La reforma del sistema de financiación vuelve a quedarse fuera del plan normativo del Gobierno

VALÈNCIA. No por esperada la decepción es menor. El Plan Anual Normativo (PAN) 2024 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo no incluye, un año más, la reforma de la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas. Es decir, que la remodelación del sistema de reparto existente reivindicada por el Gobierno valenciano, caducado desde 2014, no entra a priori en los planes del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez.

El mencionado PAN es un documento que incluye las previsiones legislativas y reglamentarias de los distintos ministerios para el ejercicio correspondiente. Es cierto que es una hoja de ruta 'viva', en el sentido de que pueden incorporarse o aprobarse iniciativas que no estén presentes y, de la misma manera, pueden decaer otras que figuren en el mismo. No obstante, tiene una validez relevante dado que pone de manifiesto cuáles son las intenciones del ejecutivo. Y, en este caso, se evidencia que la reforma del sistema de financiación no es una prioridad para este año o, al menos, no se considera un objetivo alcanzable para el presente ejercicio.

Así, a lo largo de 117 páginas, el PAN 2024 desgrana 198 iniciativas entre las que se incluyen 6 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 149 reales decretos. De estas, aproximadamente la mitad son compromisos con la Unión Europea: 36 con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el cumplimiento de hitos que conllevan desembolsos de fondos europeos; y 62 en materia de incorporación al Derecho nacional de normas de Derecho europeo. Un detallado y extenso menú legislativo en el que no aparece la reforma de la financiación, ni tampoco otras que atañen a las autonomías como la que prepara el Ministerio de Hacienda sobre la condonación de la deuda, tal y como anunció recientemente la titular de este departamento, María Jesús Montero.

Cabe recordar que la Comunitat Valenciana es una de las que viene exigiendo con mayor intensidad la reforma del sistema en los últimos años, dado que en lo que se refiere a financiación por habitante ajustado se encuentra a la cola del conjunto de comunidades autónomas de régimen común. De hecho, esta exigencia ha sido compartido por distintos presidentes de la Generalitat de diferente signo político: Alberto Fabra, del PP, ya la reclamaba; también lo hizo posteriormente el socialista Ximo Puig y, ahora, la demanda el popular Carlos Mazón. La respuesta desde el Gobierno central, ya fuera del mismo partido o de la formación rival, ha sido procrastinar el asunto por una razón u otra, acumulando una década de excusas de mayor o menor consistencia.

Por ejemplo, Mariano Rajoy, en 2017, se mostró decidido en una conferencia de presidentes autonómicos a abrir el melón de la reforma, si bien este compromiso quedó en agua de borrajas al estallar la crisis independentista en Cataluña, sin que nunca volviera a recuperarse la posibilidad. Por su parte, el socialista Pedro Sánchez, que alcanzó inicialmente el poder a través de una moción de censura en 2018, y se desmarcó de inicio de la remodelación amparándose en su precaria mayoría en el congreso. 

Más tarde, tras las elecciones de noviembre de 2019, sí pareció que el ejecutivo de Sánchez daba pasos para la reforma con un compromiso para presentar un primer documento en el plazo de ocho meses: no obstante, la irrupción de la pandemia de coronavirus alteró cualquier hoja de ruta, lo que terminó con la presentación de la propuesta a finales de 2021. A partir de ahí, un año más de jugar al ratón y al gato entre el gobierno central y las autonomías más reivindicativas hasta enterrarlo en la agenda con la llegada de las elecciones autonómicas y locales de 2023. En este nuevo mandato de Sánchez, el discurso se dirige desde el gobierno a recordar la necesidad de que exista una mayoría en el Congreso para exigir al PP que posea una propuesta de modelo único en todas las autonomías en las que gobierna, evitando así asumir la responsabilidad de liderar la reforma.

De esta manera, la ausencia en el PAN 2024 de la citada remodelación, aunque meramente simbólica, sí parece ser un indicativo más de que en este ejercicio y, probablemente, en el resto de legislatura, se va a producir un debate político infructuoso -la intensidad del mismo dependerá del interés del PP en poner el acento sobre la cuestión- que sólo podría terminar en una reforma del citado sistema si el gobierno de Sánchez interpreta que puede obtener una ventaja política de ello o si se ve forzado por alguna otra circunstancia como podría ser una negociación bilateral con Cataluña sobre esta cuestión.