Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA, (EP). La reforma de la Ley de Sindicatura de Comptes ha dado este martes su penúltimo paso antes de la prevista aprobación definitiva la próxima semana en el pleno de las Corts, con la introducción de enmiendas que contemplan, entre otros aspectos, que este órgano pueda fiscalizar las cajas fijas de las entidades que tiene encomendado examinar, entre ellas la administración autonómica o los organismos públicos o con participación mayoritaria de la Generalitat.
La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones ha dado luz verde al texto, con las enmiendas incorporadas, que será votado en el pleno. El PP, no obstante, ha advertido que la proposición de modificación de esta ley que regula la Sindicatura, y que data de 1985, fue presentada por Podemos y se circunscribía a una serie de artículos, aunque finalmente se ha ampliado la reforma a otros, lo que a su entender va en contra del reglamento porque el Consell emitió su criterio preceptivo en base a una propuesta inicial que se ha modificado.
El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha señalado que se contempla que a raíz de la comparecencia de personas en la comisión puedan plantearse nuevas enmiendas y ha recordado que la propia Sindicatura de Comptes presentó, de hecho, un escrito en el que proponía cambios. Además, ha remarcado que hay precedentes en la tramitación de otras leyes en las que se ha ampliado el objeto de la iniciativa durante la tramitación.
Todos los grupos han coincidido en la necesidad de reformar el texto, que cumple 32 años, y el socialista José Muñoz ha valorado que se haya hecho sin caer ni en el "adalismo" de cambiarlo todo ni en el "inmovilismo". Jordi Juan (Compromís) ha destacado el trabajo parlamentario ante una propuesta de reforma inicial "poco trabajada" y Ciudadanos ha admitido que en la tramitación se ha mejorado "bastante" la iniciativa inicial de Podemos.
Los cinco grupos han llegado a un acuerdo a la hora de delimitar los integrantes del sector público sujetos a análisis por parte de la Sindicatura y el PP ha subrayado que a propuesta suya se fiscalizarán las cajas fijas.
También se especifica que se podrán fiscalizar las subvenciones, créditos y avales que se otorguen por entidades del sector público a personas físicas o jurídicas, del mismo modo que los gastos electorales de los partidos cuando provengan de fondos concedidos por la Generalitat.
Además de precisar las funciones de la Sindicatura, la reforma plantea que el Consell debe aprobar la Cuenta General en pleno y los informes de la Sindicatura deberán pronunciarse necesariamente sobre puntos como si la información financiera y presupuestaria se presenta adecuadamente, si se ha cumplido con la legalidad en la gestión de los fondos públicos o si la gestión de los recursos humanos, materiales y los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente.
La Sindicatura deberá informar a las Corts del grado de cumplimiento de sus actuaciones de control y recomendaciones por parte de los organismos y entes controladas mediante informes parciales de actividad de carácter cuatrimestral, además de la memoria anual de actuaciones.
Asimismo, los síndicos serán elegidos por seis años, renovable por una vez, por tres quintas partes de las Corts, y el síndic major será elegido --por seis años no renovables-- por el parlamento y no por el presidente de la Generalitat para reforzar la independencia de la institución. Además, el secretario general deberá ser funcionario de carrera.
Otra de las enmiendas establece que por delegación del Tribunal de Cuentas podrán ser instruidos por la Sindicatura de Comptes los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, administración o manejo de caudales públicos.
En el desarrollo de su función de fiscalización, la Sindicatura podrá acceder a todos los expedientes y documentos de cualquier clase relativos a la gestión del sector público valenciano o requerir a cualquier persona natural o jurídica que haya mantenido relaciones de tipo económico con las administraciones públicas documentos, datos o informes deducidos de estas relaciones siempre que sean de trascendencia para el ejercicio de su función.
Rubén Ibáñez (PP) ha señalado que "hubiera sido más fácil haber hecho una ley desde el artículo uno, que habría salido con unanimidad", mientras que Antonio Montiel ha lamentado que se vaya a aprobar esta iniciativa 19 meses después de su presentación, lo que muestra que "los tiempos parlamentarios son bastante más lentos de lo que exige la ciudadanía".
