Vicent Soler. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La prórroga de los Presupuestos Generales anunciada por el Gobierno en funciones impedirá a la Generalitat, si se consuma, cobrar a partir de 2017 el Impuesto de Patrimonio a cerca de 20.000 contribuyentes valencianos obligados a pagar este tributo. La merma de los ingresos asociados al mismo supera los 130 millones de euros, lo que supone un quebranto millonario sobre las ya maltrechas arcas autonómicas sobrevenido como consecuencia de la falta de Gobierno.
A los enormes problemas que ya sufría para cuadrar su Presupuesto, que llevarán a la Conselleria de Hacienda a incluir de nuevo cerca de 1.300 millones en ingresos ficticios, se suma este quebranto millonario por la evaporación del tributo que grava a los grandes patrimonios. La última referencia que existe sobre el calibre de este contratiempo son los 107 millones que recaudó por este concepto en 2014, a los que hay que sumar como mínimo los 29 millones adicionales que el Consell esperaba ingresar con la subida que entró en vigor este año.
El motivo por el que el Consell no podrá contar con estos ingresos a partir del próximo año es la introducción obligada de la bonificación del 100% en sobre este impuesto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó en 2011 de manera temporal tras haberlo suprimido en 2008. El objetivo era aliviar el desplome de ingresos tributarios que las comunidades autónomas venían sufriendo desde el inicio de la crisis, para lo cual se transfirió a la regiones tanto la recaudación como la capacidad normativa para definir sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota.
Desde entonces, la desaparición de este impuesto se ha ido posponiendo año tras año en los diferentes Presupuestos Generales. La última prórroga al Impuesto de Patrimonio se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, pero en los mismos se incluyó, como cada año, también la modificación del artículo 33 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio para aplicar sobre la cuota íntegra del impuesto "una bonificación del 100%" con efectos desde el 1 de enero de 2017.
Esta última disposición se cambia cada año para aplazar otro ejercicio la bonificación total del impuesto, de manera que en el Presupuesto de 2017 debería haber modificado el artículo 33 para aplicar la bonificación -que supone que nadie pague el gravamen- con efectos desde el 1 de enero de 2018.
Dado que el Gobierno en funciones ya ha comunicado a la UE su intención de prorrogar el Prespuesto actual -el ministro De Guindos lo reiteró este martes en el Congreso-, el impuesto no podrá ser prorrogado y entrará en vigor la bonificación del 100% prevista a partir del próximo 1 de enero, tal y como este martes recogió el diario Cinco Días.
Según los datos difundidos recientemente por la Agencia Tributaria sobre la liquidación de este impuesto, las comunidades autónomas ingresaron en 2014 nada menos que 937,02 millones de euros con el Impuesto de Patrimonio con los que ya no podrán contar en 2017 por estar el Ejecutivo en funciones.
Desde su recuperación, las Comunidades Autónomas han hecho uso de su potestad normativa sobre el mismo para aplicar distintas bonificaciones sobre el mismo. El caso más extremo es el de la Comunidad de Madrid, que lo mantiene bonificado al 100%, mientras que otras regiones como la Comunitat o Cataluña, con enormes problemas de ingresos, han ido reduciendo paulatinamente las bonificaciones para captar más recursos por esta vía.
De hecho, la Comunitat Valenciana fue la que más recaudó por este impuesto en 2014, en concreto 107,08 millones, sólo por detrás de Cataluña, con casi 430 millones de euros.
Según los últimos datos sobre recaudación publicados por la Agencia Tributaria, en 2014 se registraron 18.852 declarantes valencianos, con un patrimonio medio de 2,89 millones de euros. El tipo medio efectivo aplicado fue del 0,58%.
El mínimo exento estaba fijado entonces en 700.000 euros, pero el actual Consell lo rebajó a 600.000 en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de este año, lo que amplió la base de contribuyentes afectados por este tributo a 19.427 personas, según los datos facilitados entonces por la Conselleria que dirige Vicent Soler.
La medida fue acompañada de la creación de una tarifa propia autonómica que implicaba un incremento del tipo efectivo del gravamen cercano al 25% y una nueva escala para aumentar la progresividad. Con esos dos cambios, el Consell confiaba en captar 29,11 millones adicionales, de ahí que el quebranto que cabe esperar por la desaparición del mismo a partir de 2017 sea de al menos 130 millones de euros.
Además, este año se puso en marcha una campaña de requerimientos masivos contra el fraude en el Impuesto de Patrimonio que permitió identificar a 539 defraudadores que tuvieron que abonar 2,12 millones a la Generalitat por bienes patrimoniales que no habían declarado.
Este retoque en patrimonio "para que paguen más los que más tienen" fue la principal novedad fiscal en los primeros presupuestos del Consell del Botànic, planteada como un aperitivo de los cambios de mayor calado proyectados para 2017.
De hecho, la reducción de las bonificaciones que actualmente se aplica tanto a este impuesto como a los de Sucesiones y Donaciones son las alternativas más factibles que la Conselleria de Hacienda tiene sobre la mesa para subir los impuestos el próximo año, por lo que la sorpresa implícita en la prórroga de los PGE de 2017 supone un serio revés para el Consell.
