El síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, junto al president de Les Corts, Enric Morera. Foto: CORTSVALÈNCIA. Veinte meses han pasado desde que Podemos pusiera sobre la mesa la necesidad de reformar la ley de la Sindicatura de Comptes. La comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts que trabajó durante más de un año en la elaboración de enmiendas para modificar los artículos de la norma finalizó el pasado mes de junio. Y pese que a priori iban a ser menos de una decena, terminó reformándose el 85% de la ley.
No obstante, cuando ésta iba a votarse en un pleno de la Cámara valenciana, cayó del orden del día. Unas enmiendas de última hora registradas por Podemos esa misma mañana provocaron que Ciudadanos solicitase retrasar la votación a otra sesión. De lo contrario, los naranjas tenían adoptada una decisión: o votarían en contra o se abstendrían. En ningún caso la apoyarían. Así, la petición de "más tiempo", fue aceptada por el Botànic, pues sin el apoyo de Ciudadanos el tripartito no sumaría los votos requeridos para reformar la norma -tres quintos de la Cámara valenciana, 60 diputados- después de estar casi año y medio trabajando en ella.
A pesar de aquella prórroga, ese mismo día los grupos parlamentarios acordaron abordar el debate en el primer pleno ordinario de septiembre, después del Debate de Política General. Y fijaron dos fechas en el calendario: 28 y 29 de septiembre. La previsión, sin embargo, no se ha cumplido.
La semana pasada tuvo lugar el primer pleno ordinario y este debate no se incluyó en el orden del día. El atasco de las leyes del Consell que hay en Les Corts es una cuestión que se quiere resolver. No en vano, en aquella sesión se votaron tres normas impulsadas por el Ejecutivo valenciano: la Ley el Taxi, la Ley de Juventud y la Ley de Cooperación.
Tampoco parece que la reforma de la Sindicatura de Comptes se vaya a abordar. Fuentes parlamentarias de Ciudadanos aseguran que en las siguientes sesiones se quieren tramitar la Ley de Tasas -que el Consell ha extraído de la Ley de Acompañamiento- y la Ley de Renta Valenciana de Inclusión. Una cuestión que ya empieza a incomodar a este grupo parlamentario, desde donde afirman que las enmiendas que quedaron vivas de la comisión -aquellas que pasan a debatirse en el pleno por no haber acuerdo entre los partidos-, ya se han transaccionado y cada uno tiene su postura clara. Por lo que, entienden que el debate está listo para abordarse y tacharlo de la lista de deberes pendientes que dejaron para después de verano.
Los principales cambios que sufrirá la norma giran en torno al período de mandato del síndico Major de Comptes, la posibilidad de renovar o no en el cargo y de quién depende la elección de éste o ésta. Tres modificaciones que saldrán adelante por el acuerdo que existe entre la mayoría de grupos, excepto con el PP.
Así, tal y como se resolvió en la comisión, Vicente Cucarella, síndic Major, podrá estar en el mandato durante seis años, pero no podrá renovar esta condición. Algo que sí se podía hacer hasta ahora, pues tenían un mandato de tres años renovables sin limitaciones. Además, a partir de la modificación de la norma, serán Les Corts quienes designen al síndic Major, y no el president de la Generalitat, como se hacía hasta ahora. Mientras, el resto de síndicos tendrán un mandato de seis años, pero sí podrán renovar. Aunque eso sí, sólo una vez.
Sin embargo, hay diversas aristas que deberán ser debatidas en el hemiciclo, como la potestad sancionadora y la capacidad de la Sindicatura para poner multas coercitivas que querían que contemplase la nueva normativa tanto Podemos como Ciudadanos. Una petición que venía realizando el propio órgano desde hace años para forzar el cumplimiento de las recomendaciones que hacen en sus informes.
Otra de las enmiendas transaccionadas que se votarán será la de las incompatibilidades. La nueva norma contempla todos aquellos supuestos en los que, por su condición, una persona no podrá ser designada síndico durante los cuatro años siguientes a ostentar ciertos cargos -como los presidentes, directores o miembros de consejos de administración pertenecientes al sector público-.
No obstante, aunque todavía no cuenta con el cuño de registro de entrada -el que da validez a la propuesta-, los políticos han desaparecido respecto a la propuesta inicial. Un asunto nada baladí teniendo en cuenta que Podemos planteó la reforma de este órgano con la pretensión de "profesionalizar" el órgano para que no hubiera "una permanencia excesiva en el cargo de personas procedentes de actividades políticas".
La cuestión escama en Ciudadanos, si bien los morados achacan esta elipsis a un "descuido". Tocará esperar a que la propuesta sea firme cuando se registre y, por tanto, adquiera carácter de documento público y válido a llevar al debate. ¿Cuándo? De la voluntad de los grupos -y en especial de Podemos al ser una demanda suya casi de principio de legislatura- para ponerle fecha en una Junta de Síndics dependerá. El reloj ya hace meses que marca tiempo de descuento.
