La querella 'bumerán' de Torró contra Orengo: el juez le atribuye hechos similares

GANDIA. El exalcalde popular de Gandia Arturo Torró podría ser investigado por un hecho que él mismo denunció cuando el socialista José Manuel Orengo estaba en el gobierno de Gandia: Firmar créditos bancarios sin el aval de la Generalitat valenciana cuando el Ayuntamiento requería de esa autorización por el plan de ajuste al que estaba sujeto. Una misma acción que Arturo Torró podría haber cometido hasta en ocho ocasiones.

Así lo ha visto el titular del juzgado que instruye la querella que presentó en su día Torró contra Orengo y la exedil de Economía Ana Garcia (2009-2011), que ha derivado la causa al Decanato de Gandia para que se haga una instrucción separada.

El juez solicita que se abra un procedimiento penal contra Arturo Torró y el exconcejal de Hacienda Guillermo Barber por la realización entre 2011 y 2014 de ocho operaciones de renovación de créditos que, por superar el nivel de endeudamiento financiero legalmente previsto, exigían la autorización de la Generalitat. Esas operaciones suman en total casi 28 millones de euros.

En su resolución, el juez también revoca la admisión de la personación de Arturo Torró como acción popular en la causa contra José Manuel Orengo y Ana García, que había sido aceptada en enero de este año. Fue en esa fecha cuando el actual equipo de Gobierno, dirigido por la socialista Diana Morant, presentó un escrito comunicando que se habían realizado ocho operaciones crediticias de renovación y ampliación de crédito por el Ayuntamiento en la anterior etapa sin la previa autorización del Consell pese a superar ese nivel de endeudamiento.

Tanto el juez como la Fiscalía rechazan que la nueva denuncia se agregue a la causa contra Orengo y García y consideran que los nuevos hechos denunciados deben enjuiciarse en un procedimiento diferente a éste, ya que se refieren a personas y periodos distintos y, además, el acumular a esta causa esos hechos nuevos, “supondría una complejidad excesiva y una dilación injustificada del procedimiento”.

Por tanto, el juez titular del Juzgado 1 de Instrucción de Gandia decide derivar la causa de la denuncia al Decanato de Gandia para que se reparta al competente e incoe otra causa contra Torró y Barber por un delito de prevaricación.

Desde el Grupo Socialista de Gandia señalan que "la diferencia entre la querella de José Manuel Orengo y Ana García es que demostraron el silencio administrativo a la hora de pedir los créditos, pero en el caso de Torró y Barber las operaciones de crédito fueron desautorizadas taxativamente por la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana en tiempo y forma".

En el caso de los créditos del alcalde popular, la Generalitat señaló, dentro del plazo establecido, que no se autorizaban la concesión de esas ampliaciones y renovaciones.

Tras conocerse esta decisión, el PSPV-PSOE de Gandia ha emitido un comunicado en el que señala que se demuestra que el PP mentía cuando aseguraba que "no había firmado ni un solo euro en préstamos durante la última legislatura".

Asimismo, añade que de, aceptarse la causa, Arturo Torró ya sumaría cinco "investigaciones" y, además, se iniciaría la investigación a un nuevo concejal popular y diputado provincial, Guillermo Barber. Además, el PSPV de Gandia se pregunta qué hará la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, si finalmente "imputan" a Barber.