Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP) La renovación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia supondrá una inversión de más de 24,3 millones de euros y la previsión es que las obras empiecen en el primer trimestre de 2021 y concluyan en el primer trimestre de 2024.
En este sentido, no solo se va a renovar y modernizar un edificio histórico, sino que "se adecuará a las necesidades y funciones del Alto Tribunal, teniendo muy en cuenta, además, que cada día trabajan en sus 11.000 metros cuadrados más de medio millar de personas, entre ellas, toda la cúpula del poder judicial en la Comunitat Valenciana", ha indicado la Generalitat en un comunicado.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo se ha reunido con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para explicar a sus miembros los detalles del proyecto básico de rehabilitación de la Real Casa de la Aduana de València, sede del Alto Tribunal Valenciano.
La titular de Justicia ha resaltado que este proyecto es "el más ambicioso y completo del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana junto a la futura ciudad de la Justicia de Alicante". Según la consellera, tras la intervención, el Palacio de Justicia será "una sede funcional, moderna, cómoda, respetuosa con el medio ambiente y todo ello manteniendo la esencia histórica de este edificio singular".
La Real Casa de la Aduana de Valencia es un edificio de 261 años de antigüedad. Ha servido, -además de para lo que fue concebido en tiempos de Carlos III- como fábrica de Tabacos desde 1828 y, desde hace más de un siglo (1914), como Palacio de Justicia. Está catalogado como Monumento Histórico-Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural según la legislación autonómica. "Estamos, ante un inmueble que goza del más alto nivel de protección lo que obliga a ser especialmente cuidadosos en una intervención que, por otra parte, es muy necesaria", ha señalado.
El edificio tiene problemas estructurales causados por la humedad que ha afectado, sobre todo, a las vigas de madera y también de instalaciones de suministro de energía, agua y climatización lo que afectaba a las condiciones de trabajo y a los usuarios. El proyecto de rehabilitación también apuesta por eliminar elementos añadidos a lo largo de los años que no tienen ningún valor patrimonial, arquitectónico ni funcional.
Además, tal y como ha recordado la consellera "la singularidad del edificio nos ha obligado a ser especialmente escrupulosos con todo el proyecto y, además, ha habido que considerar que la actividad del Alto Tribunal no puede pararse". De ahí que lo primero fuera encontrar y habilitar una sede provisional adecuada para el TSJ. El inmueble elegido fue el edificio que un día albergó la conselleria de Gobernación, en la calle Historiador Chabás de Valencia donde el TSJ se trasladó entre el 8 y el 19 de julio pasados.
El proyecto, por último "ha tenido en cuenta las solicitudes y sugerencias de los jueces y fiscales que allí desempeñan su labor porque queremos que esta sea una rehabilitación duradera atendiendo a las necesidades reales de los que allí trabajan" ha concluido Gabriela Bravo.
