras la derrota total y sin paliativos de su candidatura en las elecciones autonómicas madrileñas, pero no deja de ser una buena noticia. De la misma manera que la renuncia en su día del líder de Ciudadanos Albert Rivera también nos sirvió de ejemplo de que es posible salir de la política y ganarse la vida fuera de ella. 

En la política valenciana el caso más reciente ha sido la dimisión de Isabel Bonig, una vez más propiciada por factores externos, en este caso no por malos resultados electorales sino por decisiones internas de su partido, algo que está siendo muy criticado por la oposición pero que si no somos hipócritas convendremos que pasa en todos los partidos, es más, las famosas y “democráticas” primarias son un teatrillo donde o se aboga por la candidatura única, al más puro estilo norcoreano, o se tienen dos contrincantes donde uno recibe todo el apoyo de la cúpula del partido y en consecuencia todos lo votan, siendo así un paripé la supuesta elección entre dos formas de liderazgo interno.  

Al margen de los motivos que han llevado a estos líderes a dejar la política como profesión, creo que ya que tanto que se habla de empleos temporales, la política por definición debería serlo, por el bien de sus protagonistas y especialmente por la salud democrática de nuestro sistema, que ya tiene una extensa nómina de funcionarios que garantizan la estabilidad y continuidad de la administración en todos sus ámbitos de actuación.