VALÈNCIA. (EFE) El negocio de la prostitución genera en la Comunitat Valenciana el 0,24 % del PIB, con "8.500 hombres pagando cada día 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en las tres provincias", lo que aporta un beneficio basado en el crimen y la violencia sobre la mujer ejercida por la trata.
Así lo ha detallado este martes la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la presentación del Foro valenciano para la abolición de la prostitución, un grupo de trabajo adscrito a su Conselleria que tendrá por finalidad erradicar la prostitución y garantizar, defender y proteger los derechos y la libertad de las mujeres.
Lo hará a través de propuestas legislativas autonómicas y estatales para abolir el comercio sexual, al tiempo que estudiará también medidas concretas de apoyo a "las víctimas de esta forma extrema de violencia".
Las propuestas del grupo de trabajo y las medidas a aplicar se basarán en buena medida en dos estudios de campo que llevarán a cabo la Universitat de València y la Universidad Miguel Hernández de Elche, que diseñarán una "gran radiografía de la situación de este problema en la Comunitat", ha añadido.
La Conselleria ha impulsado esta medida al entender que la prostitución como forma de explotación sexual supone "una forma extrema de violencia contra las mujeres, representa una forma de esclavitud incompatible con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales, y constituye una de las violaciones de los derechos humanos más graves", según la resolución que publicó este lunes el Diari Oficial de la Generalitat.
El Foro reunirá, a lo largo de este año, a entidades, personas expertas, juristas, Administraciones e instituciones académicas que elaborarán un paquete de propuestas para acometer los cambios legales y las políticas asistenciales necesarias.
El acto de este martes ha contado también con la participación de Concha Hurtado, en nombre del Front Abolicionista, y con la directora de cine documental Mabel Lozano. Ha asistido también la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia, Teresa Gisbert, entre otras autoridades.
Bravo ha explicado en su discurso que "el debate abolicionista está, desafortunadamente, postergado, pero para la Generalitat es una prioridad", y ha concretado que, aunque este complejo problema es todavía en buena medida invisible, sí se conocen cifras.
"Hoy mismo, en la Comunitat Valenciana, 8.500 hombres pagarán 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en nuestras tres provincias", según la consellera, quien ha añadido: "Estamos hablando de 278 millones de euros al año, es decir, el 0,24 % del Producto Interior Bruto valenciano".
"El pago de dinero no transforma la violencia sexual, porque no se produce en términos de igualdad", ha señalado también, antes de pronunciarse en contra de regularizar legalmente la prostitución.
Por el contrario, ha solicitado normas como las existentes en Suecia o Francia, donde se persigue penalmente al cliente de las prostitutas.
"Ningún hombre tiene derecho a comprar el sexo con una mujer", ha señalado antes de explicar que "pagar por sexo es una forma más de violencia de género".