VALÈNCIA. El pasado miércoles 9 de mayo Les Corts aprobaron la reforma de la ley Forestal de 1993. Una modificación a propuesta de Podemos en la que los grupos parlamentarios trabajaron durante meses para adecuarla a los cambios ambientales y socioeconómicos que se han producido en estos últimos 25 años, tal y como reza el preámbulo de la norma. Sin embargo, apenas una semana después y sin haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), los partidos volverán a modificarla.
"Hubo un error en la tramitación de la ley que nadie detectó", señalan fuentes de Compromís y Podemos. En concreto, se refieren al cambio que se hizo del artículo 68.3 de la ley antigua. En esta, quedaba recogido que los funcionarios de la Generalitat que tuvieran encargadas las funciones de vigilancia de los montes serían "agentes de la autoridad". Una consideración que, no obstante, en la nueva norma desapareció.
En el trámite de enmiendas a la ley, PSPV y Compromís registraron un texto que indicaba que los "agentes medioambientales" –en referencia a los funcionarios de la Generalitat en la antigua normativa– ejercerían "tareas de policía administrativa". Pero ni rastro de "agentes de la autoridad". La enmienda, sin estas cuatro palabras, fue aprobada en comisión y nadie cayó en la cuenta de esta ausencia hasta el mismo día de la votación de la ley en el pleno de Les Corts de la semana pasada, cuando una asociación alertó de ello en un escrito remitido a los partidos.
El principal problema que conlleva la supresión de esta parte son las competencias que tienen atribuidas los agentes forestales, ya que los agentes de la autoridad tienen capacidad de imponer sanciones cuando se cometen delitos medioambientales que posteriormente juzgan los tribunales. La policía administrativa, sin embargo, no tiene tal potestad, sino que tan solo tramita y "hace el papeleo", indican desde Podemos.
No obstante, los servicios jurídicos de la cámara valenciana, al conocerse tal fallo, puntualizaron que las competencias de este colectivo no estaban amenazadas porque pese a no quedar recogidas por completo en la nueva norma, sí lo estaban en la ley de Montes estatal de 2003 y, por lo tanto, podían seguir ejerciéndolas.
Aún sin tener consecuencias efectivas, Compromís, PSPV y Podemos quieren introducir este cambio. Y, a diferencia de la reforma de la ley del Consell del Audiovisual, no tendrán que esperar a que la norma esté publicada en el DOGV para incluirlo. Al menos, así lo confirman los letrados del parlamento valenciano, ya que, dicen, al "colisionar con la estatal, en la que sí se les atribuye esta autoridad a la figura de agente forestal", podrá realizarse la incorporación antes de que se envíe para publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
También la semana pasada se dio una situación atípica en Les Corts: los grupos parlamentarios que sustentan el Botànic decidieron reformar una ley al minuto de aprobarla, la del Consell del Audiovisual. Sin embargo, el motivo de este cambio no fue por haber cometido ningún error, sino por el desacuerdo de Podemos con sus socios PSPV y Compromís respecto al método de elección de los consejeros de este órgano.
Los morados no estaban dispuestos a aceptar que el Consell tuviera la competencia de elegir dos miembros y de designar al presidente del Consejo Audiovisual, y menos si estos no pasaban previamente un filtro, un examen de "idoneidad". Con la amenaza de que votarían en contra de la norma si no se apoyaban sus enmiendas, que señalaban que serían Les Corts las que nombrarían a los siete consejeros y votarían la presidencia, el bronco debate se paró para tratar de llegar a un acuerdo.
Los tres grupos redactaron una enmienda transaccional que mantenía las pretensiones de los socialistas y valencianistas, pero obligaba a que las personas propuestas del Ejecutivo valenciano pasaran antes un examen en la cámara. Sin embargo, esta no pudo votarse porque el PP no la firmó a efectos de tramitación, por lo que los tes partidos del Botànic ingeniaron una alternativa: aprobar la ley y registrar una propuesta de modificación al día siguiente que solo afectase a esa parte del articulado.
De momento, la reforma sigue sin registrarse, pues hasta que no se publique en el DOGV los servicios jurídicos de la cámara advirtieron que no podían modificar una ley que, a efectos prácticos, "no existe".